La comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha instado este martes a poner en marcha un canal único para comunicar posibles fraudes relacionados con los fondos de la Unión Europea. Además, reclama un refuerzo de la protección a quienes alerten de estas irregularidades y nuevas herramientas para agilizar la recuperación del dinero público empleado de manera indebida.
Estas iniciativas se recogen en un informe que ha salido adelante con 25 votos a favor, ninguna oposición y cuatro abstenciones. Con este documento, los eurodiputados pretenden intensificar la lucha contra el uso ilícito de los recursos comunitarios de cara al próximo marco financiero plurianual de la UE, apoyándose en una "mayor cooperación" entre las autoridades competentes y en un intercambio de información más rápido y eficaz.
El texto propone en particular la creación de una plataforma digital "única y segura" para comunicar sospechas de malversación, de forma que las alertas lleguen de manera directa a las instituciones responsables de investigarlas, evitando que los denunciantes tengan que dirigirse a distintos organismos.
Asimismo, el informe exige garantizar la protección de los denunciantes frente a posibles "represalias" desde el mismo momento en que comuniquen una irregularidad, con independencia de que los datos facilitados desemboquen o no en una investigación formal o de que el expediente termine archivado.
Mejorar la coordinación entre los organismos antifraude
Otra de las líneas prioritarias del informe es reforzar la cooperación entre la Fiscalía Europea (EPPO), responsable de investigar y perseguir penalmente los delitos que afectan al presupuesto de la UE, y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), encargada de las investigaciones administrativas sobre el uso irregular de los fondos europeos.
Los eurodiputados plantean fijar normas más precisas para evitar que las actuaciones de ambos organismos se solapen o interfieran entre sí. Para ello, se contempla la posibilidad de suspender de manera "gradual y limitada en el tiempo" determinadas investigaciones administrativas cuando puedan perjudicar un procedimiento penal en curso, con revisiones periódicas de estas limitaciones para que las pesquisas puedan reanudarse en cuanto dejen de implicar un riesgo.
El informe también propone reforzar el seguimiento de las cantidades que deben devolverse al presupuesto comunitario una vez detectadas las irregularidades, mediante un sistema centralizado que permita saber qué sumas se han recuperado, qué importes se consideran irrecuperables y cuánto tiempo se prolongan estos procesos.
Esta tarea recaería en OLAF, que, según el documento, debería modificar su denominación para reflejar sus nuevas funciones. El informe subraya, además, que las investigaciones penales no pueden retrasar de forma injustificada las medidas administrativas destinadas a salvaguardar los fondos europeos.
El texto, que aún debe ser ratificado por el pleno del Parlamento Europeo, marcará la posición de la Eurocámara ante la revisión del sistema europeo de lucha contra el fraude que está preparando la Comisión Europea, cuya propuesta se espera antes de que finalice el año.