La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha reclamado una mejor coordinación entre las distintas administraciones para evitar que las empresas y profesionales de las viviendas de uso turístico "no tengan que aportar reiteradamente la misma información en distintos trámites".
Esta petición se ha planteado en la jornada “Tu voz en la Administración”, organizada en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), donde AVVAPro ha intervenido a invitación de la patronal junto a representantes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de ATA.
El gerente de AVVAPro, Ignacio Calandria, ha detallado las cargas que soportan gestores y titulares de viviendas turísticas al tener que cumplir múltiples obligaciones informativas que exigen datos idénticos sobre inmuebles, estancias y periodos de explotación. La asociación sostiene que una simplificación de estos procedimientos permitiría dedicar menos tiempo a repetir trámites y más a la atención al cliente y a la gestión diaria del negocio.
"AVVAPro no pide menos control. Pide un control jurídicamente seguro, técnicamente inteligente y basado en la reutilización de la información que la Administración ya posee", ha subrayado la entidad.
En su intervención, AVVAPro ha destacado especialmente las duplicidades existentes entre el registro de viajeros, las obligaciones fiscales asociadas a DAC7 y la ventanilla única de Vivienda.
Como alternativa, la asociación aboga por avanzar en la interoperabilidad, es decir, en la capacidad de los sistemas de las diferentes administraciones para compartir y aprovechar los datos ya disponibles.
El propósito es que, siempre que sea viable, los organismos públicos reutilicen la información que ya obra en su poder, en lugar de exigir a empresas y profesionales que la vuelvan a introducir y verificar en cada gestión. Según el sector, esta mejora reduciría el tiempo invertido en burocracia y minimizaría los errores derivados de remitir varias veces los mismos datos.
"Los datos deben viajar entre administraciones, no ser presentados una y otra vez por el ciudadano", ha resumido AVVAPro, que también destaca el impulso al dinamismo administrativo que supondría para la propia Administración.
La asociación enmarca esta reivindicación en un problema que supera al ámbito del alojamiento turístico y afecta al conjunto del tejido productivo: "cada obligación de volver a facilitar información ya disponible representa tiempo que una empresa o un autónomo deja de dedicar a su actividad".
Durante la jornada, AVVAPro ha pedido igualmente que se revise la proporcionalidad de la carga que implica obtener la autorización de la comunidad de propietarios para poner en marcha una vivienda de uso turístico.
La organización ve necesario analizar el efecto real de este requisito sobre quienes quieren iniciar la actividad y estudiar si es posible aliviar esa carga, siempre dentro del respeto al marco legal vigente. En paralelo, AVVAPro ha solicitado que se clarifique el régimen aplicable tras la anulación por el Tribunal Supremo del artículo 10 del Real Decreto 1312/2024, cuyo apartado cuatro sustentaba la obligación de presentar el modelo informativo anual de arrendamientos de corta duración.
La entidad ha alertado sobre la incertidumbre que genera esta situación en relación con la Orden VAU/1560/2025, que aprobó dicho formulario y sigue formalmente en vigor. Su demanda se centra en precisar el alcance de las obligaciones y depurar la normativa, sin dar por hecho que la anulación del precepto del real decreto implique automáticamente la invalidez de la orden.
"La anulación de la norma habilitante exige una aclaración inmediata y una depuración normativa que elimine cualquier inseguridad jurídica", ha remarcado la asociación.
AVVAPro ha agradecido a la CEA la posibilidad de presentar directamente estas propuestas ante los representantes de la Administración y ha reiterado su compromiso con la colaboración público-privada para avanzar hacia una regulación proporcionada y eficaz, que garantice el cumplimiento de la ley sin imponer cargas innecesarias a empresas y profesionales.