Encuesta sobre vivienda: el 68% apoya limitar los precios, incluso si baja la rentabilidad de los caseros

La regulación de precios consigue una mayoría transversal que cruza electorados y llega incluso a los propietarios

Decenas de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar medidas para favorecer el acceso a la vivienda.         Diego Radamés - Europa Press

Decenas de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar medidas para favorecer el acceso a la vivienda. Diego Radamés - Europa Press

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La encuesta monográfica de 40dB para El País y la Cadena SER muestra un amplio consenso sobre una mayor intervención en el mercado de la vivienda: el 67,5% prefiere limitar los precios para facilitar el acceso, aunque disminuya la rentabilidad de los propietarios, frente al 21,7% que opta por dejar que sea el mercado quien los determine. La posición es mayoritaria entre votantes del PSOE, Sumar y Podemos, pero también entre los del PP, con un 56,5%, y Vox, con un 55,2%. 

La encuesta se realizó mediante 2.000 entrevistas online entre el 25 y el 28 de septiembre, en un momento de especial intensidad del debate sobre vivienda: comenzó dos días después del desahucio de Maricarmen Abascal y terminó antes de que el Consejo de Ministros aprobara los dos decretos sobre vivienda que llegan este viernes al Congreso. Por tanto, el estudio no pregunta por el texto definitivo de esas normas, sino por políticas concretas que en algunos casos coinciden con medidas incluidas posteriormente en los decretos. 

Dos de cada tres prefieren limitar los precios frente a dejar actuar únicamente al mercado

40dB plantea una disyuntiva entre limitar los precios para hacer la vivienda más accesible, aunque eso reduzca la rentabilidad de los propietarios, o permitir que los precios sean fijados únicamente por el mercado aunque eso pueda dificultar el acceso a la vivienda.

  • El 67,5% se inclina por la primera opción.
  • El 21,7% prefiere que sea el mercado el que determine los precios.
  • El resto no adopta una posición.

La diferencia, de casi 46 puntos, convierte la intervención pública en la opción claramente mayoritaria en la pregunta planteada por la encuesta. 

La mayoría también aparece entre votantes del PP y Vox

La distribución por intención de voto es uno de los datos más llamativos del estudio. Entre los votantes de Sumar, el respaldo a limitar precios alcanza el 95,8%. Entre los de Podemos llega al 85,4% y entre los del PSOE al 82,6%. Pero la posición también es mayoritaria en los dos principales electorados de la derecha: la comparte el 56,5% de quienes votarían al PP y el 55,2% de quienes optarían por Vox. 

Por tanto, existe una diferencia clara de intensidad entre bloques, pero no de signo. En los cinco principales electorados son más quienes aceptan limitar precios que quienes prefieren dejar la fijación de precios exclusivamente al mercado.

Incluso el 56,5% de los propietarios que alquilan apoya limitar los precios

La división tampoco se reproduce de manera automática entre inquilinos y propietarios. Como era previsible, el apoyo a la intervención es más elevado entre quienes viven de alquiler, donde ronda el 77%. Pero también el 56,5% de los propietarios que alquilan alguna vivienda se muestra favorable a limitar los precios para facilitar el acceso, aunque esa política pueda afectar a su rentabilidad.  El dato sugiere que el debate sobre vivienda no se divide exclusivamente entre los intereses económicos inmediatos de propietarios e inquilinos.

La vivienda social es la medida con mayor consenso: 82%

Cuando la encuesta abandona la disyuntiva general y pregunta por políticas concretas, aparecen mayorías todavía mayores. La propuesta con mayor respaldo es ampliar la oferta de vivienda social, apoyada por el 82,4% de los entrevistados. Muy cerca se sitúan las ventajas fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles, con un 79,7%. También obtiene alrededor de un 78% de apoyo que el sector público impulse la construcción de vivienda privada. 

