Urbas ha denunciado que la administración concursal está aplicando criterios y tomando decisiones orientadas a conducir a la liquidación de la compañía, en vez de optar por una interpretación que respete la voluntad manifestada por los acreedores y facilite una solución que garantice la continuidad de la sociedad, asegurando el pago íntegro de los créditos en los términos recogidos en la propuesta de convenio.
La empresa ha recibido ya el informe remitido por la administración concursal al Juzgado sobre el resultado de las adhesiones y oposiciones a la propuesta de convenio, en el que se concluye que dicha propuesta no habría logrado las mayorías exigidas por la normativa concursal.
La sociedad en concurso de acreedores ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que expone su desacuerdo con esa conclusión, al entender que el recuento de votos realizado es “incorrecto y no se ajusta a derecho”.
Según Urbas, las adhesiones a favor del convenio sumarían más de 57,3 millones de euros, al englobar tanto los 20,3 millones de euros que sí han sido contabilizados por la administración concursal como otros 37,2 millones de euros en adhesiones descartadas por diversos motivos, entre ellos cuestiones ligadas al reconocimiento o a la clasificación de los créditos y al momento de su presentación.
En esta línea, la compañía rechaza que se hayan dejado fuera por extemporáneas las adhesiones registradas el lunes 26 de octubre de 2026 por varios acreedores, al considerar que la administración concursal se ha apoyado en argumentos puramente formales para esa exclusión.
Paralelamente, Urbas sostiene que la administración concursal ha fijado las oposiciones en torno a 34,1 millones de euros, cifra en la que se ha incluido el crédito de Attijariwafa Bank por 12,4 millones de euros.
Sobre este punto, la empresa afirma que computar el voto de dicha entidad financiera como contrario al convenio implica ignorar su voluntad posterior de modificar y reconsiderar el sentido de su voto para apoyarlo.
Asimismo, la sociedad argumenta que se han descartado adhesiones favorables en situaciones análogas a las de votos en contra que sí se han tenido en cuenta, y que no se han incluido determinados créditos sometidos a reconocimiento obligatorio o presentados dentro del mes siguiente a la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado.
La cotizada añade que, en el recuento de las oposiciones, se incorporaron créditos subordinados y se dejaron fuera créditos debidamente documentados de profesionales que prestan o han prestado servicios a la compañía “sin justificación”.
Además, explica que varios acreedores afectados por la exclusión o subordinación de sus créditos solicitaron al Juzgado que se salvaguardara su derecho de voto mientras se resuelven las impugnaciones planteadas.
Urbas defiende que, si se realiza una correcta clasificación y cómputo de los créditos y de los votos emitidos, se alcanzarían con holgura las mayorías requeridas para aprobar el convenio.
Por todo ello, la compañía ha avanzado que presentará ante el Juzgado las impugnaciones y alegaciones que considere oportunas para que se revisen los criterios empleados y ejercerá todas las acciones necesarias con el fin de proteger la continuidad de la sociedad y los intereses de sus accionistas, acreedores y plantilla.