Precio de la gasolina hoy, martes 3 de noviembre: la 95 baja a 1,722 euros y el diésel se sitúa en 1,896

Las estaciones de servicio deben comunicar sus precios mediante el sistema oficial de remisión de información de productos petrolíferos, respetando los sujetos responsables, los formatos y los plazos legalmente establecidos. La norma central es la Orden ITC/2308/2007: exige un envío semanal y otro cada vez que cambien los precios, además de otras declaraciones periódicas.

1. Quién está obligado

Los artículos 3 y 4 distribuyen la obligación según la relación de la instalación con el operador mayorista. Comprende:

• Los operadores mayoristas, respecto de las instalaciones de su red en los términos de la orden.
• Los titulares de derechos de explotación de instalaciones cuya explotación haya cedido el operador, así como los titulares de instalaciones con contratos de suministro en exclusiva.
• Los titulares de estaciones independientes que no pertenezcan a la red de un mayorista.

Por tanto, la obligación no se limita a las grandes cadenas: también alcanza a las instalaciones independientes y a las cooperativas comprendidas en su ámbito.

2. Qué información debe comunicarse

El artículo 5 exige información sobre precios, cantidades, descuentos y datos básicos, conforme al anexo I.1. Para comunicar precios, debe identificarse la instalación e indicarse la fecha y hora de inicio de su vigencia, junto con los precios de los productos suministrados.

La orden define el precio de venta al público como el precio aplicado en surtidor sin descuentos. No debe sustituirse por el precio resultante de una promoción o bonificación particular. Las cooperativas deben distinguir la venta general de la restringida a asociados cuando corresponda.

Los formatos deben comprobarse en los anexos actualizados: la Resolución de 5 de diciembre de 2025 publicó anexos modificados. Por ello, los modelos originales de 2007 no deben utilizarse automáticamente como referencia operativa actual.

3. Cuándo deben enviarse los precios

El artículo 6.1 establece dos obligaciones acumulativas:

• Cada lunes, o el siguiente día hábil si es festivo, debe remitirse la información semanal, aunque los precios no hayan cambiado.
• Cada cambio de precio debe comunicarse con una antelación máxima de tres días y, como mínimo, una hora antes de su aplicación efectiva.

La orden contempla también una declaración de coincidencia con los precios máximos o recomendados por el operador, renovable trimestralmente, para los distribuidores comprendidos en esa previsión. Si aplican precios diferentes, deben comunicarlos conforme a la regla general.

4. Canal, identificación y justificante

La remisión debe seguir los procedimientos y formatos oficiales. La orden contempla el envío individual y el agrupado, y exige identificar correctamente la instalación. La información presentada se incorpora al registro electrónico ministerial, que emite un justificante con fecha, hora y número de presentación.

Conviene conservar ese justificante y verificar la aceptación del envío: la obligación comprende tanto el contenido correcto como la forma y el plazo. Los canales concretos deben ajustarse a las instrucciones y anexos actualizados, no únicamente a las direcciones históricas de la orden.

5. Otras obligaciones e incumplimientos

Además de los precios, el artículo 6 establece declaraciones mensuales dentro de los veinte días naturales siguientes al mes informado y anuales dentro de los primeros cuarenta días naturales del año. Los cambios en la información censal deben actualizarse en un máximo de quince días naturales.

El artículo 19 califica el incumplimiento de los plazos, del contenido o de la forma de envío como infracción administrativa grave, por remisión al régimen de la Ley del sector de hidrocarburos. Comunicar tarde o incorrectamente también puede generar responsabilidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene competencias expresas para supervisar el mercado de hidrocarburos líquidos, analizar sus precios y promover medidas regulatorias. Sin embargo, no fija ordinariamente cuánto debe costar la gasolina o el gasóleo: la regla general es la libertad de precios. Estas funciones conviven con las de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), especialmente en vigilancia de la competencia.

1. Supervisión y análisis económico

El artículo 2 del Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, atribuye a la Secretaría de Estado de Energía, sin perjuicio de las competencias del regulador:

• El análisis y seguimiento económico y financiero de los mercados energéticos y de hidrocarburos líquidos.
• La «supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos».
• El análisis de series de consumo y precios energéticos, indicadores, estudios y estadísticas.
• La elaboración de propuestas normativas y de regulación de precios, únicamente dentro de sus competencias y conforme a la legislación vigente.

El artículo 3 concreta estas funciones en la Dirección General de Política Energética y Minas y, para este sector, en la Subdirección General de Hidrocarburos y nuevos combustibles. Por tanto, el Ministerio no se limita a observar: dispone de una atribución sectorial de supervisión.

2. Información y transparencia de precios

MITECO recibe información del sector y facilita la comparación de precios comunicados por las estaciones mediante su Geoportal de Gasolineras. La disposición adicional trigésima quinta de la Ley 34/1998 de hidrocarburos conecta la información de las estaciones con las comunicaciones previstas en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio.