Estos resultados introducen un matiz importante: la sociedad no parece apostar únicamente por regular precios. También existe un respaldo muy amplio a aumentar la oferta y a utilizar incentivos fiscales para incorporar vivienda al mercado.

Regular alquileres, poner topes y aplazar desahucios superan el 70%

Las medidas directamente relacionadas con el alquiler también reúnen mayorías amplias.

  • El 74% respalda aplazar los desahucios de personas vulnerables mientras se encuentra una alternativa habitacional.
  • El 73% está de acuerdo con fijar un límite a la subida anual de los alquileres.
  • El 72% apoya directamente regular el precio de las rentas. 

Además, según el estudio, estas medidas obtienen más apoyos que rechazos no solo entre los electorados progresistas y los inquilinos, sino también entre votantes de PP y Vox y entre propietarios, aunque con márgenes menores. 

Casi siete de cada diez prohibirían pisos turísticos en edificios residenciales

El 67,9% está de acuerdo con impedir que existan pisos turísticos dentro de edificios residenciales. La propuesta tampoco se limita a un único espacio político. La intensidad vuelve a ser mayor entre votantes de izquierda, pero el apoyo supera al rechazo también dentro de los electorados de derecha. El dato es relevante porque los decretos que llegan ahora al Congreso contienen medidas sobre vivienda turística, aunque su alcance concreto depende en parte de la existencia de zonas declaradas como tensionadas por las comunidades autónomas. 

Subir impuestos a viviendas vacías divide más

El consenso disminuye cuando las medidas entran directamente en la fiscalidad de la propiedad. El 51% apoya aumentar los impuestos a los propietarios de viviendas vacías. Sigue siendo mayoría, pero por un margen considerablemente menor que en las propuestas anteriores.  Aquí sí aparece una división política más clara. La medida tiene mayor aceptación entre los votantes de izquierda y los inquilinos, mientras provoca rechazo mayoritario entre propietarios y votantes de PP y Vox. Es uno de los puntos donde desaparece el consenso transversal que existe, por ejemplo, en torno a ampliar vivienda social o incentivar fiscalmente el alquiler asequible.

Solo una medida no llega al 50%: limitar cuántas viviendas puede poseer una persona

La propuesta menos respaldada es establecer un límite al número de viviendas que puede tener una misma persona: la apoya el 48%. Es la única de las 12 políticas planteadas por 40dB que no consigue superar el 50%.  Aunque obtiene más respaldo que rechazo entre votantes del PSOE, Sumar y Podemos, no alcanza un consenso suficiente en el conjunto de la población. Además, esta medida no forma parte de los decretos que se votarán este viernes en el Congreso.

Casi dos de cada tres defienden limitar precios en las zonas tensionadas

La encuesta pregunta también por una de las principales herramientas de la Ley de Vivienda de 2023: limitar los precios en aquellas zonas declaradas como mercados residenciales tensionados. Casi dos tercios de los españoles consideran necesaria esa medida. El apoyo vuelve a ser mayoritario entre los votantes de izquierda, pero también supera el 50% entre quienes apoyan a partidos de derecha.  El alcance efectivo de este mecanismo depende, sin embargo, de las comunidades autónomas. Algunas medidas del nuevo decreto solo se aplicarán en territorios que hayan declarado zonas tensionadas. 

El caso Maricarmen ha llegado al 93% de los españoles

La encuesta mide también el impacto del desahucio de Maricarmen Abascal. Más del 93% afirma haber oído hablar del caso. Es una penetración informativa extraordinariamente elevada y ayuda a entender el contexto en el que se realizó el estudio. El 61,8% considera que una persona mayor no debería ser desalojada de su vivienda sin que disponga de una alternativa habitacional. Aproximadamente un 32% prioriza en ese supuesto el derecho del propietario a disponer de su vivienda.  Aquí sí aparece una brecha política más visible: los votantes de izquierda se inclinan ampliamente por la protección del residente vulnerable, mientras entre los electores de PP y Vox pesa más el derecho del propietario.

