El programa electoral de Frente Amplio, la coalición encabezada por Ada Colau, incorpora un amplio paquete de medidas dirigidas al sector financiero, entre las que destacan la puesta en marcha de una banca pública, topes a la concentración bancaria y la conversión en permanente del gravamen extraordinario al sector.
Según recoge el documento programático, la intención de hacer estructural este tributo específico sobre las entidades financieras es asegurar una aportación adicional y estable de la banca.
Junto a este impuesto, la formación propone elevar el Impuesto sobre Depósitos Bancarios desde el 0,03% vigente hasta el 1% mediante un tramo estatal, destinando la recaudación a resarcir "los costes derivados del rescate bancario".
La propuesta de banca pública se articularía mediante la integración del ICO, la red de oficinas de Correos y la activación de los derechos de voto asociados al 18% que el Estado mantiene en CaixaBank, de acuerdo con el planteamiento de la coalición.
En detalle, se prevé constituir un Banco Postal Estatal, que incorporaría como capital inicial los activos de Correos y el paquete accionarial en CaixaBank. Posteriormente, se irían sumando de forma progresiva las cooperativas de crédito como filiales, previa reforma legal que permita preservar los elementos "indudablemente positivos" del modelo de cajas rurales y compatibilizarlos con la banca pública estatal.
Esta banca pública ofrecería una cuenta básica y transferencias instantáneas sin coste, y aplicaría comisiones a autónomos y pequeños comercios "muy por debajo" de las que soportan actualmente por el uso de tarjetas.
Paralelamente, Frente Amplio plantea un 'escudo hipotecario' para amortiguar el impacto del encarecimiento de los tipos de interés sobre las economías domésticas. La medida contempla una deducción en el IRPF de hasta 300 euros para hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (21.600 euros anuales) y cuya cuota hipotecaria supere el 40% de sus ingresos netos. Asimismo, prevé regular la dación en pago y facilitar la subrogación entre entidades.
La coalición detalla también un mecanismo para poner fin a los lanzamientos vinculados al impago de la hipoteca de la vivienda habitual. Con el esquema propuesto, el Estado asumiría la titularidad del inmueble y del préstamo, incorporando la vivienda al parque público, mientras que la familia afectada podría seguir residiendo en ella bajo "un régimen de alquiler social ligado a sus ingresos".
En el ámbito del negocio bancario minorista, la formación propone una hipoteca pública a tipo fijo que todas las entidades financieras estarán obligadas a comercializar, además de imponer por ley que los depósitos a la vista de los hogares se remuneren al mismo tipo de interés que marque el Banco Central Europeo (BCE).
Frente Amplio también anuncia que vetará las operaciones de concentración bancaria que refuercen en exceso el poder de mercado de las entidades. A su vez, plantea reforzar los colchones de capital y establecer límites al reparto de dividendos y a las recompras de acciones cuando puedan comprometer la solvencia o restringir el crédito.
La coalición se compromete igualmente a sacar adelante la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación ha quedado bloqueada en varias ocasiones en el Congreso en los últimos años. En cuanto a los organismos supervisores, propone generalizar el acceso al Banco de España mediante concurso-oposición y fijar topes a las retribuciones de la alta dirección.
Respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Frente Amplio plantea reforzar su plantilla con medios humanos y materiales suficientes para "investigar irregularidades y exigir subsanaciones".