Expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y de EY Insights detectan progresos parciales, pero también desequilibrios crecientes aún sin resolver en las reformas del Plan de Recuperación en educación, empleo, vivienda y pensiones. Así se desprende de un informe difundido este martes, que sitúa el empleo como el ámbito con mejoras más claras y la vivienda como el terreno con un balance más negativo.
El análisis, firmado por Judith Arnal (Fedea), Ángel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC) y Juan Pablo Riesgo (EY Insights), examina las reformas del Plan de Recuperación en cuatro pilares clave que acompañan a las personas a lo largo de su trayectoria vital: educación, empleo, vivienda y pensiones.
Entre las principales conclusiones, el documento señala que en educación el resultado es mixto, con el aprendizaje como el gran desafío pendiente. En el caso del empleo, se constata el avance más evidente, mientras que la vivienda recibe la valoración más crítica. Sobre las pensiones, los autores subrayan que las reformas aportan mayor protección en el presente, pero a costa de un coste de oportunidad al alza por la menor disponibilidad de recursos para otras políticas públicas.
Vivienda: el área con peor diagnóstico
En el capítulo de vivienda, el informe destaca que los precios aumentan un 12,1% interanual en el segundo trimestre de 2026 (frente al 4,7% en la UE), que existe un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas y que la edad media de emancipación se sitúa en 30,2 años.
Desde 1980, el precio real de la vivienda se ha multiplicado por 3,5 en España, frente a 1,8 en la zona del euro, y para un inquilino la compra de una vivienda supone casi 7 años de renta. Según el estudio, la Ley 12/2023 de Vivienda opta por intervenir las rentas cuando el problema de fondo es de oferta: en las zonas con límites, la oferta anunciada de alquiler se ha reducido más de un 20%, frente a un aumento del 3,9% en Madrid y una caída del 7% en el conjunto de España sin Cataluña.
Además, los autores consideran que las normas aprobadas en octubre de 2026 intensifican la intervención sobre precios (tope del 2 % a las actualizaciones), duración y prórroga de los contratos, incorporando también indemnizaciones por finalización y elevando la incertidumbre, lo que previsiblemente retraerá aún más la oferta de alquiler.
“Mientras que las medidas potencialmente útiles para incrementar la oferta son modestas, se introducen medidas importantes de apoyo a la demanda. Una demanda estimulada en ausencia de mayor oferta redundará en nuevos incrementos de precios”, han advertido.
Pensiones: mayor protección actual y tensión futura de recursos
En materia de pensiones, el informe recuerda que la reforma asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones, pero deja sin resolver su sostenibilidad financiera a largo plazo. Los ingresos adicionales previstos “son insuficientes”, según los expertos, ante el aumento esperado del gasto, que pasaría de en torno al 13% del PIB a entre el 16% y el 17% a mediados de siglo.
“La cláusula de salvaguarda pactada con la Comisión Europea se cumple por poco, con un desarrollo reglamentario que ha rebajado su exigencia, y el ahorro complementario no ha tomado el relevo: el deber de negociar planes de empleo sigue sin desarrollarse”, han indicado.
Por este motivo, los autores reclaman abrir un debate sobre el coste de oportunidad de dedicar una porción creciente del presupuesto a las pensiones en detrimento de otras prioridades, y pactar posibles ajustes antes de que una eventual activación de la cláusula de salvaguarda obligue a aplicarlos de forma automática.
Fondos NGEU: transferencias en riesgo y ajustes del plan
En su visión de conjunto, el informe detalla que, en el capítulo de transferencias de los fondos “NGEU”, España ha cursado todas las solicitudes previstas, pero ya ha perdido 198 millones por no alcanzar el hito relativo a la fiscalidad del diésel y mantiene otros 1.164 millones en situación de riesgo.
En concreto, 626,6 millones corresponden al hito de reducción de la temporalidad en el empleo público, cuya evaluación favorable fue retirada por la Comisión tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, y 537 millones se vinculan a la sexta solicitud, por tres metas de inversión que Bruselas no consideró cumplidas.
En cuanto a los préstamos, la renuncia ha sido voluntaria: España finalmente se quedó con 21.449 de los 83.160 millones inicialmente solicitados. El plan ha sufrido nueve modificaciones; solo la revisión de cierre de agosto de 2026 alteró 96 medidas, entre reformas e inversiones, y redujo el grado de ejecución de treinta de ellas: “parte de la ambición inicial se ajustó a la baja y al calendario de los fondos”, apuntan los expertos.
Según el informe, todavía quedan por percibir unos 22.900 millones netos de prefinanciación, pendientes de la evaluación por parte de la Comisión de la última petición del Gobierno de España.
Condicionalidad más suave de lo previsto
Los autores también concluyen que la condicionalidad asociada a los fondos ha sido menos estricta de lo anunciado en el diseño del mecanismo. En la práctica, los hitos se han considerado cumplidos, por regla general, al comprobar que las normas aprobadas incorporaban los elementos descritos en la Decisión del Consejo que dio luz verde al plan, sobre la base de las propuestas del Gobierno y la aceptación de la Comisión, sin analizar en la mayoría de los casos su calidad económica, su implementación ni sus efectos reales.
“La Comisión comprobó la correspondencia con las recomendaciones específicas de país al aprobar el plan, no al verificar su ejecución, y varias reformas se alejan de lo que esas recomendaciones pedían”, han señalado.
“El impulso reformista no debe parar”
En sus conclusiones, los expertos subrayan que, aunque los “Next Generation EU” se agotan, el proceso reformista no puede detenerse. “La financiación europea termina en 2026 y las reformas quedan en manos nacionales”, han recordado.
Por ello, reclaman que la siguiente fase pase de reformas concebidas para cumplir hitos formales a reformas orientadas a transformar resultados: competencias básicas, calidad de la FP dual, gobernanza universitaria, recursos y evaluación en los servicios de empleo, incremento de la oferta de vivienda y un equilibrio entre el nivel de las pensiones y el resto de prioridades de gasto público.