Casi dos tercios apoyan la resistencia pacífica ante los desahucios

El estudio pregunta además por las movilizaciones destinadas a impedir un lanzamiento. Casi dos de cada tres ciudadanos consideran legítima la resistencia pacífica para tratar de detener un desahucio. El respaldo es ampliamente mayoritario entre los votantes progresistas. Entre los electorados del PP y Vox, en cambio, la cuestión divide prácticamente por la mitad. 

El 69% ve negativamente que el Congreso rechazara anteriores medidas de vivienda

Casi el 70% valora negativamente que el Congreso rechazara el anterior paquete de medidas impulsado por el Gobierno para aplazar determinados desahucios y adoptar otras actuaciones en vivienda. La valoración negativa es más intensa entre votantes de izquierda e inquilinos, sin embargo, también entre los electores del PP y Vox y entre los propios propietarios son más los que valoran negativamente aquel rechazo que quienes lo ven de manera positiva. El dato adquiere especial actualidad porque este viernes vuelven al Congreso dos decretos sobre vivienda y Junts ha anunciado que votará en contra de ambos. 

El 43% responsabiliza principalmente al Gobierno central

El amplio respaldo a una intervención pública no exime al Gobierno de responsabilidad sobre la situación actual. Cuando 40dB pregunta qué administración debería asumir principalmente la solución al problema, el 43,3% señala al Gobierno central. El 19,3% apunta a las comunidades autónomas y solo el 5,3% a los ayuntamientos. Otra parte considera que la responsabilidad corresponde a todas por igual.  Es un dato especialmente importante porque la política de vivienda está repartida entre distintos niveles administrativos, pero los ciudadanos concentran su demanda de soluciones fundamentalmente en el Ejecutivo estatal.

El PSOE aparece primero en capacidad para gestionar vivienda, pero “ninguno” gana

Cuando se pregunta qué partido está más capacitado para afrontar el problema, el PSOE ocupa la primera posición entre las formaciones políticas, con el 18,5%. PP y Vox empatan con un 14,4%. Pero la respuesta más elegida es “ninguno”, con un 22,6%.  El resultado encaja con una encuesta en la que existe un amplio acuerdo sobre la gravedad del problema y sobre muchas de sus posibles soluciones, pero una confianza bastante más limitada en la capacidad de los partidos para resolverlo.

Las medidas de vivienda con mayor y menor apoyo

Qué medidas de vivienda apoyan más los españoles, según 40dB

La encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER muestra mayorías favorables a casi todas las medidas planteadas. El mayor consenso se produce en torno a la vivienda social y los incentivos a pequeños propietarios, mientras limitar el número de viviendas que puede tener una persona es la única propuesta que no supera el 50%.

Medida Apoyo
Ampliar la oferta de vivienda social 82,4%
Ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles 79,7%
Impulsar desde el sector público la construcción de vivienda privada ≈78%
Aplazar desahucios de personas vulnerables hasta encontrar alternativa ≈74%
Seguros de impago y asistencia jurídica para propietarios ≈73%
Poner un tope a la subida anual de los alquileres ≈73%
Regular el precio de los alquileres ≈72%
No permitir pisos turísticos en edificios residenciales 67,9%
Prohibir los desahucios de personas vulnerables ≈65%
Ayudas mensuales para pagar el alquiler ≈64%
Subir impuestos a propietarios de viviendas vacías ≈51%
Limitar el número de viviendas que puede poseer una persona ≈48%

Fuente: encuesta monográfica de 40dB para El País y la Cadena SER. Trabajo de campo realizado entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026 mediante 2.000 entrevistas online.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿Qué trámites parlamentarios deben superar los decretos sobre vivienda que se debatirán en el Congreso?

