David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz

Sin el número de procedimiento ni el tipo de asunto, no es posible saber con precisión en qué estado procesal concreto se encuentra tu recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ni cuál es la fecha previsible de resolución. Los plazos reales dependen de la jurisdicción (contencioso-administrativa, social, civil o penal), del tipo de recurso (apelación, suplicación, casación autonómica, etc.) y de la carga de trabajo de la Sala concreta. Lo que sí puede explicarse es cuáles son las fases habituales de tramitación ante un TSJ y los plazos legales orientativos, para que puedas situar tu caso según el último acto procesal que conozcas (interposición, admisión, señalamiento de vista, etc.).

1. Fases típicas de un recurso ante un TSJ

En términos generales, un recurso que llega al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) suele seguir estas etapas, con ligeras variaciones según la jurisdicción:

a) Interposición y remisión del expediente

• Presentación del recurso: se interpone ante el órgano que dictó la resolución recurrida (juzgado o tribunal inferior), que lo admite a trámite si cumple los requisitos formales.
• Elevación al TSJEx: el órgano de origen remite las actuaciones al TSJEx junto con el recurso y los escritos de las partes.

b) Admisión en el TSJEx

• Admisión o inadmisión: la Sala correspondiente examina si el recurso reúne los requisitos (plazo, legitimación, cuantía, tipo de resolución recurrible, etc.).
• Si se inadmite, se dicta auto motivado; si se admite, continúa la tramitación (en ocasiones con un trámite previo de subsanación).

c) Fase escrita y, en su caso, vista

• Traslado para impugnación: a la otra parte o partes para que contesten al recurso.
• Prueba y conclusiones: en la mayoría de recursos ante TSJ, la prueba es limitada (se parte del expediente y de lo ya practicado), pero puede haber solicitudes de prueba complementaria.
• Señalamiento de vista: en algunas modalidades se celebra vista oral; en otras, la Sala resuelve “sin vista”, solo con los escritos.

d) Deliberación, votación y fallo

• Tras la fase escrita (y, en su caso, la vista), el asunto queda “visto para sentencia”.
• La Sala delibera, vota y dicta sentencia, que se notifica posteriormente a las partes por el juzgado o por la secretaría del TSJEx.

2. Plazos orientativos según jurisdicción

Los plazos legales para dictar sentencia existen, pero en la práctica suelen alargarse por sobrecarga de trabajo. De forma muy general:

a) Contencioso-administrativo

• La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé plazos que, una vez concluso el procedimiento y declarado “visto para sentencia”, suelen situarse en torno a 10 días a 1 mes para dictar sentencia, según el tipo de procedimiento.
• En la práctica, especialmente en recursos complejos o de interés general, pueden pasar varios meses entre la admisión y la sentencia.

b) Social (laboral)

• En recursos de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ, los plazos legales también son breves una vez el recurso está concluso.
• Sin embargo, los tiempos reales pueden ir de algunos meses a más de un año, dependiendo de la materia (despidos colectivos, prestaciones, conflictos colectivos, etc.).

c) Civil y penal

• En materia penal (por ejemplo, apelaciones de sentencias dictadas por la Audiencia Provincial cuando corresponde al TSJ), los plazos para resolver también son legalmente reducidos una vez “visto para sentencia”, pero la práctica puede extenderlos.
• En civil (competencias más limitadas del TSJ), el esquema es similar: recursos escritos, eventual vista, y sentencia en un plazo que suele superar el previsto por la ley.

3. Cómo saber el estado concreto de tu recurso

Para conocer el estado procesal específico de tu recurso ante el TSJ de Extremadura y tener una estimación más ajustada de plazos, lo más eficaz es:

• Consultar con tu abogado o procurador: pueden acceder al expediente electrónico y ver si el recurso está admitido, si se ha señalado vista o si está “visto para sentencia”.
• Acceso a la sede judicial electrónica: en muchos casos, las partes o sus representantes pueden consultar el estado del procedimiento por vía telemática.
• Contactar con la oficina judicial: facilitando el número de procedimiento, año, Sala y partes, pueden informar del estado (dentro de los límites de protección de datos).

Si indicas el tipo de recurso (contencioso-administrativo, social, etc.), la fecha de interposición aproximada y si ya ha sido admitido o se ha celebrado vista, es posible afinar mucho mejor la estimación de en qué fase te encuentras y qué plazo razonable cabe esperar hasta la resolución.

