La denuncia presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig ante la Comisión Europea no implica la apertura automática de un expediente contra España. A partir de ahora, corresponderá a las instituciones comunitarias analizar el escrito y decidir si existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento por un posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
La iniciativa de los dirigentes independentistas llega después de que el Tribunal de Cuentas decidiera mantener abierto el procedimiento sobre la presunta malversación de fondos del procés, pese a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
La Comisión Europea decidirá si actúa
El primer paso será el examen de la denuncia por parte de la Comisión Europea. Si Bruselas concluye que existen motivos para ello, podría abrir un procedimiento de infracción contra España por un eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.
Ese procedimiento comenzaría con el envío de una carta de emplazamiento, mediante la que la Comisión solicitaría explicaciones al Estado español y le concedería un plazo para presentar sus alegaciones.
Sin embargo, fuentes comunitarias consultadas por Demócrata han rebajado ya las expectativas sobre la denuncia. Según explican, el Ejecutivo comunitario no puede intervenir en un procedimiento judicial nacional ni ordenar al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de amnistía. Las mismas fuentes señalan que la Comisión tiene previsto pronunciarse este miércoles con una primera valoración sobre la denuncia presentada.
El caso podría acabar de nuevo ante el TJUE
Si las explicaciones ofrecidas por España no fueran consideradas suficientes, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, el paso previo a una eventual demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En ese escenario, sería el propio TJUE quien determinaría si España ha incumplido o no el Derecho de la Unión al aplicar la sentencia relativa a la ley de amnistía.
Las sanciones, solo en una fase posterior
Si el TJUE concluyera que España ha incumplido sus obligaciones y el Estado no adaptara posteriormente su actuación, la Comisión Europea podría volver a acudir al tribunal para solicitar la imposición de sanciones económicas.
Se trata, no obstante, de un procedimiento que suele prolongarse durante meses e incluso años y que requiere que se agoten previamente todas las fases previstas en los tratados europeos.
La denuncia no obliga a Bruselas a actuar
Aunque Puigdemont ha solicitado formalmente la apertura de un procedimiento de infracción, la Comisión Europea no está obligada a iniciarlo. El Ejecutivo comunitario dispone de un amplio margen para valorar el contenido de la denuncia y decidir si aprecia o no un incumplimiento del Derecho de la Unión.
En consecuencia, el escrito presentado por los dirigentes independentistas constituye el inicio de un procedimiento administrativo ante Bruselas, cuya tramitación dependerá exclusivamente de la decisión que adopte la Comisión Europea en las próximas semanas o meses.