Los “decretos sobre vivienda” que se van a debatir en el Congreso son, en la práctica, reales decretos-ley dictados por el Gobierno en materia de vivienda. Una vez aprobados por el Consejo de Ministros y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deben someterse obligatoriamente al control del Congreso en un plazo máximo de treinta días para ser convalidados o derogados, y el Congreso puede además decidir que se tramiten como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

1. Publicación y entrada en vigor
  • El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley (por ejemplo, en materia de vivienda) en Consejo de Ministros.
  • El texto se publica en el BOE. Desde ese momento tiene fuerza de ley y puede entrar en vigor de forma inmediata (a menudo el mismo día de su publicación o al día siguiente).
  • Esa publicación es condición para que pueda incluirse en el orden del día del Congreso: el Reglamento indica que el decreto-ley puede debatirse tan pronto como haya sido publicado en el BOE.
2. Fijación del debate en el Congreso
  • La Presidencia del Congreso y la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, programan en el orden del día del Pleno el debate y votación de convalidación o derogación.
  • Ese debate debe celebrarse antes de que transcurran 30 días desde la promulgación del real decreto-ley, conforme al artículo 86.2 de la Constitución y al artículo 151 del Reglamento del Congreso.
  • Si el Congreso está disuelto o fuera de períodos ordinarios de sesiones, la competencia puede recaer en la Diputación Permanente, que asume las facultades de la Cámara respecto de los decretos-ley.
3. Desarrollo del debate de convalidación o derogación

El procedimiento parlamentario del decreto-ley de vivienda es el mismo que para cualquier otro decreto-ley:

  • En el Pleno, un miembro del Gobierno (normalmente la ministra o el ministro competente en vivienda o transportes-urbanismo) expone las razones de urgencia y necesidad que justifican el uso del decreto-ley.
  • Después tiene lugar un debate de totalidad, con intervención de los grupos parlamentarios siguiendo los turnos fijados en el Reglamento (habitualmente un primer turno de los grupos, posibles réplicas y contrarréplicas).
  • Este debate no es sobre enmiendas concretas, sino sobre la oportunidad política y constitucional del propio decreto-ley (su contenido y el uso de la figura de urgencia).
4. Votación de convalidación o derogación
  • Concluido el debate, se procede a una votación única en el Pleno.
  • Los votos afirmativos se entienden favorables a la convalidación del real decreto-ley; los votos negativos, favorables a su derogación.
  • Se exige una mayoría simple de los diputados presentes (más votos a favor que en contra); no es una mayoría cualificada.
  • El acuerdo de convalidación o derogación se vuelve a publicar en el BOE, dejando constancia oficial del resultado.
5. Decisión sobre su tramitación como proyecto de ley

Si el real decreto-ley de vivienda queda convalidado, se abre una segunda decisión estrictamente parlamentaria:

  • La Presidencia del Congreso pregunta en el Pleno si algún Grupo Parlamentario desea que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley.
  • Si al menos un grupo lo solicita, esa petición se somete a votación de la Cámara.
  • Si el Pleno se pronuncia a favor, el texto se convierte en proyecto de ley tramitado por el procedimiento de urgencia.
  • La tramitación urgente implica plazos más breves en Comisión y Pleno que en el procedimiento ordinario.
  • En esta fase sí pueden presentarse enmiendas al articulado por parte de los grupos, pero el Reglamento excluye las enmiendas de totalidad de devolución (no cabe devolver el texto al Gobierno, porque ya está en vigor).
6. Papel de la Diputación Permanente

Cuando el decreto-ley se dicta entre legislaturas (disolución del Congreso) o fuera de período de sesiones:

  • La Diputación Permanente ejerce las facultades del Congreso respecto de los decretos-ley: puede convalidarlos o derogarlos y decidir su tramitación como proyecto de ley por urgencia.
  • Una vez constituido el nuevo Congreso, la Diputación da cuenta al Pleno de las decisiones adoptadas.

