El programa electoral de Frente Amplio para los comicios del 29N defiende un rediseño del modelo de financiación autonómica sustentado en un “federalismo social y plurinacional”. Este esquema implicaría aportar cada año un 2,3% adicional del PIB, lo que se traduce en unos 38.000 millones más destinados a que las comunidades autónomas puedan sostener y reforzar sus servicios públicos.
El documento incorpora asimismo la condonación de parte de la deuda asociada a la eliminación de prácticas de 'dumping fiscal' entre territorios y fija que el 20% del endeudamiento se oriente a ampliar el parque público de vivienda en alquiler asequible.
El plan prevé, además, un sistema que garantice recursos específicos a aquellas autonomías que se consideren infrafinanciadas, de modo que puedan ofrecer servicios en condiciones equiparables al resto. Para ello, se evaluarán las necesidades de gasto con criterios sociales, incluyendo factores como el volumen de personas en paro sin prestación, los problemas de despoblación o el número de mayores de 80 años en situación de dependencia.
La candidatura encabezada por Ada Colau plantea también la creación de un fondo específico para que las comunidades afronten los impactos del cambio climático, junto a otro fondo de contingencia destinado a las autonomías con menos recursos. Paralelamente, reclama suprimir la regla de estabilidad presupuestaria, a la que califica de “lesiva” para las administraciones públicas, en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica y local.
Condonación de deuda autonómica y refuerzo de servicios públicos
En otro bloque, Frente Amplio incluye en su programa la condonación de deuda de las comunidades, supeditada a la prohibición de aplicar 'dumping fiscal' o rebajas impositivas dirigidas a las rentas más altas. De ese volumen de deuda perdonada, las autonomías podrán destinar el 20% a impulsar o incrementar su parque de alquiler asequible.
Para frenar el 'dumping fiscal', la coalición establece como condición que los recursos adicionales se canalicen hacia los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad, la atención a la dependencia o la vivienda.
“Respetar la autonomía de decisión de los territorios no puede suponer una puerta abierta para rebajas tributarias a costa de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Las rebajas fiscales autonómicas no las pagará el resto del país”, subraya la coalición de izquierdas, que propone fijar un umbral mínimo de tributación para los impuestos de Patrimonio y Sucesiones.
En el ámbito municipal, el programa prevé aumentar la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado hasta el 2,5% del PIB, además de aprobar una condonación extraordinaria de deuda para los consistorios en situación de riesgo financiero, siempre que cumplan determinados requisitos.
Por último, la candidatura plantea el traspaso a Cataluña de la Inspección de Trabajo. “Traspasaremos por completo las funciones inspectoras (incluida Seguridad Social) a la Generalitat de Cataluña”, recoge el texto programático.