La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha puesto sus conocimientos a disposición de las autoridades para contribuir a reforzar la seguridad ferroviaria después del siniestro entre dos trenes registrado el pasado miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 69 personas. La entidad subraya que la seguridad solo se garantiza con ingeniería, tiempo y decisiones de carácter técnico.
La asociación recuerda que la alta velocidad española dispone de una de las redes más amplias y abiertas a la competencia del planeta. En este marco, y en lo relativo a los sistemas de control, mando y señalización, plantea la necesidad de minimizar las incidencias del LZB mediante redundancias informáticas y de alimentación, incrementar su protección física y acelerar la implantación completa del ERTMS nivel 2.
Respecto a la operación en modo degradado, la organización reclama revisar los protocolos que se aplican cuando fallan los sistemas automáticos, de forma que resulten más sencillos de interpretar, incluyan verificación cruzada y no queden supeditados a la decisión final de una única persona.
Del mismo modo, aboga por reforzar las plantillas, reorganizar los turnos y mejorar la formación con simuladores, siguiendo el modelo de sectores como la aviación o la energía nuclear. También considera imprescindible endurecer los requisitos para autorizar la circulación de trenes, con estudios de compatibilidad y ensayos experimentales con la infraestructura y los sistemas de control, tanto para el material rodante en servicio como para el de nueva incorporación.
Por otra parte, los ingenieros reclaman un incremento de la inversión en tecnología y mantenimiento, priorizada según el nivel de riesgo y orientada a los sistemas y escenarios más frágiles identificados en análisis de riesgos detallados. Esa financiación, añaden, debe ir ligada a una mayor actividad investigadora que permita anticiparse a los fallos.
En este contexto, la asociación se ofrece a colaborar con la AITAT y con la autoridad judicial, aportando el apoyo técnico que se les requiera, y se compromete a elaborar en un plazo de doce meses un informe técnico independiente sobre la situación de la red de alta velocidad.
Además, propone que la seguridad ferroviaria se blinde mediante un pacto estable entre todas las fuerzas políticas, que la aísle de los vaivenes derivados de los cambios de Gobierno.
“La confianza de los ciudadanos en su ferrocarril se recupera con hechos: análisis riguroso, inversión bien dirigida y decisiones técnicas en manos técnicas”, ha concluido la organización.