En resumen, los decretos-ley de vivienda que lleguen al Congreso deberán, como mínimo, superar el debate y la votación de convalidación o derogación en Pleno (o en la Diputación Permanente) dentro de los 30 días desde su promulgación, y pueden además iniciar un recorrido como proyecto de ley por procedimiento de urgencia si así lo acuerda la Cámara, momento a partir del cual se abre la verdadera negociación parlamentaria mediante enmiendas.

¿Puedes explicarme con más detalle en qué consiste el procedimiento de urgencia aplicado a esos proyectos de ley derivados de decretos-ley sobre vivienda? ¿Qué papel desempeñan exactamente la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces en la programación del debate de convalidación de un decreto-ley de vivienda? ¿Qué límites constitucionales tienen los decretos-leyes en materia de vivienda y en qué casos podría el Tribunal Constitucional anular alguno?

¿Cuáles son las competencias del Consejo de Ministros en la aprobación de medidas de vivienda en España?

El Consejo de Ministros es el órgano del Gobierno que adopta las decisiones estatales clave en materia de vivienda, pero lo hace dentro de un marco constitucional muy acotado y en cogobernanza con las comunidades autónomas. La Constitución (artículos 97, 82 y 86) y la Ley 50/1997, del Gobierno, le atribuyen la dirección de la política interior y la facultad de aprobar proyectos de ley, reales decretos-ley, reales decretos legislativos y reglamentos; la vivienda, en cambio, es una competencia mayoritariamente autonómica, de modo que el Consejo actúa sobre todo fijando bases, marcos comunes y medidas estatales de fomento.

Marco jurídico básico

Según la Constitución, el Gobierno dirige la política interior y exterior (art. 97) y puede dictar:

  • Ley delegada (decretos legislativos) cuando las Cortes le otorgan delegación expresa (art. 82 CE).
  • Decreto-ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, con fuerza de ley pero de carácter provisional y sometido a convalidación del Congreso en 30 días (art. 86 CE).

La Ley 50/1997 concreta estas facultades para el Consejo de Ministros. De forma general le atribuye, entre otras, las funciones de:

  • Aprobar los proyectos de ley y remitirlos al Congreso o, en su caso, al Senado.
  • Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos.
  • Aprobar reglamentos y demás disposiciones generales para el desarrollo y ejecución de las leyes.
  • Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
  • Adoptar acuerdos que no requieren la forma de real decreto pero que orientan la actuación del sector público estatal.

Estas formas de decisión se reflejan en la práctica: por ejemplo, reales decretos-ley recientes han recogido paquetes de medidas de vivienda (escudo frente a desahucios, regulación de alquileres de temporada, restricciones a compras por determinados fondos, incentivos fiscales, etc.), aprobados precisamente en Consejo de Ministros y enviados después al Congreso para su convalidación.

Qué puede hacer el Consejo de Ministros en vivienda

Aplicado al ámbito de la vivienda, el Consejo de Ministros puede:

  • Impulsar leyes estatales de vivienda: aprueba el anteproyecto y el proyecto de ley (por ejemplo, la Ley por el derecho a la vivienda de 2023) y lo remite a las Cortes Generales, que tienen la última palabra en su contenido y aprobación.
  • Aprobar decretos-ley de medidas urgentes: es la vía utilizada para respuestas rápidas a crisis habitacionales (moratorias de desahucios, prórrogas extraordinarias de alquileres, medidas sobre fondos de inversión o pisos turísticos). Entran en vigor tras su publicación, pero solo se mantienen si el Congreso los convalida.
  • Desarrollar reglamentariamente las leyes: mediante reales decretos puede crear o modificar planes estatales de vivienda, regular ayudas, programas de rehabilitación, requisitos de acceso a determinadas subvenciones o instrumentos de coordinación con las comunidades autónomas.
  • Aprobar planes y programas estatales: por acuerdo o por real decreto fija los Planes Estatales de Vivienda, determina los criterios de reparto de fondos y define líneas estratégicas (por ejemplo, incremento del parque público de alquiler asequible).
  • Decidir sobre el uso del patrimonio estatal para vivienda: mediante acuerdos y reales decretos puede destinar suelo y viviendas de titularidad estatal a políticas de alquiler asequible, canalizándolos a entidades como SEPES o a programas específicos.
  • Incorporar medidas presupuestarias y fiscales ligadas a la vivienda, siempre dentro del marco de la legislación tributaria y presupuestaria que aprueban las Cortes (por ejemplo, bonificaciones fiscales condicionadas a alquiler asequible o dotaciones extraordinarias para planes de vivienda).

