El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno al Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider), la futura Ley del Suelo con la que el Ejecutivo autonómico pretende acelerar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y recortar los plazos de tramitación de los planes urbanísticos, pasando de los actuales doce años a un máximo de cuatro.
Tras este primer paso, el texto será remitido a la Asamblea de Madrid, que tendrá la última palabra sobre la aprobación definitiva de la norma. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ya avanzó en junio en una entrevista a Europa Press la intención de sacar adelante la iniciativa en Consejo antes del verano y enviarla al Parlamento regional antes de que termine el año.
Según ha explicado Novillo, el elemento más innovador de la ley es la creación de los nuevos Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos sacar adelante su planeamiento general en un plazo de entre cuatro y seis años, frente a los casi 12 que se requieren ahora. El planeamiento de desarrollo se reducirá de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, podría completarse en apenas un año.
El consejero ha resaltado en rueda de prensa que se trata de una norma elaborada de forma “participativa” tras un “trabajo intenso de todo el Gobierno”. “Es una de las leyes más trabajadas”, ha remarcado.
De acuerdo con el Gobierno regional, el nuevo esquema permitirá ajustar la planificación a las necesidades concretas de cada municipio, considerando aspectos como la protección ambiental, las infraestructuras disponibles, los servicios públicos y las particularidades sociales, económicas y culturales.
La ley simplifica también la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido, con el objetivo de hacer más sencilla su gestión y reforzar la seguridad jurídica de propietarios, administraciones e inversores.
Al mismo tiempo, se refuerza el papel de los ayuntamientos, ya que los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar todos sus instrumentos de planeamiento urbanístico, mientras que la Comunidad de Madrid conservará las competencias de control de legalidad.
El Ejecutivo autonómico ha indicado que 42 municipios, entre ellos la capital, han iniciado ya la redacción de sus Planes Estratégicos Municipales al amparo de la normativa aprobada en 2024.
NUEVO MODELO PARA REGENERAR BARRIOS
Entre las medidas que incorpora el texto figura un nuevo sistema para que los ayuntamientos puedan impulsar actuaciones de regeneración urbana y remodelación de barrios, tanto en espacios públicos como privados, sin que el coste recaiga de forma directa sobre los residentes.
La norma contempla además un régimen específico para facilitar el planeamiento urbanístico en los municipios más pequeños, que dispondrán de un servicio de apoyo técnico por parte de la Comunidad de Madrid para redactar sus planes y tramitar los estudios e informes preceptivos.
En el suelo rural, la ley reduce trabas para la puesta en marcha de actividades agrícolas y ganaderas y atribuye a los consistorios la competencia para autorizar estos proyectos.
CAMBIOS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS
El proyecto introduce asimismo modificaciones en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), en vigor desde hace casi treinta años, con el fin de adaptarla a la evolución del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos.
Entre otros cambios, los municipios con más de 20.000 habitantes serán los encargados de autorizar directamente los grandes eventos, y se revisa el régimen sancionador. Además, se veta el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios específicamente habilitados para ello.
El Gobierno regional enmarca esta reforma dentro del paquete de actuaciones para acelerar la promoción de vivienda, entre las que cita la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para vivienda protegida y la Aceleradora Urbanística regional, con la que asegura haber impulsado proyectos para la construcción de 17.600 viviendas.