Esta información permite seguir diferencias territoriales y la evolución del mercado. Su publicación favorece que los consumidores comparen establecimientos, pero no convierte el precio comunicado en un precio autorizado por el Ministerio.

3. Control del cumplimiento sectorial

El Real Decreto 503/2024 también contempla facultades de control, inspección y sanción en materia energética cuando correspondan a la Administración General del Estado. La Dirección General controla las obligaciones exigibles a los operadores y tramita los procedimientos sancionadores de su competencia.

Además, el artículo 42.3 de la Ley 34/1998 permite al titular del Ministerio extinguir la habilitación de un operador mayorista si incumple requisitos de actividad o determinadas obligaciones sectoriales muy graves, previa audiencia. Esta potestad no equivale a sancionar cualquier subida de precios: debe existir un incumplimiento legal.

4. Coordinación con la CNMC y medidas extraordinarias

La CNMC analiza precios, costes, márgenes y condiciones competitivas. MITECO utiliza ese análisis para orientar la política energética y proponer actuaciones. La comunicación oficial de marzo de 2026 recoge el refuerzo del intercambio diario de información entre ambos ministerios competentes y la CNMC, así como la publicación semanal de información sobre carburantes.

Un ejemplo concreto es el artículo 28 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. La obligación de los mayoristas con capacidad de refino en España de comunicar semanalmente a la CNMC costes de adquisición y precios de venta a estaciones se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante el acuerdo publicado por Resolución de 17 de junio.

Finalmente, el artículo 38 de la Ley 34/1998 establece: «Los precios de los productos derivados del petróleo serán libres». MITECO puede impulsar medidas excepcionales, pero no imponer unilateralmente un precio general por litro. En el mecanismo de 2026, corresponde al Consejo de Ministros adoptar las medidas oportunas a partir de las recomendaciones de la CNMC.

En España, los precios de la gasolina y el gasóleo se fijan, con carácter general, libremente, pero existen obligaciones de comunicación a la Administración y de información al consumidor. Por tanto, hay que distinguir tres cuestiones: quién determina el precio, cómo se comunica para su difusión pública y cómo se muestra en las estaciones de servicio.

1. Fijación del precio: Ley del sector de hidrocarburos

La norma básica es la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Su artículo 38 establece expresamente: «Los precios de los productos derivados del petróleo serán libres».

Esto significa que, en el régimen general de los carburantes de automoción, no existe una tarifa estatal que determine el precio de venta de cada gasolinera. La publicación administrativa de esos precios no equivale a su aprobación ni los convierte en precios regulados.

La misma ley distingue otros servicios: su artículo 41 obliga a hacer públicos los precios de acceso a instalaciones fijas de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos. No deben confundirse esos precios logísticos con el precio que paga el conductor al repostar.

2. Comunicación y publicación de los precios

La disposición específica es la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, que determina la forma de remisión de información sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.

• Obligados: sus artículos 3 y 4 incluyen a los operadores mayoristas y a los titulares correspondientes de las instalaciones, también cuando estas no pertenecen a la red de un operador.
• Contenido: el artículo 5 exige comunicar precios, cantidades, descuentos y datos básicos de las instalaciones, conforme a los formatos de sus anexos.
• Periodicidad: el artículo 6 establece el envío todos los lunes, o el siguiente día hábil si es festivo, y cuando cambien los precios. Los cambios deben comunicarse con una antelación máxima de tres días y, como mínimo, una hora antes de su aplicación efectiva.
• Difusión: el artículo 20 considera públicos los precios de venta y la información general de las instalaciones de suministro a vehículos. Permite difundirlos por medios informáticos o telemáticos, manteniéndolos actualizados con los últimos datos disponibles.

Los anexos han sido modificados sucesivamente. Entre las actualizaciones localizadas figura la Resolución de 5 de diciembre de 2025, relevante para identificar los formatos de información aplicables. Por ello, para cumplir la obligación no basta con consultar únicamente los anexos originales de 2007.

3. Información mediante carteles en carretera

El artículo 7 del Real Decreto-ley 15/1999 y su desarrollo mediante el Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, regulan carteles informativos en accesos a autopistas y carreteras estatales.

Estos carteles deben indicar distancias, tipos, precios y marcas de los carburantes de las estaciones correspondientes. El real decreto distribuye las responsabilidades de instalación, conservación y actualización entre los concesionarios de autopistas y los titulares de estaciones, según el supuesto. También exige facilitar información veraz y precisa sobre las variaciones de precios.

En síntesis: la Ley 34/1998 establece la libertad de precios; la Orden ITC/2308/2007 regula su comunicación y difusión; y el Real Decreto-ley 15/1999, desarrollado por el Real Decreto 248/2001, regula la información comparativa mediante carteles en las vías comprendidas en su ámbito. Para concretar las exigencias de exhibición dentro de una estación debe revisarse, además, la normativa de consumo aplicable en su comunidad autónoma.