Relación con las Cortes Generales y límites competenciales

El Consejo de Ministros no legisla en solitario: su capacidad normativa en vivienda está sometida a un doble control:

  • Control parlamentario: los proyectos de ley que aprueba se debaten, modifican y votan en Congreso y Senado; los decretos-ley deben ser convalidados o derogados por el Congreso en 30 días, y pueden tramitarse luego como proyectos de ley para introducir enmiendas.
  • Control constitucional y reparto territorial: la vivienda y el urbanismo figuran entre las materias que los Estatutos de Autonomía han asumido de forma amplia. El Estado actúa principalmente fijando bases, condiciones básicas de igualdad o medidas de ordenación general de la economía. El Tribunal Constitucional ha reiterado que los planes estatales de vivienda y sus reglamentos deben respetar ese reparto, encajando como medidas de fomento y coordinación, no como sustitución de la competencia autonómica.

Síntesis

En resumen, el Consejo de Ministros es el centro de decisión del Gobierno para las medidas estatales de vivienda: elige el instrumento (ley, decreto-ley, reglamento, plan), aprueba el texto y fija la estrategia política y presupuestaria. Pero sus decisiones están:

  • Limitadas por la Constitución y la Ley del Gobierno en cuanto a forma y procedimiento.
  • Condicionadas por el reparto competencial que reserva a las comunidades autónomas la regulación y gestión ordinaria de la vivienda y el urbanismo.
  • Supeditadas al control del Congreso y, en última instancia, del Tribunal Constitucional.

La política de vivienda en España, por tanto, se construye sobre un equilibrio: el Consejo de Ministros impulsa y articula las grandes medidas estatales, mientras que las comunidades autónomas desarrollan y ejecutan la mayor parte de las competencias materiales sobre vivienda y suelo.

¿Podrías explicarme con ejemplos concretos recientes qué decretos-ley de vivienda ha aprobado el Consejo de Ministros y qué medidas incluían? ¿Cómo se coordina un Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros con los programas de vivienda de las comunidades autónomas? Qué diferencias hay entre lo que puede regular una ley estatal de vivienda y lo que solo pueden decidir las comunidades autónomas en esta materia?

¿Qué requisitos deben cumplir las comunidades autónomas para declarar una zona como mercado residencial tensionado según la Ley de Vivienda de 2023?

Según la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, las comunidades autónomas (y, en su caso, otras administraciones competentes en vivienda) pueden declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado cuando se cumplen determinados requisitos materiales (umbrales de esfuerzo y de precios) y se sigue un procedimiento específico basado en datos objetivos.

1. Concepto general de “zona de mercado residencial tensionado”

La ley define estas zonas como aquellos ámbitos territoriales en los que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, de forma que el acceso a una vivienda digna en condiciones de mercado no resulta asequible. La declaración tiene, por tanto, una finalidad instrumental: orientar las políticas públicas de vivienda y activar las medidas de contención de rentas y de refuerzo de la oferta que prevé la propia ley.

