Veuillez trouver ici la sentence complète de la condamnation de David Sánchez pour prévarication

En el caso de David Sánchez Pérez-Castejón no existe todavía una sentencia, ni por tanto un recurso contra una sentencia condenatoria en trámite. El juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz ha finalizado y la causa está vista/conclusa para sentencia, a la espera del fallo del tribunal. Solo cuando se dicte esa resolución (sea condenatoria o absolutoria) podrán las partes valorar si recurren y en qué términos. En consecuencia, hoy no hay “estado procesal” de un recurso contra sentencia, porque ese recurso aún no existe.

Situación actual del procedimiento contra David Sánchez

Según las crónicas del juicio publicadas por el periódico Demócrata, el proceso por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se ha desarrollado ante la Audiencia Provincial y ha superado ya todas las fases de vista oral:

• La diligencia inicial de señalamiento fijó el juicio oral del 9 al 14 de febrero de 2026, con imputación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tal y como recoge la pieza de Demócrata sobre la fecha del juicio: juicio señalado en Badajoz.
• Durante la vista se practicó prueba testifical, documental y las declaraciones de los acusados, incluyendo el propio David Sánchez, descrito en varias informaciones del periódico Demócrata: cronología del inicio del juicio, declaración de un técnico, testigo clave, declaración de Sánchez, petición de Manos Limpias, relato sobre la RPT.
• En la fase final, el tribunal admitió una nueva calificación de las acusaciones populares que eleva la posible pena hasta seis años de prisión, como detalla Demócrata en artículo sobre la elevación de penas.
• La Fiscalía ha solicitado la absolución de los 11 acusados, manteniendo la tesis de falta de prueba de delito, según la información de Demócrata: Fiscalía pide absolución y informe final de la fiscal.
• Concluidos los informes finales de acusaciones, Fiscalía y defensas, el juicio quedó visto para sentencia, tal y como señalan tanto Demócrata (versión política, ampliación) como declaraciones políticas externas, por ejemplo del PP: Fúnez sobre juicio visto para sentencia.

Otras piezas previas ayudan a contextualizar el recorrido del caso: el procesamiento confirmado por la Audiencia de Badajoz y la apertura de juicio oral (auto de procesamiento) o la preparación del juicio oral fijado en 2025 (anuncio del inicio de juicio).

Junto a ello, medios como RTVE y otros han señalado igualmente que la causa está “pendiente de sentencia”, en línea con lo publicado por Demócrata y con las referencias recogidas en análisis externos como crónica de Infobae o la pieza de RTVE citada en la investigación (juicio en RTVE).

Recursos planteados hasta ahora (no contra sentencia)

Las noticias consultadas indican que, antes del juicio, la defensa de Sánchez y otros investigados recurrieron diversas decisiones instructoras:

• Recurso contra el auto de procesamiento, desestimado por la Audiencia de Badajoz, lo que confirmó que el caso fuera a juicio, según el artículo de Demócrata sobre la desestimación de recursos y otras piezas políticas asociadas como reacción de Sumar y su ampliación ampliación sobre críticas de Sumar.
• En el arranque del juicio, la defensa planteó nulidades, prescripción y otras diligencias previas para intentar frenar la vista; fueron rechazadas, como relata Demócrata en “habrá juicio” y posicionamiento de Manos Limpias.

Ninguno de estos recursos se dirige contra una sentencia (porque todavía no existe), sino contra resoluciones previas de instrucción o contra decisiones procesales adoptadas durante la vista oral.

Plazos y tipo de recurso tras una eventual sentencia

Las fuentes disponibles no detallan, de forma expresa, qué recurso concreto interpondría la defensa ni los plazos exactos que manejarían en este caso si hubiera una condena. Tampoco consta noticia alguna —hasta la fecha que cubren los documentos— de que ya se haya dictado sentencia ni anunciado recurso. Por tanto, no se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el “estado procesal” de un recurso contra sentencia, porque ese escenario aún no se ha producido.

En términos generales, la propia información política y mediática remarca que, una vez se dicte resolución, cabrá la posibilidad de recurrirla ante instancias superiores; así lo recuerdan, por ejemplo, las declaraciones del Gobierno recogidas por Demócrata en nota sobre la confianza en la Justicia y su ampliación, así como la propia intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, donde encuadra este y otros procedimientos en el contexto de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar y político: comparecencia en el Congreso.

Dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece distintos plazos y vías de recurso según el tipo de órgano que dicta la sentencia y la gravedad de los delitos, y que esos detalles no aparecen concretados en las noticias consultadas, para conocer con precisión qué recurso cabrá y en qué plazo será necesario esperar al contenido de la sentencia y, en su caso, al anuncio formal que hagan las partes y sus representantes procesales.

