La Comisión Europea ha planteado este lunes una modificación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) con el objetivo de hacer más ágil el acceso a la financiación para pescadores y productores acuícolas. La propuesta introduce ajustes que suavizan las condiciones para la modernización de los buques, refuerzan el apoyo económico a los jóvenes e incorporan dos instrumentos específicos para hacer frente a recortes inesperados de cuotas y respaldar a la pesca artesanal.
En este contexto, Bruselas propone facilitar la sustitución y renovación de motores mediante un sistema de autorización más directo y un procedimiento más definido para medir la reducción de emisiones, mientras que en el ámbito del relevo generacional prevé suprimir trabas que dificultan la transmisión de las empresas pesqueras.
Los dos nuevos instrumentos se orientarán, por un lado, a los profesionales que sufran disminuciones imprevistas de las cuotas y, por otro, al segmento artesanal, prestando una atención particular a las embarcaciones de menos de 12 metros y a los operadores que emplean artes distintas de las de arrastre.
La reforma ampliará también el margen de actuación de los Estados miembro para sufragar medidas relacionadas con la flota, entre ellas la retirada definitiva de barcos, y dejará fuera de estas ayudas a los operadores o buques involucrados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como a aquellos que operen en alta mar fuera del ámbito de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.
Además, la Comisión busca incentivar el apoyo a las áreas marinas protegidas, a las zonas con limitaciones a las capturas y a las tecnologías de seguridad en el mar, en coherencia con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y adaptar al mismo tiempo las normas del fondo al Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La propuesta se presenta tras la evaluación intermedia del FEMPA y las contribuciones de los Estados miembro y de los distintos sectores afectados, y deberá ser analizada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo a través del procedimiento legislativo ordinario.