La organización Amnistía Internacional ha denunciado que la Policía portuguesa empleó una fuerza desproporcionada al desmantelar las acampadas por el derecho a la vivienda en Oporto y Lisboa, y ha subrayado la importancia de proteger el derecho a la protesta.
El colectivo ha señalado que está “profundamente preocupado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la policía” y ha reclamado “investigar lo sucedido”.
La ONG desplegó observadores sobre el terreno para registrar cómo se desarrollaba la actuación policial y ha advertido de “la conducta de la policía durante la dispersión de la protesta y las violaciones de sus obligaciones conforme al derecho internacional”.
Amnistía recuerda que “la policía tiene la obligación de recurrir a la dispersión de protestas y al uso de la fuerza solo como último recurso y de manera proporcional a la situación. Eso no es lo que estamos viendo, y esta situación debe ser investigada con urgencia”, insiste el grupo, que reclama que estos episodios “no se repitan”.
“Las heridas causadas por la policía a los manifestantes pacíficos esta madrugada y el recurso creciente a la fuerza excesiva y desproporcionada en las últimas semana representa un nuevo mínimo para el derecho a la protesta en todo el país”, ha señalado el director ejecutivo de Amnistía en Portugal, Joao Godinho Martins.
La asociación SOS Racismo también ha condenado la operación policial y ha exigido la dimisión del ministro de Administración Interna, Luís Neves, por la “desmedida brutalidad de la acción policial” que contrasta con la “conducta pacífica de los manifestantes”.
La entidad alerta además de la “profunda crisis social” a la que el Ejecutivo responde con “fuerza bruta, intimidación y uso injustificado de medios militares contra ciudadanos desarmados”. “Sofocar con miedo el descontento” supone, advierte, “una peligrosa deriva autoritaria”.