El Ministerio de Industria ha calificado como “viable” el Plan Renove estatal de electrodomésticos planteado por las patronales del sector, que reclama una partida de 50 millones de euros para sustituir en torno a 300.000 aparatos obsoletos por modelos de menor consumo, según ha comunicado la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).
Esta conclusión se ha alcanzado en la tercera reunión celebrada entre las organizaciones FECE, Aecoc, Anged, Confemetal y Applia y la Dirección General del Ministerio de Industria, que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre, después de que el departamento dirigido por Jordi Hereu analizara la documentación remitida por las asociaciones.
El secretario general de FECE, Alfredo Gosálvez, ha admitido que esta posición positiva del Ministerio ha generado una “sensación agridulce” entre las empresas. “Satisfacción por el reconocimiento del estudio de viabilidad realizado por el sector, pero frustrados por tener que dejar el proyecto en espera por razones electorales”, ha indicado.
El plan contempla una ayuda media de 166 euros por electrodoméstico para impulsar el recambio de equipos con unos diez años de uso por otros con mayor eficiencia energética, con el objetivo de recortar el consumo de agua y electricidad en los hogares, rebajar la huella de carbono y apuntalar la actividad industrial y el empleo en el comercio de proximidad.
“Deseamos reducir la factura de agua y energía de los hogares españoles y apoyar al comercio y a la industria”, ha subrayado Gosálvez, que ha pedido que el sector del electrodoméstico sea reconocido como “esencial y estratégico”, en línea con la automoción o el turismo eficiente energéticamente.
La memoria trasladada al Gobierno recuerda que los hogares concentran cerca del 20% del consumo energético nacional y que los electrodomésticos suponen aproximadamente la mitad de la demanda eléctrica doméstica, situando el uso anual de un hogar medio en torno a 4.000 kilovatios hora.
Las patronales argumentan que la sustitución de aparatos con más de una década de antigüedad permite recortar de forma notable estos consumos. Como referencia, apuntan que un frigorífico moderno puede ahorrar hasta un 30% de energía frente a uno viejo, mientras que lavadoras y lavavajillas eficientes también contribuyen a disminuir el gasto de agua.
El proyecto se alinea con la medida de renovación del equipamiento residencial incluida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que persigue reducir el consumo final de energía mediante el reemplazo de equipos domésticos por otros de mayor rendimiento.
La solicitud se formula en un escenario que la memoria define como de “crisis generalizada y extrema vulnerabilidad económica” para el sector, afectado por la caída del ritmo de la demanda, la presión sobre los márgenes y el encarecimiento de los costes.
Según los datos de Applia España incorporados al informe, el crecimiento de la facturación acumulada se frenó desde el 3,83% en enero de 2026 hasta el 0,96% en mayo. En volumen de unidades, el incremento se redujo del 3,61% al 1,76% en el mismo intervalo.
A esta dinámica se suman, según las asociaciones, el desplazamiento de las compras hacia gamas más económicas, el aumento del precio de las materias primas, la energía y la logística, así como mayores exigencias regulatorias sin apoyos suficientes para facilitar su adaptación.
Como respuesta, las patronales ponen en valor la elevada acogida de los planes autonómicos de renovación aplicados en Aragón, La Rioja, Madrid o Galicia, cuyos fondos se consumieron en poco tiempo y activaron varios millones de euros en ventas.
FECE sostiene que un programa estatal tendría un “efecto tractor inmediato” sobre una cadena de valor que, de acuerdo con los datos aportados, da empleo directo e indirecto a más de 100.000 personas, dispone de diez plantas de producción en España y respalda cerca de 12.500 comercios especializados.
En un mercado que supera los siete millones de unidades comercializadas al año, el sector considera que incentivar la renovación de entre 300.000 y 350.000 aparatos generaría un “impacto visible” en el consumo interno, en el empleo y en la actividad económica.
La memoria calcula que las compras asociadas al programa aportarían unos ingresos directos por IVA de 28,2 millones de euros, equivalentes al 56,4% de la dotación pública reclamada, que el Estado recuperaría en menos de un ejercicio fiscal, además de un posible aumento de la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades derivado de mayores beneficios empresariales.
El plan incluye igualmente la recogida y el tratamiento de los electrodomésticos retirados. De acuerdo con las estimaciones del sector, la sustitución de 300.000 aparatos permitiría gestionar más de 15.000 toneladas de residuos metálicos y tecnológicos.