Amnistía documenta asesinatos y torturas de las RSF en El Fasher un año después de la caída de la ciudad

Amnistía denuncia asesinatos, torturas y hambre en El Fasher bajo control de las RSF, un año después de la caída de la ciudad y sin respuesta internacional efectiva.

Personas en un campamento de desplazados cerca de El Fasher, en Sudán, en una fotografía de archivo UNICEF / Xinhua News / Europa Press

Personas en un campamento de desplazados cerca de El Fasher, en Sudán, en una fotografía de archivo UNICEF / Xinhua News / Europa Press

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Amnistía Internacional ha hecho público este jueves un nuevo informe en el que alerta de que la población de la ciudad sudanesa de El Fasher, capital de Darfur Norte y tomada hace aproximadamente un año por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), continúa sufriendo asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas a manos de estos paramilitares, además de enfrentarse a un acceso muy restringido a la ayuda humanitaria.

“La población civil de El Fasher sigue sufriendo detenciones, torturas y un acceso limitado a la ayuda humanitaria un año después de que las RSF capturasen la ciudad y cometieran actos de brutalidad contra la población civil”, ha dicho la ONG, que ha afirmado que residentes que lograron escapar recientemente de la ciudad han relatado que las escuelas han sido convertidas en centros de detención y que los paramilitares controlaban sus movimientos.

En la actualidad permanecen en El Fasher menos de 70.000 habitantes, muy lejos del alrededor de un millón de personas que vivían allí antes del inicio de la guerra civil en abril de 2023, según organizaciones humanitarias. Estas entidades subrayan que la llegada de ayuda sigue siendo extremadamente limitada y que tanto trabajadores humanitarios como civiles viven bajo una vigilancia constante, con el riesgo permanente de ser arrestados sin garantías.

“Las afirmaciones de las RSF de que El Fasher es segura para que regrese la población civil después de las terribles masacres de hace un año no podrían estar más alejadas de la verdad”, ha subrayado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien ha apuntado que sobre la ciudad “se cierne hoy una atmósfera de miedo generalizado”. “Hombres y mujeres viven bajo la vigilancia constante de las RSF y con la amenaza permanente de ser víctimas de detención, tortura y homicidio”, ha añadido.

Callamard ha criticado además la falta de reacción efectiva de la comunidad internacional: “Un año después de la caída de El Fasher en manos de las RSF, la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias para abordar la desesperada situación que vive la población civil mientras el conflicto hace estragos. Apenas se han rendido cuentas por los abusos cometidos en Darfur Norte”, ha lamentado, antes de recalcar que “los pasos para alcanzar un alto el fuego han sido tibios” y que la ONG “no conoce ninguna iniciativa diplomática destinada a establecer una fuerza internacional que proteja de forma significativa a la población civil”.

La responsable de Amnistía ha señalado directamente a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su respaldo a las RSF y ha lamentado que los gobiernos “que tienen la influencia necesaria” sobre la situación “se han abstenido en su mayor parte de señalar y denunciar su papel o de pedirle responsabilidades”. “Sin un alto el fuego, la rendición de cuentas y una fuerza de protección, la población civil seguirá sufriendo en El Fasher y en todo Sudán”, ha reiterado.

La directora general de la organización ha incidido igualmente en que “las Fuerzas Armadas de Sudán se oponen sistemáticamente a la ampliación del embargo de armas y a un alto el fuego, pues continúan creyendo que sigue siendo posible una 'solución' militar al conflicto, dejando a un lado el sufrimiento del pueblo sudanés”, ya que Jartum rechaza cualquier diálogo que no incluya el desarme y retirada de los paramilitares de las zonas bajo su control.

Abusos, torturas y detenciones masivas

El último informe sobre El Fasher se basa en entrevistas realizadas en agosto y septiembre a 25 personas —19 residentes y seis trabajadores humanitarios—, tras un documento difundido en julio en el que Amnistía acusaba a las RSF de crímenes contra la humanidad y limpieza étnica durante su ofensiva contra la ciudad, sometida a un asedio de un año y medio y posteriormente escenario de masacres.