El presidente del Gobierno, según la Constitución Española de 1978, es la máxima autoridad política del Ejecutivo y el centro de la responsabilidad política ante las Cortes Generales. Dirige la acción del Gobierno, coordina a los ministros, asume la responsabilidad global de la política interior y exterior, y articula la relación institucional con el Rey y con el Parlamento. Sus competencias se recogen de forma dispersa en varios artículos, principalmente 97, 98, 99, 100, 101 y 108 a 115.

Dirección del Gobierno y de la acción política (art. 97 y 98)

El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese órgano colegiado, el presidente del Gobierno es quien asume la dirección efectiva:

• Dirige la acción del Gobierno: fija las grandes líneas de la política general y coordina su ejecución por los distintos ministerios.
• Coordina las funciones de los demás miembros del Gobierno, según el artículo 98.2, asegurando la coherencia y unidad de la acción gubernamental.
• Es responsable de la orientación política global, tanto interior como exterior, lo que incluye, por ejemplo, la definición de prioridades legislativas, presupuestarias y de relaciones internacionales (siempre dentro de las competencias del Gobierno).
• Representa al Gobierno, tanto hacia el interior (ante las Cortes y demás instituciones) como en el plano político internacional, sin perjuicio del papel del Rey como Jefe del Estado.

Relación con el Rey y nombramiento de ministros (arts. 62, 64, 98 y 100)

Aunque el Rey es formalmente el Jefe del Estado, la Constitución articula una relación en la que el presidente del Gobierno tiene un papel decisivo:

• Según el artículo 99, el Rey propone un candidato a presidente del Gobierno previa consulta con los grupos parlamentarios y, en su caso, tras oír al presidente del Congreso. Sin embargo, será el Congreso quien lo otorgue o niegue mediante el voto de investidura.
• El artículo 98.1 indica que el presidente nombra y separa a los demás miembros del Gobierno, pero formalmente el artículo 100 exige que sea el Rey quien nombre y separe a los ministros, a propuesta del presidente. En la práctica, la decisión política es del presidente.
• El artículo 64 establece que los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno (o, en su caso, por los ministros competentes), de modo que el presidente asume la responsabilidad política de esos actos. El refrendo convierte un acto del Rey en acto políticamente imputable al Gobierno.

Responsabilidad política ante las Cortes y control parlamentario (arts. 108, 111-114)

El presidente del Gobierno está en el centro de la responsabilidad política del Ejecutivo ante las Cortes Generales:

• El artículo 108 dispone que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados, lo que en la práctica se personifica en el presidente.
• El artículo 111 regula la obligación del Gobierno de responder a las interpelaciones y preguntas de los diputados y senadores, siendo el presidente quien asume los debates más relevantes.
• El artículo 112 permite al presidente plantear al Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. Si la pierde, según el artículo 114.1, debe presentar su dimisión al Rey.
• El artículo 113 prevé la moción de censura contra el Gobierno, que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia. Si se aprueba (art. 114.2), el Gobierno presenta su dimisión y el candidato censurador se entiende investido presidente.

Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones (art. 115)

Una competencia clave del presidente es su capacidad de influir en la duración de la legislatura:

• El artículo 115 establece que el Rey puede disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales, y convocar elecciones, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros.
• Esa propuesta es una decisión política del presidente, que maneja así un instrumento esencial para desbloquear situaciones de bloqueo parlamentario o para adelantar elecciones.
• La Constitución fija límites: no puede proponerse la disolución cuando esté en trámite una moción de censura, y no puede repetirse antes de que transcurra un año desde la anterior disolución (salvo lo previsto en el art. 99.5 en caso de fracaso de la investidura).

Nombramiento, cese y gobierno en funciones (arts. 99 y 101)

Finalmente, la Constitución regula el estatuto del presidente en cuanto a su nombramiento y cese:

• El artículo 99 detalla el procedimiento de investidura: propuesta del Rey, debate y votación en el Congreso, con mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda.
• El artículo 101 prevé el cese del Gobierno (y, por tanto, del presidente) tras la celebración de elecciones generales, la pérdida de una cuestión de confianza, la aprobación de una moción de censura o la dimisión o fallecimiento del presidente.
• Tras el cese, el Gobierno y su presidente permanecen en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, con competencias limitadas según la legislación ordinaria, pero bajo el marco constitucional de continuidad del poder ejecutivo.

