Fedea alerta de que las trabas políticas y fiscales agravan la falta de vivienda en España

Fedea denuncia que trabas políticas, fiscales y regulatorias están reduciendo la oferta de vivienda en España y encareciendo tanto la compra como el alquiler.

Escaparate de una inmobiliaria Ricardo Rubio - Europa Press

Escaparate de una inmobiliaria Ricardo Rubio - Europa Press

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

4 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 18 de noviembre de 2026 · 17 institutos

  • PP31,4 %
  • PSOE27,4 %
  • Vox19,0 %
  • Frente Amplio6,1 %
  • ERC2,4 %
  • SALF2,0 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a través de un estudio del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Benito Arruñada, sostiene que “los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda” en España, al considerar que “las restricciones a construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican especialmente a quienes buscan vivienda”.

El informe, titulado “El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia”, subraya que en el mercado de vivienda nueva la carencia de suelo edificable obedece a “decisiones políticas”, ya que distintos colectivos y vecinos pueden frenar una promoción sin soportar íntegramente el coste de esa decisión.

Con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el trabajo indica que urbanizar suelo puede llevar entre diez y quince años, “en ocasiones superiores a veinte”, a lo que se añade una presión fiscal que, según un supuesto del Consejo General de Economistas (CGE), representa el 25,78% del pago final que realiza el comprador.

En relación con la vivienda usada, el estudio señala que gravar con intensidad las transmisiones y de forma relativamente ligera la tenencia “penaliza la movilidad” residencial y contribuye a que numerosos inmuebles permanezcan vacíos o se utilicen por debajo de su potencial.

En este contexto, recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aconseja a España “reducir gradualmente los impuestos sobre transmisiones”, cuyos tipos figuran entre los más elevados de los países miembros.

En el mercado del alquiler, el documento concluye que fijar topes a las rentas, imponer prórrogas obligatorias y complicar la recuperación de la vivienda protege al arrendatario ya instalado, pero lo hace a costa de quienes buscan piso, al empujar a los propietarios a “retirar oferta y seleccionar inquilinos más solventes”.

Sobre la regulación catalana de 2020, el estudio recoge estimaciones que apuntan a una “reducción media de rentas cercana al 5% y una caída de nuevas contrataciones próxima al 10%”.

También advierte de que los seguros de impago reducen el riesgo individual del propietario, pero sus criterios de selección “excluyen a candidatos vulnerables”.

Valoración del nuevo decreto de vivienda

El trabajo analiza igualmente el último decreto de vivienda convalidado el 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso.

Además de introducir nuevas prórrogas anuales de hasta dos años y topes a la actualización de las rentas hasta finales de 2027, la norma obliga a la Administración, en ciertos casos, a “ofrecer una alternativa habitacional o atender la deuda y las costas” del inquilino si pasan dos meses sin solución.

Para el autor, este mecanismo “recoge parcialmente el principio de financiar la asistencia con recursos públicos”, aunque su efectividad “depende de que el pago sea suficiente, puntual y exigible”.

Arruñada argumenta que estas medidas pueden ser “electoralmente rentables” pese a su impacto social porque “los beneficiarios actuales identifican la ventaja inmediata”, mientras que “los futuros contratantes perciben peor el coste de las oportunidades que pierden”.

A su juicio, esta asimetría se refuerza mediante moratorias presentadas como excepcionales y temporales, excepciones para pequeños propietarios e impuestos que se cargan formalmente a bancos o promotores, lo que permite “hacer visibles los beneficios y ocultar los perjuicios”.

Con microdatos de encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), 40dB y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el estudio muestra que el respaldo a la regulación depende de la posición contractual del encuestado.

En Cataluña, vivir de alquiler se relaciona con 12 puntos porcentuales más de apoyo a regular los precios que residir en una vivienda en propiedad ya pagada, mientras que disponer de otra vivienda arrendada se asocia con 19,8 puntos menos.

Asimismo, en el experimento del CEO, mencionar a un banco o a un fondo como titular de la vivienda incrementa en 1,5 puntos sobre diez la justificación de ocupar un inmueble.

El autor alerta, además, de que algunas encuestas “presentan la intervención como garantía de acceso y omiten sus costes”, de modo que difundir sus resultados como un “mandato mayoritario” puede consolidar el apoyo a herramientas cuyos efectos negativos no se han explicitado.

Cinco líneas de reforma para aumentar la oferta

Para revertir la escasez y aumentar la oferta tanto de obra nueva como de segunda mano, el estudio de Fedea plantea cinco ejes principales de reforma.

En primer término, propone facilitar la construcción ampliando los usos y densidades permitidos, valorando el coste de las exigencias de calidad y revisando qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnizaciones.

También aboga por reordenar la fiscalidad, reduciendo los impuestos sobre construcción y transmisiones y evitando gravar plusvalías inflacionistas”, así como “compensar las rebajas con otros ingresos, incluidos los de la tenencia, o con menor gasto”.

Reclama, además, restaurar la seguridad jurídica y la libertad de pactos, respetando los contratos, facilitando su ejecución y recuperando la capacidad de acordar rentas y plazos, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño.

Igualmente, pide separar la asistencia social de la contratación privada, financiando las ayudas con recursos públicos explícitos y permitiendo que la oferta privada se adapte, “evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor”.

Por último, insta a reforzar la subsidiariedad normativa y la transparencia, de forma que se permitan soluciones diferenciadas por territorio, se comparen sus resultados y se hagan visibles los costes regulatorios, además de “vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron”.

Según concluye el autor, el principal obstáculo para estos cambios es de índole política, ya que los ciudadanos reclaman “viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar”. “Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara”, remacha el informe.