Elecciones generales: el PSOE recorta la distancia con el PP a 2,9 puntos y Vox baja, según Ateneo del Dato

Una posible reforma electoral seguiría, normalmente, el procedimiento legislativo de una ley orgánica: presentación, enmiendas, debate y aprobación en el Congreso, examen del Senado y, cuando corresponda, decisión final del Congreso. La diferencia principal está en quién presenta la iniciativa. Como no señalas una propuesta concreta ni una fase alcanzada, estos son los pasos generales, no el calendario de un expediente determinado.

1. Presentación y apertura de la tramitación

Si la reforma llega como proyecto de ley del Gobierno, se remite al Congreso acompañada de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios. La Mesa ordena su publicación, la remisión a la comisión competente y la apertura del plazo de enmiendas. No necesita una votación previa de toma en consideración.

Si llega como proposición de ley parlamentaria, puede presentarla un grupo mediante su portavoz, o un diputado con otras catorce firmas. Se publica y se envía al Gobierno para que manifieste su criterio y, si afecta a créditos o ingresos presupuestarios, su conformidad a la tramitación. Transcurrido el plazo reglamentario de treinta días sin oposición presupuestaria expresa, puede incluirse en el orden del día.

El Pleno decide entonces su toma en consideración: si acepta empezar a tramitarla. Basta mayoría simple, es decir, más votos favorables que contrarios. Superado ese paso, continúa hacia la comisión y las enmiendas.

2. Enmiendas, ponencia y comisión

El plazo ordinario para presentar enmiendas es de quince días hábiles, aunque puede modificarse. Las enmiendas al articulado proponen suprimir, cambiar o añadir disposiciones.

En los proyectos del Gobierno pueden presentarse enmiendas a la totalidad para devolver el texto o sustituirlo por otro. Se debaten en el Pleno; si prospera la devolución, termina la tramitación. En una proposición del Congreso ya tomada en consideración no se admiten enmiendas de totalidad de devolución.

Después, una ponencia estudia el texto y las enmiendas y elabora un informe, ordinariamente en quince días hábiles, prorrogables. La comisión debate y vota los artículos y aprueba un dictamen, que constituye la propuesta que se eleva al Pleno. Las votaciones ordinarias se resuelven por mayoría simple.

3. Aprobación del Congreso

El Pleno debate el dictamen y las enmiendas que los grupos mantengan. Para una reforma de carácter orgánico, el paso decisivo es una votación final sobre el conjunto, que exige mayoría absoluta de los miembros del Congreso.

El artículo 131 del Reglamento del Congreso establece que, si no se alcanza esa mayoría, el texto vuelve a la comisión para un nuevo dictamen en un mes. Si tampoco obtiene mayoría absoluta en la nueva votación, queda rechazado; si la consigue, pasa al Senado.

4. Examen del Senado y resolución de discrepancias

El Senado dispone, con carácter general, de dos meses para examinarlo. Puede dejarlo sin cambios, introducir enmiendas o aprobar un veto, para el que necesita mayoría absoluta.

• Sin cambios: queda concluida la aprobación parlamentaria.
• Con veto: vuelve al Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, levantarlo exige en todo caso mayoría absoluta; no basta esperar dos meses para hacerlo por mayoría simple.
• Con enmiendas: el Congreso decide sobre ellas por mayoría simple. El conjunto modificado necesita después mayoría absoluta. Si no la alcanza, queda ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas las enmiendas del Senado.

5. Publicación y tiempos

Tras la aprobación definitiva, corresponde la sanción y promulgación real y la publicación oficial. La urgencia puede acortar plazos, pero no elimina la mayoría absoluta exigida. No existe una duración total fija: influyen las ampliaciones, los acuerdos y la agenda parlamentaria. Si el Congreso se disuelve antes de concluir una iniciativa de este tipo, esta caduca.

El presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros, según el artículo 98.2 de la Constitución española. Es la figura central del poder ejecutivo, pero ejerce sus competencias dentro de un sistema parlamentario: necesita la confianza del Congreso, responde políticamente ante él y está sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

Dirección política y coordinación del Gobierno

La función específicamente presidencial aparece en el artículo 98.2: dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros, «sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión». Por tanto, su liderazgo no elimina las atribuciones ni la responsabilidad de cada ministro.

Debe distinguirse esta función de las competencias del Gobierno como órgano colegiado. El artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, así como la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El presidente dirige esa actuación, pero estas competencias no le corresponden exclusivamente.

Formación y composición del Gobierno

Según el artículo 100, el presidente propone al rey el nombramiento y la separación de los demás miembros del Gobierno. Esta facultad le permite determinar quiénes integran su equipo, aunque el nombramiento y el cese corresponden formalmente al monarca.

