Alfonso Fernández Mañueco, investido presidente de Castilla y León con los votos de Vox

En su discurso de investidura, Mañueco ha defendido su acuerdo con Vox y la “prioridad nacional”

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Mañueco ofrece un pacto unánime sobre financiación autonómica basado en claridad y firmeza

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El líder del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta este martes tras un acuerdo alcanzado con Vox que ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto de “prioridad nacional”, hoja de ruta de ambas formaciones en sus pactos autonómicos.

El entendimiento entre ambas formaciones, sellado tras las elecciones del pasado marzo, ha permitido a Mañueco afrontar su investidura pese a quedarse lejos de la mayoría absoluta (42 procuradores necesarios pese a los 33 que obtuvo el PP), aunque el dirigente 'popular' ha insistido en que el acuerdo responde a la “voluntad expresada en las urnas”.

“Arraigo real” como criterio para las ayudas

Durante su intervención en las Cortes este martes, que se ha prolongado durante cerca de hora y media, Mañueco ha explicado que el pacto con Vox se inspira en el principio de “prioridad nacional”, una fórmula que, según ha defendido, busca garantizar una “asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable” en Castilla y León.

El presidente ha subrayado que cualquier persona que reciba prestaciones autonómicas deberá acreditar una “vinculación legal, efectiva y estable” con la comunidad, independientemente de su origen.

Al mismo tiempo, ha pedido no generar polémica con este enfoque y ha reclamado que nadie “se rasgue las vestiduras”, al asegurar que criterios similares ya existen en otras administraciones del país.

Mensaje sobre inmigración y defensa del pacto

Pese a la controversia, Mañueco ha querido matizar su posición asegurando que las personas migrantes “serán siempre bien recibidas” si llegan a Castilla y León para trabajar y contribuir a la sociedad.

El dirigente 'popular' ha justificado su acuerdo con Vox como una consecuencia directa del resultado electoral, en el que el PP obtuvo 33 procuradores, quedándose a solo dos escaños de la mayoría absoluta. En su opinión, los ciudadanos exigieron “diálogo y acuerdos”, lo que ha desembocado en este pacto de legislatura.

Un acuerdo que abre una legislatura de cuatro años

Por otro lado, Mañueco ha defendido que el entendimiento con Vox permitirá garantizar “estabilidad durante cuatro años” y ha reconocido que, para lograrlo, ambas partes han tenido que ceder en algunos puntos.

El futuro gobierno contará, según ha avanzado, con dos vicepresidencias y once consejerías.

El presidente ha insistido en que el objetivo es conformar un Ejecutivo “moderado” centrado en el interés general de los ciudadanos de la comunidad.

El PSOE acusa a Mañueco de “disimular” su pacto con Vox 

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha respondido con dureza al discurso de investidura de Mañueco, al que ha reprochado haber centrado gran parte de su intervención en el Gobierno central mientras, según ha señalado, apenas ha mencionado a su socio de gobierno, Vox.

Martínez ha criticado que el acuerdo entre PP y Vox haya quedado, a su juicio, “minimizado” en el discurso del presidente autonómico, pese a considerar que el pacto “está presente en cada página” del entendimiento entre ambas formaciones.

Uno de los puntos más polémicos de su intervención ha sido el rechazo frontal al concepto de “prioridad nacional”. El dirigente socialista ha defendido que “la dignidad humana no tiene nacionalidad”, al igual que los derechos y la solidaridad, que —ha subrayado— no deben estar condicionados por el origen.

En ese sentido, ha advertido de que el planteamiento defendido por PP y Vox puede derivar en un modelo excluyente en la gestión de las políticas públicas.

El Grupo Mixto acusa a Mañueco de “retrasar” un pacto ya cerrado

Los representantes del Grupo Mixto en las Cortes, integrado por UPL, Por Ávila y Soria Ya, han reprochado a Mañueco la demora en presentar un acuerdo de gobierno que, según han señalado, “ya estaba escrito desde el principio”.

El representante de Soria Ya, Ángel Ceña, ha sido especialmente duro al acusar a PP y Vox de falta de transparencia. Ha señalado que, si ambos partidos tenían previsto pactar de forma estable, deberían “no engañar a los ciudadanos” y presentarse directamente como una coalición electoral.

Desde Por Ávila (XAV), su candidato Pedro Pascual ha criticado lo que considera un cambio de postura del PP respecto a Vox, al que ha definido como un socio que antes era “incómodo” y ahora se ha convertido en “copiloto de gobierno”.

Y la portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha coincidido en las críticas y ha hablado de un “copia y pega” de acuerdos similares en otras comunidades autónomas. Además, ha reclamado mayor rigor institucional y ha pedido que Castilla y León no sea denominada como “región”, sino correctamente como comunidad autónoma.

Pollán defiende que su Gobierno "no se arrastrará ante Sánchez"

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha defendido el acuerdo de gobierno subrayando que con este Ejecutivo de coalición "no se arrastrará, arrugará ni mendigará ante el Gobierno matonesco de Pedro Sánchez", sino que se apostará por la "exigencia y la oposición firme", con especial énfasis en el ámbito de la inmigración. "Ni un euro más saldrá del bolsillo de los castellanos y leoneses para alimentar el efecto llamada", ha recalcado.

En su intervención durante el debate de investidura, Pollán ha adelantado que se plantarán, con todos los instrumentos legítimos de que dispone la Comunidad, frente a cualquier sistema de reparto de inmigrantes ilegales.

Del mismo modo, ha remarcado que la administración autonómica se negará a participar en cambios legislativos o acuerdos presupuestarios que tengan por objeto "facilitar, financiar o consolidar la entrada, acogida o permanencia de ilegales en Castilla y León".

En relación con los menores extranjeros no acompañados, el portavoz ha afirmado: "No queremos más menas". A continuación, ha explicado que el Gobierno de coalición "endurecerá" el régimen disciplinario en los centros de menores con el propósito de "reforzar" la seguridad de los trabajadores sociales y, al mismo tiempo, evitar la instalación de estos recursos en zonas donde puedan surgir conflictos de convivencia y problemas de seguridad para los residentes.

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