El plazo medio para que un propietario recupere su vivienda después de un impago se sitúa ya en 11 meses en España en 2026, de acuerdo con los registros de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). La entidad alerta de que, en los procedimientos más enrevesados, este periodo puede alargarse más de dos años desde el primer impago hasta la restitución efectiva del inmueble.
La compañía subraya que este escenario ha provocado que numerosos propietarios endurezcan los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler o directamente retiren sus pisos del mercado residencial. De este modo, la inseguridad jurídica se consolida como una de las mayores inquietudes para los arrendadores.
Según los datos de SEAG, más del 70% de los dueños de vivienda identifica la morosidad y las trabas para recuperar el inmueble como el riesgo principal ligado al arrendamiento. La incertidumbre sobre los tiempos de la Justicia pasa así a tener un peso similar al de la rentabilidad obtenida, algo especialmente acusado entre los pequeños propietarios, que constituyen la gran mayoría del parque de alquiler en España.
En el plano económico, el desembolso medio que asume SEAG al cubrir a un propietario ronda los 4.000 euros, incluyendo el procedimiento judicial, el mantenimiento del piso durante el conflicto y la ausencia de ingresos por renta.
Cuando el inquilino deja de abonar la renta por completo, las pérdidas por impago pueden situarse entre 10.000 y 13.000 euros para un alquiler de referencia de 700 euros mensuales, lo que representa entre el 70% y el 80% del coste total asociado al incidente.
A estas cantidades se añaden los honorarios y gastos del proceso de desahucio (abogado, procurador y costes procesales), que se mueven entre 800 y 1.500 euros (5%-10%), así como las partidas destinadas a reparar daños y reacondicionar la vivienda, que oscilan entre 500 y 3.000 euros (10%-15%).
“Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios”, ha señalado la directora del Departamento Jurídico de SEAG, Daniela Salinas, quien ha advertido de que “la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler”.
Como efecto directo de este contexto, pese a que España necesita sumar cientos de miles de viviendas para responder a la demanda actual, una parte de los arrendadores opta por mantener sus inmuebles desocupados, explorar fórmulas distintas al alquiler tradicional o elevar de forma notable los criterios de solvencia exigidos a los futuros inquilinos.