Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el que denuncia que combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23) habrían llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones sin garantías y reclutamientos forzosos contra trabajadores de explotaciones mineras artesanales en el este de la República Democrática del Congo (RDC). El documento también sostiene que el grupo armado facilita el envío clandestino de oro y coltán hacia territorio ruandés.
El informe, titulado “República Democrática del Congo: 'No hemos venido a jugar'. Abusos cometidos por el M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda”, sitúa la mayoría de los abusos en las minas de Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, y en Lomera, en Kivu Sur.
Según la investigación, los miembros del M23 habrían forzado a los mineros a trabajar en condiciones extremas, manteniéndoles bajo tierra durante más de una semana seguida en algunas explotaciones de coltán cercanas a Rubaya y en la zona de Lomera.
Amnistía Internacional advierte de que los hechos documentados podrían constituir crímenes de guerra. Además, el presunto expolio de recursos minerales y el tráfico de oro y coltán hacia Ruanda podrían encajar, según la organización, en el crimen de guerra de saqueo.
“La investigación muestra cómo el M23, respaldado por Ruanda, utiliza la violencia y el miedo contra quienes trabajan en las minas mientras los recursos minerales son trasladados a través de la frontera”, ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Callamard ha denunciado que esta situación permite que Ruanda siga obteniendo beneficios de las riquezas minerales procedentes de la RDC y ha reclamado una respuesta internacional mucho más firme. “La Unión Africana y sus Estados miembros deben tomar medidas mucho más audaces”, ha afirmado, advirtiendo de que la falta de una postura clara frente al presunto saqueo y los abusos puede propiciar que se repitan escenarios similares.
La responsable de la ONG ha instado igualmente a los actores internacionales a no seguir ignorando las denuncias sobre el M23, el comercio ilícito de minerales en zonas en conflicto y la posible implicación de Ruanda. En la misma línea, ha reclamado que todas las personas responsables, incluidas autoridades ruandesas, comparezcan ante la justicia.
Muertes de mineros y torturas en Rubaya y Lomera
La investigación recoge testimonios sobre la muerte de al menos 18 mineros en Rubaya y Lomera. Diez habrían sido asesinados a golpes, dos murieron por disparos y otros seis, que habían sido secuestrados, aparecieron sin vida posteriormente, de acuerdo con los relatos de familiares y testigos presenciales.
Otros 16 mineros y civiles que residen en las inmediaciones de las minas han descrito episodios de tortura y malos tratos atribuidos a combatientes del M23 o a integrantes de grupos de seguridad que cooperan con ellos.
En este contexto de violencia, la organización señala que la milicia estaría utilizando tres contenedores de mercancías situados cerca de Rubaya como centros de detención, que se sumarían a las llamadas “ndake” o celdas subterráneas.
Las minas también se habrían convertido, según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, en lugares donde el grupo armado recluta a combatientes por la fuerza.
Rutas de contrabando de oro desde la RDC hacia Ruanda
El informe identifica indicios de que oro extraído en zonas bajo control del M23 en la RDC estaría siendo trasladado clandestinamente a Ruanda mediante rutas de contrabando ya consolidadas.
Testimonios de mineros y de otras personas vinculadas a la explotación de Lomera señalan que la tierra con contenido aurífero se cargaría en sacos en embarcaciones en el puerto de Lomera y se transportaría después hasta un “puerto de arena” en Kamembe, en la provincia Occidental de Ruanda, utilizado como punto de recepción de arena para la construcción.
Para Amnistía, el volumen de oro y coltán que llegaría a Ruanda y la supuesta intervención de dirigentes ruandeses junto al M23 apuntan a una posible participación directa de Ruanda en el saqueo de los recursos naturales congoleños.
“Esta investigación debe servir de llamada de atención a Ruanda de que personas ruandesas pueden incurrir en responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados a Ruanda”, ha advertido Callamard.
La secretaria general ha añadido que Ruanda podría afrontar responsabilidad como Estado por los abusos contra los mineros si las personas ruandesas presentes en las explotaciones actuaran bajo la dirección o control de las autoridades del país, incluso aunque no fueran funcionarios.
Amnistía pide frenar compras de oro y coltán a Ruanda
Amnistía Internacional ha pedido a gobiernos y empresas de todo el mundo que suspendan la compra de oro y coltán procedentes de Ruanda. La recomendación se extiende a las compañías de transformación y a las refinerías de terceros países que adquieran estos minerales a proveedores ruandeses.
La ONG propone mantener esta suspensión hasta que el Ejecutivo ruandés aporte pruebas claras de que ha dejado de recibir minerales procedentes del tráfico ilegal desde la República Democrática del Congo. También reclama a las autoridades de Ruanda que garanticen que ninguna persona ruandesa —armada o no— participe o permanezca en las minas de Rubaya y Lomera en relación con los abusos denunciados.
En la misma línea, la organización insta a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea a no firmar acuerdos de explotación minera vinculados con Rubaya ni con otras minas bajo control del M23 en la RDC, salvo que se asegure un acceso pleno y sin trabas a observadores internacionales de Derechos Humanos y a mecanismos independientes de supervisión.
El informe recuerda que las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos afectan tanto a los Estados como a las empresas implicadas en las cadenas de suministro de minerales. Por ello, la responsabilidad empresarial, según Amnistía, no se limita a quienes extraen directamente los recursos, sino que se extiende a todos los actores que intervienen después en su comercio y transformación.
“Los crímenes descritos en este informe deberían servir de advertencia para todas las empresas que compran minerales a Ruanda”, ha declarado Callamard, subrayando que las compañías podrían llegar a enfrentarse a responsabilidad penal si su participación en estas cadenas comerciales llegase a constituir complicidad en crímenes de guerra.