El PP y Vox han planteado este martes en el Parlament que se proceda a la devolución a sus países de origen de los menores migrantes que llegan solos, que se retiren las subvenciones a las ONG que “faciliten la inmigración” y que se congele la cooperación al desarrollo con los Estados que no colaboren en el control de los flujos migratorios.
Estas medidas forman parte de una proposición no de ley (PNL) defendida por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha prosperado gracias al respaldo del grupo 'popular'.
El PP había registrado más de una decena de enmiendas para modificar la iniciativa, pero Cañadas ha interpretado que su objetivo era “descafeinarlo y diluir su alcance” y, por ello, las ha rechazado.
Pese a este desacuerdo sobre las enmiendas, los 'populares' han terminado apoyando varios de los apartados de la propuesta, incluso aquellos con los que inicialmente mostraban reservas.
Entre otros aspectos, el Parlament ha expresado su oposición a una regularización extraordinaria de personas migrantes y ha reclamado al Gobierno que repatríe a todos los migrantes en situación irregular, a quienes cometan delitos y a los menores que lleguen sin sus progenitores.
Asimismo, la Cámara ha instado al Ejecutivo central a suprimir las ayudas públicas a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG que “promuevan o faciliten la inmigración y el tráfico de personas”, a endurecer las penas contra las mafias, a poner fin a las políticas “de efecto llamada” y a evitar los “fraudes de ley” en los expedientes de extranjería y solicitudes de asilo.
Otro de los puntos que ha salido adelante exige paralizar la cooperación al desarrollo con cualquier país que no coopere en la gestión de los flujos migratorios hasta que cumpla los acuerdos bilaterales firmados “para impedir la llegada de migrantes”.
El resto de apartados de la PNL han sido rechazados, bien por la abstención del PP o por su voto contrario. Entre ellos figuraban propuestas para aprobar ordenanzas municipales que impidan el empadronamiento de migrantes en situación irregular, suprimir las ayudas a estas personas salvo las estrictamente humanitarias “hasta la devolución a sus países de origen” o vetar la obtención de la nacionalidad a quienes hayan entrado en España por vías irregulares.
Tampoco han prosperado los puntos que abogaban por la 'prioridad nacional' en el acceso a prestaciones sociales y servicios públicos, por la “remigración” de aquellos extranjeros “que suponen un lastre para el estado del bienestar de los españoles” o por revisar de forma exhaustiva todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.
El debate parlamentario
Durante el debate, Cañadas ha advertido de los supuestos efectos negativos de una regularización de migrantes, entre los que ha señalado “la sobrecarga de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad”.
“Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que solo beneficia a las mafias”, ha afirmado la diputada de Vox.
La parlamentaria del PP Cristina Gil ha subrayado que en Baleares “no cabe todo el mundo y los servicios ya no dan más de sí”.
“Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse”, ha remarcado.
Desde el PSOE, Teresa Suárez ha opinado que las medidas incluidas en la iniciativa “dinamitan la sociedad con una naturalidad que espanta” y ha acusado a PP y Vox de oponerse a la regularización con el objetivo de “tener a la gente trabajando sin derechos”.
En la misma línea crítica, la ecosoberanista Marta Carrió ha reprochado a ambas formaciones ser “muy contundentes con los migrantes vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico”.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha calificado el texto de “racista, clasista y contra las personas pobres” y ha denunciado que persigue “la deshumanización del migrante”.