Su propia designación sigue el procedimiento de investidura del artículo 99: el candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara. El presidente del Gobierno refrenda el nombramiento de los ministros, mientras que su propio nombramiento es refrendado por el presidente del Congreso.

Relación con el Congreso y responsabilidad política

El artículo 112 le permite plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general, previa deliberación del Consejo de Ministros. La confianza se obtiene por mayoría simple.

Si el Congreso se la deniega, el Gobierno debe presentar su dimisión al rey, conforme al artículo 114. El Congreso también puede exigir su responsabilidad mediante una moción de censura que incluya un candidato alternativo. Además, el artículo 108 establece que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso.

Disolución de las Cámaras

El artículo 115 permite al presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. La disolución la decreta el rey y el decreto fija la fecha electoral.

No puede presentar esa propuesta mientras esté en trámite una moción de censura. Tampoco cabe una nueva disolución antes de transcurrir un año desde la anterior, salvo el supuesto de bloqueo de investidura previsto en el artículo 99.5.

Referéndum, Corona y Tribunal Constitucional

• Referéndum consultivo: el artículo 92 permite al presidente proponer al rey su convocatoria para decisiones políticas de especial trascendencia, previa autorización del Congreso.
• Relación con el rey: conforme al artículo 62.g, puede solicitar que el monarca presida sesiones del Consejo de Ministros para ser informado de los asuntos de Estado.
• Refrendo: el artículo 64 le atribuye, junto con los ministros competentes, el refrendo de actos del rey. Quien refrenda asume la responsabilidad del acto.
• Control constitucional: el artículo 162.1.a lo legitima para interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley.

En síntesis, la Constitución le confiere liderazgo político y facultades propias, pero no un poder ilimitado: distingue sus decisiones personales de las competencias colegiadas del Gobierno y mantiene el control parlamentario y constitucional.

Para que un partido político obtenga representación en el Congreso de los Diputados, debe concurrir a las elecciones con una candidatura y conseguir al menos un escaño. La clave no es alcanzar un porcentaje de votos en toda España: el reparto se realiza por circunscripciones y, salvo en Ceuta y Melilla, exige superar una barrera legal y obtener suficientes votos para entrar en la distribución de escaños.

1. Competir en las circunscripciones electorales

El Congreso tiene 350 diputados, elegidos en 52 circunscripciones: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada provincia cuenta con un mínimo de dos diputados; Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Los restantes 248 escaños se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.

Por tanto, un partido no necesita obtener representación en varias provincias para acceder al Congreso. Basta con que una de sus candidaturas consiga un diputado en una circunscripción. Tampoco existe una exigencia general de alcanzar un porcentaje mínimo nacional para obtener ese primer escaño.

2. Superar el 3 % de los votos válidos

En las circunscripciones provinciales, únicamente participan en el reparto las candidaturas que hayan obtenido al menos el 3 % de los votos válidos emitidos en esa circunscripción. Este umbral se aplica por separado en cada provincia, no sobre la suma de votos de toda España.

Para calcularlo, cuentan los votos a las candidaturas y los votos en blanco. Estos últimos no reciben escaños, pero sí aumentan el total utilizado para calcular la barrera. Si se emiten 50.000 votos válidos en una provincia, una candidatura necesita al menos 1.500 para participar en el reparto.

3. Conseguir un escaño mediante el reparto

Superar el 3 % no garantiza representación. Después de aplicar esa barrera, los escaños provinciales se asignan mediante el sistema D’Hondt. Los votos de cada candidatura se dividen sucesivamente entre 1, 2, 3 y así hasta el número de diputados que se eligen. Los escaños corresponden a los cocientes más altos.

Esto hace que los votos necesarios para obtener un diputado dependan del número de escaños disponibles y de los resultados de las demás candidaturas. No existe una cantidad fija de votos que asegure representación en cualquier provincia.

Por ejemplo, en una circunscripción con tres escaños y candidaturas que reciben 20.000, 15.000, 9.000 y 5.000 votos, los tres cocientes mayores son 20.000, 15.000 y 10.000. La primera candidatura consigue dos diputados y la segunda uno; las otras quedan fuera, aunque hayan superado el umbral legal.

En consecuencia, en las provincias que eligen pocos diputados, la proporción de votos necesaria para lograr representación puede ser considerablemente superior al 3 %.

4. No confundir representación con grupo parlamentario

Obtener un escaño permite tener representación, pero no garantiza un grupo parlamentario propio. Según los artículos 23 y 24 del Reglamento del Congreso, pueden constituirlo quienes reúnen al menos 15 diputados. También existe una vía con un mínimo de cinco diputados y el 15 % de los votos en las circunscripciones donde se hayan presentado, o el 5 % nacional.

Los diputados que no forman grupo propio se integran en el Grupo Mixto. En resumen, para entrar en el Congreso basta con obtener un escaño; los requisitos para constituir grupo parlamentario son distintos y más exigentes.