Las competencias y funciones del presidente de la Diputación de Badajoz vienen determinadas, con carácter básico, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que se aplica a todas las diputaciones provinciales, incluida la de Badajoz. Esta ley fija un “núcleo mínimo” de atribuciones que no dependen del reglamento interno de cada diputación. A falta de haberse localizado en las fuentes un reglamento orgánico específico de la Diputación de Badajoz, la referencia segura es ese catálogo básico estatal. A continuación se sintetizan esas funciones tal y como aparecen en la Ley 7/1985, según el texto consultado en el BOE.

Marco legal básico

La Ley 7/1985 regula la organización provincial y establece que el gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación. Dentro de esa organización, el presidente es el órgano unipersonal central, junto con el Pleno, la Junta de Gobierno y los vicepresidentes. En el precepto dedicado al presidente (según la redacción consolidada consultada en el BOE) se detallan sus competencias y el régimen de delegación.

Funciones esenciales del presidente de la Diputación

Dirección política y representación institucional

En “todo caso” corresponde al presidente:

• Dirigir el gobierno y la administración de la provincia, es decir, marcar las líneas generales de actuación de la Diputación y coordinar la actividad de sus órganos y servicios.
• Representar a la Diputación en toda clase de actos, contratos, convenios y procedimientos.

Estas funciones constituyen el núcleo político-institucional de la figura del presidente y están expresamente calificadas como no delegables.

Presidencia de los órganos colegiados

• Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno y de cualquier otro órgano de la Diputación, salvo los supuestos excepcionales previstos en la propia Ley 7/1985 y la legislación electoral general.
• Decidir los empates con su voto de calidad.

La convocatoria y presidencia de Pleno y Junta de Gobierno y el voto de calidad tampoco pueden ser objeto de delegación.

Dirección de servicios y obras

• Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
• Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.

Gestión económica y financiera

En materia económico-presupuestaria, la Ley 7/1985 atribuye al presidente:

• El desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.
• Disponer gastos dentro de los límites de su competencia.
• Concertar determinadas operaciones de crédito previstas en el presupuesto y dentro de porcentajes máximos sobre los recursos ordinarios o ingresos corrientes (según los límites concretos fijados en la ley estatal de haciendas locales citada en el propio precepto).
• Ordenar pagos.
• Rendir cuentas, de acuerdo con la normativa de haciendas locales.

La facultad de concertar operaciones de crédito figura expresamente entre las que no son delegables.

Competencias en materia de personal

El presidente ejerce la jefatura del personal de la Diputación, con un bloque muy relevante de atribuciones:

• Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
• Aprobar las bases de las pruebas de selección de personal y de los concursos de provisión de puestos de trabajo.
• Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
• Ejercer la jefatura superior de todo el personal.
• Acordar el nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, con la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

La jefatura superior del personal, así como la separación del servicio y el despido, son competencias expresamente declaradas indelegables.

Defensa jurídica y otros actos administrativos

• Ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiera delegado en otro órgano. En caso de urgencia puede actuar también en materias de competencia del Pleno, con obligación de dar cuenta para ratificación. Esta facultad no es delegable.
• Ejercer la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de su competencia, igualmente no delegable.
• Aprobar los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
• Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.
• Asumir las demás funciones que las leyes atribuyan al presidente o a la Diputación y no estén asignadas a otros órganos (cláusula residual).

Delegación de competencias y nombramiento de vicepresidentes

El artículo correspondiente de la Ley 7/1985 establece que el presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, con las excepciones ya indicadas (dirección de gobierno y administración, representación política, convocatoria y presidencia de Pleno y Junta de Gobierno, voto de calidad, concertación de créditos, jefatura superior y decisiones más graves en materia de personal, acciones judiciales y propuesta de lesividad). El resto de funciones son potencialmente delegables en la Junta de Gobierno o en diputados concretos.

Además, corresponde al presidente el nombramiento de los vicepresidentes, que le sustituyen por orden de nombramiento en casos de vacante, ausencia o enfermedad, integrándose en la Junta de Gobierno. Esta regulación también se recoge en la Ley 7/1985 según el texto disponible en el BOE. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre particularidades añadidas que pueda prever el reglamento orgánico específico de la Diputación de Badajoz.

En el ordenamiento español, la prevaricación se configura como un delito específico contra la Administración pública regulado en el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Las fuentes disponibles solo permiten identificar las normas generales (Código Penal y sus reformas), pero no facilitan el detalle literal de los artículos concretos sobre prevaricación. Por ello, únicamente puede indicarse que la ley distingue entre modalidades cometidas por autoridades o funcionarios y por jueces o magistrados, dentro del conjunto de delitos contra la Administración de justicia y contra la Administración pública. No se dispone de más información en las fuentes consultadas que permita reproducir o desglosar con precisión técnico-jurídica todos los elementos típicos exigidos para la prevaricación.

Ubicación normativa de la prevaricación

El delito de prevaricación se encuentra en el Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, accesible en el Boletín Oficial del Estado mediante este texto consolidado: Código Penal (LO 10/1995). A lo largo de los años, este Código ha sido objeto de múltiples reformas que afectan a diferentes títulos y artículos, aunque las herramientas consultadas no permiten aislar explícitamente el contenido vigente de los preceptos concretos sobre prevaricación.