Para acceder a una plaza de coordinador de actividades de conservatorios en una diputación provincial rigen, en primer lugar, los requisitos generales del acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad) y, en segundo lugar, los requisitos específicos que fije la propia diputación en las bases de la convocatoria. La normativa básica estatal clave es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, y, para funcionarios de entidades locales, el Real Decreto 896/1991. A partir de ahí, cada diputación y cada comunidad autónoma concretan titulación, perfil musical/pedagógico, idioma, etc. Por tanto, los requisitos concretos solo pueden conocerse leyendo las bases específicas de la convocatoria correspondiente.

Marco general de acceso al empleo público

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que el acceso al empleo público debe hacerse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante procedimientos públicos y transparentes con publicidad de las convocatorias y de sus bases, imparcialidad de los órganos de selección y adecuación entre pruebas y funciones a desempeñar, según se recoge en el propio EBEP aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015.

Este mismo texto fija los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos:

• Nacionalidad: tener nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos de acceso de nacionales de otros Estados de la UE u otros tratados.
• Capacidad funcional: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Edad: haber cumplido 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (salvo que una ley fije otra edad máxima).
• Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público.
• Titulación: poseer la titulación exigida en la convocatoria.

Además, el EBEP prevé la posible exigencia de otros requisitos específicos, siempre que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones del puesto (por ejemplo, nivel de idioma, experiencia o especialidades concretas), que deberán fijarse en las bases de manera abstracta y general.

Selección en entidades locales y diputaciones

En el ámbito local (ayuntamientos y diputaciones), la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, no reproducida íntegra en las trazas, pero reiteradamente citada) y su desarrollo reglamentario se completan con el Real Decreto 896/1991, que fija las reglas básicas de selección de funcionarios de administración local.

Según ese real decreto, el ingreso en la función pública local se realiza, con carácter general, mediante:

• Oposición,
• Concurso-oposición, o
• Concurso (de forma más excepcional).

Las bases de la convocatoria, que aprueba el órgano competente de la corporación, deben contener al menos:

• La naturaleza y características de las plazas, con indicación de la escala, subescala, clase y grupo de titulación.
• El sistema selectivo elegido (oposición, concurso-oposición o concurso).
• Las pruebas de aptitud o conocimientos, su número y naturaleza; al menos un ejercicio debe ser de carácter práctico.

En los sistemas de concurso-oposición, la fase de concurso (méritos) es previa y no puede tener carácter eliminatorio ni servir para compensar la superación de la oposición.

Tipo de vínculo y oferta de empleo público

La plaza de coordinador de actividades de conservatorios puede configurarse como:

• Funcionario de carrera de la diputación (más habitual en puestos técnicos estables).
• Personal laboral fijo, en cuyo caso se aplican también los principios del EBEP y, de forma supletoria, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015.
• Interino o temporal, supuestos sobre los que la Ley 20/2021 ha reforzado las condiciones para reducir la temporalidad.

En todo caso, la plaza debe estar prevista en la Relación de Puestos de Trabajo y dotada en la Oferta de Empleo Público anual, que se aprueba conforme al art. 70 del EBEP y a las leyes presupuestarias (por ejemplo, la oferta estatal se aprueba mediante reales decretos como el Real Decreto 656/2024, modelo que suelen seguir también las ofertas locales).

Requisitos específicos para coordinador de conservatorio

Aunque las trazas no incluyen una convocatoria concreta de “coordinador de actividades de conservatorios” en diputaciones, sí muestran normativa sobre enseñanzas artísticas (como el Real Decreto 303/2010, sobre requisitos mínimos de centros que imparten enseñanzas artísticas). A partir de este marco, es razonable que las diputaciones exijan:

• Una titulación superior musical o pedagógica adecuada al nivel del conservatorio (por ejemplo, enseñanzas artísticas superiores en música o titulaciones universitarias vinculadas), concretada en las bases.
• Experiencia o méritos específicos en gestión y coordinación de actividades educativas o culturales, valorados en la fase de concurso si la hubiera.
• En su caso, conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad autónoma, cuando proceda, como requisito o méritos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, que refuerza la obligación de diseñar y aplicar los procesos selectivos sin discriminación por razón de sexo, discapacidad, edad, origen, etc., incluyendo la reserva de un mínimo del 7 % de las plazas para personas con discapacidad prevista en el EBEP.