Los Veintisiete han dado este jueves su visto bueno definitivo al acuerdo comercial cerrado hace casi un año entre Bruselas y Washington, con el que se establece una tregua arancelaria. A cambio de que Estados Unidos mantenga en el 15% el arancel general aplicado a la mayoría de bienes europeos y no lo extienda al acero ni al aluminio, la Unión Europea se compromete a no adoptar medidas de represalia mientras no se supere ese límite.
Con la decisión del Consejo, que representa a los gobiernos de la UE, se culmina el procedimiento para ratificar las dos normas necesarias para aplicar lo pactado en el Acuerdo de Turnberry entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sellado hace casi un año en la residencia escocesa del mandatario norteamericano.
Este paso permitirá, en principio, que el nuevo marco jurídico esté en vigor antes del 4 de julio, fecha marcada por el ultimátum de Trump, que había amenazado con incrementar los aranceles si el pacto no estaba ratificado para entonces.
Las disposiciones adoptadas tendrán vigencia automática hasta finales de 2029, salvo que los Estados miembro decidan prolongarlas tras una revisión completa. Además, la Comisión Europea deberá elaborar informes trimestrales y se refuerza la supervisión por parte del Parlamento Europeo.
No obstante, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha advertido de que todavía quedan algunos trámites formales por completar, por lo que los textos no se aplicarán hasta la próxima semana. En cualquier caso, ha celebrado la adopción por parte de los Veintisiete y ha expresado su confianza en que la UE y Estados Unidos sigan avanzando para incorporar a la tregua arancelaria otros sectores que hoy quedan fuera.
El paquete incluye también salvaguardas para suspender o congelar el acuerdo si las empresas europeas sufren un perjuicio grave o si Washington introduce nuevos gravámenes adicionales --como los anunciados tras una sentencia judicial adversa pero nunca ejecutados contra la UE-- o lanza nuevas amenazas económicas contra Estados miembro, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis relacionada con Groenlandia.
En la práctica, los reglamentos acordados entre la Eurocámara y los países de la UE suponen la eliminación de los aranceles sobre productos industriales estadounidenses y un acceso preferente al mercado europeo, con contingentes y tasas reducidas para determinados bienes agrícolas y mariscos procedentes de Estados Unidos. Entre estas medidas figura una prórroga de cinco años, hasta 2030, de las importaciones libres de arancel para la langosta.
SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EE.UU. NO CUMPLE
Según lo acordado entre los colegisladores para validar lo negociado por Von der Leyen y Trump hace un año, se introducen varias cláusulas que permiten congelar o dejar en suspenso el pacto si se detectan graves distorsiones de mercado o si Estados Unidos recurre de nuevo a la coerción en la toma de decisiones de los gobiernos europeos.
Así, bastará “una solicitud debidamente justificada” de al menos tres Estados miembro, de representantes de la industria o de sindicatos europeos, o bien una iniciativa propia de la Comisión, para abrir una evaluación formal sobre si “el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE”. Si se constatan “pruebas suficientes”, Bruselas podrá decidir la “suspensión total o parcial de la aplicación” del acuerdo.
Las cláusulas de suspensión también se activarán si “Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos” por este texto o cuando “perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE”. El mecanismo podrá ponerse en marcha igualmente cuando existan “indicios suficientes de que tales acciones puedan producirse en el futuro”.
Entre las condiciones se incluye un mensaje directo a la Casa Blanca respecto a los aranceles al acero y al aluminio europeos: si antes del 31 de diciembre de 2026 no se han reducido estos gravámenes al techo del 15% fijado para el resto de productos, la UE quedará habilitada para retirar las concesiones otorgadas a las exportaciones estadounidenses de acero y aluminio.
El controvertido pacto sellado por la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump contempla, además, compromisos de la Unión que exceden el ámbito de la política comercial, competencia exclusiva de Bruselas. Entre ellos figuran compras de energía a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares e inversiones adicionales en territorio estadounidense por otros 600.000 millones.
Estas obligaciones no aparecen reflejadas en las propuestas legislativas en negociación entre Parlamento y Consejo, al tratarse de cuestiones que rebasan las competencias directas de Von der Leyen y que corresponden a los propios Estados miembro.
Con todo, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, ha defendido en rueda de prensa que es “evidente” que la UE está “cumpliendo plenamente” su parte del acuerdo, “también en lo que respecta a la compra de energía”, subrayando que en el último año se ha registrado un “aumento” de las adquisiciones de energía procedente de Estados Unidos, especialmente de Gas Natural Licuado (GNL).