Entre las reformas relevantes del Código Penal identificadas en el BOE se encuentran:

• Ley Orgánica 1/2015, que modifica de forma amplia la LO 10/1995.
• Ley Orgánica 2/2015, en materia de delitos de terrorismo.
• Ley Orgánica 5/2010, que introduce reformas generales en el Código Penal.
• Ley Orgánica 15/2003, de modificación del Código Penal.
• Ley Orgánica 9/2002, sobre sustracción de menores, que también modifica preceptos penales.
• Ley Orgánica 3/2002, relativa a delitos vinculados al servicio militar.
• Ley Orgánica 7/2000, en relación con delitos de terrorismo.
• Ley Orgánica 2/2000, sobre armas químicas.
• Ley Orgánica 11/1999, que altera el título VIII del libro II.

Más recientemente, el legislador ha seguido reformando el Código Penal con leyes orgánicas sectoriales que, aunque se centran en otras materias (maltrato animal, delitos sexuales, etc.), forman parte del mismo bloque normativo:

• Ley Orgánica 3/2023, sobre maltrato animal.
• Ley Orgánica 4/2023, sobre delitos contra la libertad sexual.

Adicionalmente, la Ley Orgánica 2/2020 y la corrección de errores de la LO 1/2015 ajustan cuestiones puntuales del texto penal, pero sin que en las ventanas de texto consultadas aparezcan los tipos de prevaricación ni sus requisitos.

Delimitación general del delito de prevaricación

Pese a la falta de acceso al tenor literal de los artículos concretos en las ventanas de texto analizadas, desde la perspectiva político-institucional española puede afirmarse que la prevaricación se incluye entre los delitos dirigidos a proteger el correcto funcionamiento de los poderes públicos y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución). La regulación penal de la prevaricación se inscribe dentro de los delitos contra la Administración pública y, en el caso de la prevaricación judicial, contra la Administración de justicia.

La ley penal distingue tradicionalmente entre:

• Prevaricación cometida por autoridades o funcionarios públicos en el ámbito de la Administración.
• Prevaricación judicial o resoluciones injustas dictadas por jueces o magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional.

En ambos casos, y de manera muy sintética, el núcleo del reproche penal se vincula a la emisión de decisiones o resoluciones contrarias al Derecho y percibidas como gravemente incompatibles con el principio de legalidad y de servicio objetivo a los intereses generales. Estas conductas se diferencian de la simple ilegalidad administrativa u errores de interpretación en que se trata de supuestos de arbitrariedad especialmente cualificados, lo que justifica su tratamiento como delito y no sólo como infracción disciplinaria o nulidad administrativa.

No obstante, las fuentes empleadas no permiten detallar, con base estrictamente normativa, los elementos subjetivos (por ejemplo, el grado de conocimiento o intención exigido), los requisitos de la resolución (administrativa o judicial) ni las penas asignadas a cada modalidad de prevaricación. Para ese nivel de precisión sería necesario acudir directamente al tenor vigente del Código Penal en el BOE (en su versión consolidada) y, en su caso, a la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, que concreta el alcance práctico del tipo.

Contexto institucional y control de la prevaricación

Desde la óptica político-constitucional, la tipificación de la prevaricación cumple una función de garantía frente a abusos de poder en la Administración y en la jurisdicción. Las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la organización judicial y el Consejo General del Poder Judicial —por ejemplo, la STC 15/2024, la STC 128/2023 o la STC 135/2018— giran en torno a la independencia judicial, la separación de poderes y la reserva de jurisdicción, que son el trasfondo institucional sobre el que opera la prevaricación judicial.

En el ámbito administrativo más amplio, otras resoluciones constitucionales, como la STC 108/2021 o la jurisprudencia sobre deberes de colaboración y tutela judicial, refuerzan la idea de que las decisiones de los poderes públicos deben someterse al control judicial y a la prohibición de arbitrariedad. La prevaricación es, en este contexto, el mecanismo penal extremo para sancionar aquellas conductas que, por su gravedad, trascienden el ámbito del control administrativo o disciplinario.

En resumen, la ley española penaliza la prevaricación como una forma cualificada de desviación de poder por parte de autoridades, funcionarios y jueces, pero las fuentes consultadas no proporcionan el detalle exacto de cada requisito legal aplicable. Para un análisis más técnico sería preciso acudir directamente al texto consolidado del Código Penal en el BOE y a la jurisprudencia penal reciente.

En la investigación han aparecido además otros documentos normativos y resoluciones relacionados con el marco general del Poder Judicial y del Código Penal, entre ellos: LO 4/2018, LO 7/2015, STC 3/2023, STC 70/2022, STC 151/2020, STC 15/2020, STC 191/2016, STC 58/2016, STC 157/2015 y otras resoluciones y correcciones de errores (como la corrección de errores del propio Código Penal), que configuran el entorno legal en el que se inserta el delito de prevaricación.