2. Ámbito territorial que se puede declarar

El artículo 18 de la Ley 12/2023 permite una gran flexibilidad territorial. Las administraciones competentes pueden declarar tensionado:

  • Un municipio completo (por ejemplo, Bilbao, Vitoria o Pasaia, como ya se ha hecho en la práctica).
  • Un conjunto de municipios de una misma zona funcional.
  • Un barrio, distrito urbano u otra delimitación intramunicipal cuando los problemas de acceso se concentran en partes de la ciudad.
  • Áreas de carácter metropolitano o comarcal que compartan un mismo mercado residencial.

Lo relevante es que el ámbito tenga sentido como unidad de mercado de vivienda y que la delimitación se motive en los datos.

3. Requisitos materiales (umbrales de tensión)

Para que un territorio pueda ser declarado zona tensionada deben cumplirse, al menos, uno de estos dos criterios (no es necesario que concurran ambos):

  • Criterio de esfuerzo residencial (30 %): que la carga media del alquiler o de la hipoteca, sumada a los gastos y suministros básicos de la vivienda, supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares o de la renta media de las personas residentes en la zona.
  • Criterio de evolución de precios (+3 puntos sobre IPC): que el precio de compra o alquiler de la vivienda en ese ámbito haya experimentado, en los cinco años anteriores a la declaración, un incremento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

Estos dos criterios pretenden medir, por un lado, el esfuerzo real que soportan los hogares para acceder y mantener una vivienda y, por otro, si los precios se han despegado de la evolución general de los precios en el territorio.

4. Requisitos procedimentales y de justificación

La declaración no puede hacerse de forma discrecional. La Ley de Vivienda exige un conjunto de garantías:

  • Procedimiento preparatorio de información: debe abrirse un expediente previo para obtener y analizar información sobre la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo:
    • Indicadores de precios de alquiler y de compraventa y su evolución.
    • Datos sobre ingresos y renta disponible de los hogares.
    • Otros indicadores relevantes de accesibilidad a la vivienda.
  • Memoria justificativa: la ley exige una memoria que justifique la declaración con datos objetivos y fundamentos técnicos, explicando qué criterio se cumple (30 % de esfuerzo o +3 puntos sobre IPC) y cómo se ha calculado.
  • Trámite de información pública: la declaración debe someterse a un trámite de información, de forma que la ciudadanía y los agentes afectados puedan conocer los datos utilizados y la propuesta de delimitación del ámbito.
  • Definición de “gran tenedor” en la zona: en la memoria debe fijarse qué se considera gran tenedor de vivienda en ese ámbito concreto (partiendo de la definición estatal, pero pudiendo modularla), dado que de ello dependen algunas obligaciones adicionales de colaboración y límites de renta.
  • Comunicación al Estado y publicidad: una vez aprobada por la comunidad autónoma, la declaración debe comunicarse al Ministerio competente en vivienda, que publica trimestralmente en el BOE la relación de zonas tensionadas vigentes para que sean oponibles y aplicables las medidas estatales.
5. Duración y prórroga de la declaración

La Ley 12/2023 establece que la declaración de un ámbito como zona de mercado residencial tensionado tiene una vigencia inicial de tres años. Transcurrido ese plazo:

  • Puede prorrogarse anualmente si se acredita que persisten las circunstancias que justificaron su declaración.
  • Cada prórroga debe seguir el mismo esquema procedimental: actualización de datos, memoria justificativa y decisión motivada.

En conjunto, por tanto, los requisitos combinan umbrales cuantitativos claros (30 % de esfuerzo o +3 puntos sobre IPC en cinco años) con un procedimiento de análisis y justificación que obliga a las comunidades autónomas a basar la declaración en datos verificables y a revisarla periódicamente.

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¿Cuál es la medida sobre vivienda que cuenta con mayor consenso según la encuesta de 40dB?

Pregunta 1 de 3

¿Qué porcentaje de propietarios que alquilan está a favor de limitar los precios del alquiler según la encuesta?

Pregunta 2 de 3

¿Qué medida es la única de las 12 propuestas que no supera el 50% de apoyo en la encuesta?

Pregunta 3 de 3