Según la ONG, 17 de los entrevistados fueron arrestados por las RSF durante la toma de la ciudad o cuando regresaron a sus casas para recuperar pertenencias o localizar a familiares. Muchos de ellos permanecieron meses bajo custodia, y varios testigos señalaron que miembros de comunidades como los zaghawa y los masalit eran detenidos con mayor frecuencia y sufrían más abusos.

La mayoría de los hombres fueron trasladados a prisiones o centros de detención, donde presenciaron ejecuciones ilegales, padecieron torturas y otros malos tratos y recibieron raciones mínimas de comida y agua, de acuerdo con Amnistía. La organización precisa que estas personas solo recuperaron la libertad cuando sus familias pagaron los rescates exigidos por las RSF o lograron escapar.

Modazir, un miembro de la comunidad zaghawa de 29 años, estuvo detenido en la prisión de Shala, donde fue sometido frecuentemente a palizas y donde presenció asesinatos. “La tortura es permanente en cualquier detención (de las RSF). Ejecutaban a quienes trataban de mirarlos (...) Si duermes mucho, no les gusta y te ejecutarán. Preguntan: '¿Quieres descansar? Nosotros te daremos un descanso definitivo'”, ha relatado.

En la misma línea, Mamun, otro zaghawa de 33 años, ha asegurado que vio a miembros del grupo paramilitar disparar contra varios reclusos y que presenció la muerte de un preso con diabetes al que se le negó tratamiento. “Sacan a la gente (de la celda) al azar, te acusan de estar con las Fuerzas Conjuntas o el Ejército (...) y te pegan hasta que te desmayas”, ha asegurado.

Amnistía detalla también que mujeres, menores y algunos hombres mayores o heridos eran confinados en escuelas transformadas en centros de detención. Varias mujeres entrevistadas explicaron que sus hijos padecieron desnutrición por la falta de alimentos. Haram, de 45 años, ha afirmado que las RSF “insultaban a la gente” y “pegaban a los zaghawas”.

Colapso de la ayuda y trabajo forzoso

Residentes consultados por la organización han indicado que en septiembre solo quedaba un reducido número de ONG operando en la ciudad y que las RSF controlan de cerca sus desplazamientos. “La ciudad de El Fasher que conocía ya no existe, es una ciudad totalmente destruida. La infraestructura pública, las escuelas, las instituciones oficiales, los hospitales, todo está destruido”, ha dicho uno de ellos.

“Parecía que todo el mundo está vigilado muy de cerca, no dan al personal de ayuda humanitaria ningún espacio privado para hablar. Todo el mundo está aterrorizado”, ha agregado, un testimonio corroborado por otro entrevistado, quien ha explicado que “no hay un bloqueo total del acceso (humanitario), pero (...) cuando las organizaciones llevan a cabo actividades, (las RSF) vigilarán su realización”.

El personal humanitario ha expresado su alarma por los elevados niveles de desnutrición en la ciudad, agravados por una mala temporada de cosechas. Las proyecciones oficiales apuntan a que el estado de Darfur Occidental, incluida El Fasher, podría alcanzar el nivel más alto de inseguridad alimentaria, similar al de hambruna.

A esta situación se suma la imposición de trabajos forzosos por parte de las RSF, que obligan a hombres y mujeres a recoger cadáveres y escombros o a cocinar y limpiar para los combatientes. Misbá, un hombre zaghawa de 32 años, fue arrestado por el grupo y forzado a cocinar y encargarse de la limpieza para oficiales paramilitares. “Nunca pensé que iba a sobrevivir”, ha dicho.

Ante este panorama, Amnistía Internacional ha exigido a las RSF la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria y el fin de las prácticas de tortura y los asesinatos. Asimismo, ha reiterado su petición de un alto el fuego y del despliegue “urgente” de una fuerza internacional que garantice la protección real de la población civil, así como el cese del suministro de armas a las partes enfrentadas y la suspensión de transferencias de armamento a EAU hasta que este país ponga fin a su apoyo a las RSF.