Fedea alerta de la falta de sostenibilidad financiera de las pensiones pese al récord de empleo y la hucha

Fedea cuestiona la sostenibilidad financiera de las pensiones al dispararse el déficit contributivo y la deuda pese al récord de empleo y la hucha.

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. Eduardo Parra - Europa Press

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado este lunes que el sistema público de pensiones en España puede seguir abonando sus prestaciones mientras el Estado continúe asumiendo su desequilibrio, pero rechaza que pueda calificarse de “financieramente sostenible”. El motivo es que el déficit contributivo ronda ya el 4% del PIB, ha seguido aumentando incluso en un contexto de empleo récord y se agravará con la jubilación masiva de los nacidos en el 'baby boom'.

Estas conclusiones se recogen en una nota de Fedea elaborada por el investigador de la Universidad de las Hespérides, Santiago Calvo, en la que analiza las cuentas del sistema y su papel en el debate electoral.

El trabajo confronta los argumentos defendidos por el Gobierno durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con las cifras de la Seguridad Social Ampliada (SSA) calculadas por Ángel de la Fuente para Fedea, los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y los datos oficiales disponibles.

Según Calvo, las referencias utilizadas por el Ejecutivo para sostener la fortaleza del sistema —la reforma de 2023, el cierre del Fondo de Reserva este año en torno a 20.000 millones de euros, dos avales de la AIReF a la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista— “no son falsos, pero tomados en conjunto ofrecen una imagen incompleta de la situación financiera del sistema”.

“Las cifras revisadas en esta nota no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera”, explica el investigador.

No obstante, matiza que “tampoco permiten sostener que el sistema sea financieramente sostenible en el sentido que le dan los defensores de su situación actual”.

Un “iceberg” de deuda bajo la hucha de las pensiones

El informe rememora que el Fondo de Reserva, conocido popularmente como 'la hucha de las pensiones', alcanzó en 2011 los 66.815 millones de euros corrientes (72.700 millones de euros constantes de 2021) y comenzó a vaciarse desde 2012 para financiar el pago de pensiones, hasta quedar reducido a algo más de 2.000 millones en 2019.

Desde 2023 el Fondo vuelve a incrementarse gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones que arrancó en el 0,6% y escalará hasta el 1,2% en 2029, con el que la 'hucha' acumulaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026.

En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado se ha disparado desde 18.500 millones de euros en 2016 hasta 116.000 millones en 2025 (unos 136.000 millones en euros corrientes). “Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, lo que se está haciendo en la práctica es emitir deuda para financiar una aportación al Fondo de Reserva que no responde a ningún excedente del sistema”, advierte el documento.

De este modo, los activos netos de la SSA (Fondo menos deuda) han pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a situarse en terreno negativo, en torno a 103.800 millones en 2025. Calvo equipara esta situación a un “iceberg”, en el que la 'hucha' representa solo la parte visible.

Por debajo, subraya, se concentran la deuda con el Estado y las transferencias corrientes canalizadas desde 2005 para sufragar Clases Pasivas, complementos a mínimos y otras partidas contributivas, que suman unos 320.000 millones de euros. En conjunto, los recursos externos recibidos hasta 2025 rondan los 436.000 millones, frente a una 'hucha' de 12.200 millones prevista al cierre de ese ejercicio.

En la base del “iceberg” se sitúan los derechos de pensión ya generados por trabajadores en activo y jubilados, que Eurostat cifra en 5,58 billones de euros en 2021, el equivalente al 452% del PIB.

Déficit contributivo del 3,8% del PIB en un contexto de empleo récord

En relación con las cuentas anuales, el análisis indica que el saldo presupuestario no financiero de la SSA registró en 2025 un déficit de 7.200 millones de euros de 2021 (el 0,5% del PIB), resultado que solo es posible porque las transferencias corrientes del Estado han escalado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025.

Si se descuentan esas transferencias, el déficit básico asciende a 59.400 millones de euros de 2021 (el 4,1% del PIB) y el déficit contributivo se queda en 54.300 millones (el 3,8% del PIB). Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas han aumentado un 29% en términos reales, mientras que el gasto en pensiones contributivas lo ha hecho un 82%.

Fedea recalca que cubrir este desfase mediante transferencias “deja intacto el coste del sistema para el conjunto de las administraciones y se limita a cambiar el lugar de las cuentas públicas en el que se registra”.

Demografía, gasto en pensiones y advertencias de la AIReF

En el terreno demográfico, el texto recuerda que en 1975 había 5,95 personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64, una ratio que hoy se sitúa en 3,15 y que, según las proyecciones del INE, caerá un 39% en los próximos 25 años, hasta 1,93 en 2050.

España afronta este envejecimiento con un gasto en pensiones del 13,2% del PIB en 2024, por encima de la media de la Unión Europea (12,6%), pese a contar con una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior al promedio comunitario (30,8% frente al 33,9%). Si se aplicara la relación media europea entre ambas variables, a España le correspondería un gasto cercano al 10,1% del PIB.

El documento cita estudios actuariales que concluyen que el sistema se compromete a pagar, de media, un 25% más de lo que se financia con las cotizaciones, mientras que la AIReF prevé que el gasto bruto en pensiones aumente del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.

En cuanto a la regla de gasto introducida en la última reforma, Calvo confirma que la AIReF avaló su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB, por debajo del umbral del 13,3%. Sin embargo, subraya que el propio organismo fiscalizador advierte en su informe de 2026 de que las referencias de esta regla “no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años”, que alcanzaría el 123% del PIB en 2050 manteniendo las políticas actuales, con transferencias implícitas al sistema de pensiones del 3% del PIB.

Además, Fedea incide en que la regla de pensiones permite que el gasto crezca un 4% anual entre 2025 y 2031, frente al tope del 3% pactado con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural para el conjunto del gasto primario neto. Esto obligará, según el informe, a contener con mayor intensidad el avance de otras partidas públicas —como educación, infraestructuras, vivienda o defensa— o bien a recurrir a más endeudamiento.

Propuestas para reforzar la viabilidad del sistema

Para encarar este escenario, el investigador de la Universidad de las Hespérides sostiene que proteger las pensiones implica garantizar que puedan abonarse sin deteriorar el bienestar de quienes las financian. En esa línea, plantea varias medidas, entre ellas la implantación de cuentas nocionales; la creación de un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con adhesión automática, que permita diversificar las fuentes de renta de los futuros jubilados, y el envío periódico a cada trabajador de una estimación de su pensión futura.

“Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan”, concluye el autor.