Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han presentado este lunes en Viena un pacto con Ruanda para abrir en 2027 en ese país africano un centro de expulsión de migrantes. A estas instalaciones podrán ser enviados ciudadanos de terceros países sin permiso de residencia en esos Estados europeos, incluidos quienes hayan visto denegada su solicitud de asilo y hayan rechazado el retorno voluntario a su lugar de origen, mientras se culmina el procedimiento para su deportación definitiva.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha detallado en una comparecencia conjunta con el canciller austriaco, Christian Stocker, que se ha alcanzado un entendimiento con Kigali para poner en marcha un “nuevo un mecanismo de retorno de migrantes”, que ha calificado de “decisivo”.
Según ha explicado la mandataria socialdemócrata, acompañada por los ministros del Interior de los cuatro socios europeos y el titular ruandés de Exteriores, Vincent Biruta, el esquema permitirá a los cinco países enviar a Ruanda a “extranjeros que carecen de residencia legal” y, al mismo tiempo, “garantizar que no llegue aquí más gente de la que nosotros mismos queremos acoger”.
De este modo, las personas sin estatus legal en esos Estados, entre ellas quienes hayan agotado sin éxito la vía de asilo, podrán solicitar un permiso de residencia en Ruanda si no optan por regresar de forma voluntaria a sus países de procedencia.
Frederiksen ha defendido que “ahora empezamos, de verdad, a recuperar el control de las fronteras de Europa. Iniciamos una transformación fundamental del actual sistema de asilo, que es insostenible e inhumano. Y emprendemos una lucha contra los cínicos traficantes de personas, que durante demasiados años han puesto vidas humanas en peligro y se han aprovechado tanto de ellas como de nuestras sociedades”, y se ha mostrado “extraordinariamente satisfecha” con el resultado de la negociación.
En su opinión, se trata de “un día que marcará una época para Europa”, porque la medida se enmarca en una política migratoria “mucho más acorde con la voluntad de las poblaciones europeas”. Aun así, ha subrayado que “nadie huye por diversión, y hay que ayudar a las personas que se ven obligadas a huir. Por eso debemos prestar más ayuda en las regiones próximas a sus países de origen y tendremos mejores oportunidades para hacerlo cuando quede claro que no se puede residir en la UE sin una base legal para ello”.
El canciller austriaco ha descrito el pacto como un “punto de inflexión histórico en la política migratoria” comunitaria, mientras que Biruta ha justificado la cooperación alegando que “la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino”.
El responsable ruandés ha recalcado que “Ruanda es un país con ambición económica”. “Queremos crear una sociedad inclusiva. Queremos ofrecer a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas una oportunidad en nuestro país”, ha afirmado, al tiempo que ha precisado que su Gobierno podrá conceder permisos de residencia a las personas trasladadas desde los cinco Estados europeos.
Por ahora no se ha concretado cuántos migrantes serán enviados a Ruanda. Biruta ha remarcado que el país no recibirá “mucho dinero” por esta cooperación y que, en consecuencia, tampoco espera que “miles” de personas sean derivadas a su territorio.
De acuerdo con fuentes citadas por el portal ruandés IGIHE, los Estados europeos asumirán la financiación necesaria para la acogida y atención de los migrantes. Correrán con los gastos de alojamiento, formación y apoyo para iniciar una nueva vida, así como del transporte hasta Ruanda. Además, los recursos se dirigirán a impulsar el desarrollo económico en las áreas donde se construyan las instalaciones de recepción.
Este arreglo constituye el primer convenio cerrado por países de la Unión Europea con un Estado tercero para externalizar parte de la gestión migratoria y de los retornos a su territorio. Hasta la reciente reforma del marco comunitario de asilo y retorno, aprobada por los Veintisiete para endurecer las devoluciones, el Derecho de la UE no contemplaba este tipo de dispositivos. España votó en contra precisamente por las dudas jurídicas sobre la figura de estos centros de deportación.
Alemania marca distancias con el modelo británico
En el plano nacional, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha sostenido que los centros de retorno suponen un “enfoque positivo para las personas sin derecho a permanecer y sin perspectivas en Europa, cuyos países de origen no cooperan con los esfuerzos de repatriación”.
“Necesitamos esta opción para implementar una política migratoria que funcione”, ha argumentado, asegurando que los planes se ajustan a la legislación alemana, respetan las normas internacionales de derechos humanos y se desarrollan en colaboración con organizaciones internacionales.
Ha recalcado además que las iniciativas de los Estados miembros de la UE “no son ni remotamente comparables” con el fallido proyecto de asilo del Reino Unido con Ruanda.
En la misma línea, el canciller Christian Stocker ha defendido que “nuestro modelo se establece en plena armonía con el derecho de la UE, el derecho Internacional y las disposiciones internacionales sobre derechos humanos” y ha subrayado la cooperación con la Comisión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR.
Stocker ha añadido que “el Pacto de Asilo de la UE es un componente esencial para una política migratoria dura, consecuente, pero también justa. El nuevo Reglamento de Retorno de la UE nos permite ahora realizar retornos también a terceros países. Por lo tanto, lo aprovechamos”.
Organizaciones de derechos humanos alertan de riesgos
Diversos colectivos de defensa de los derechos humanos han denunciado que el proyecto pone en peligro las garantías de las personas expulsadas a Ruanda y que, además, canalizará recursos hacia un Gobierno cuestionado por su historial.
La investigadora de Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, ha recordado el “conocido historial de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias, maltratos bajo custodia” y el apoyo a grupos armados en la vecina República Democrática del Congo por parte del Ejecutivo ruandés.
“Pagar a Kigali para acoger un programa de deportación no solo causará sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiará y dará peso político a un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos en el país y en el extranjero”, ha advertido.
Amnistía Internacional también ha rechazado el acuerdo, que a su juicio “repite los errores del pasado”. “Evniar a personas a un país en el que no han estado jamás es irresponsable y supone un peligro real de que el acuerdo con Ruanda se convierta en un agujero negro cruel para los derechos humanos”, ha señalado la experta de la organización Aimée Stuflesser, que vaticina que el plan será como los anteriores: “ilegal, inaplicable y caro”.
La Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales ha subrayado, por su parte, que cualquier pacto con un tercer país debe “respetar los derechos fundamentales” y ha alertado del riesgo de persecución para las personas trasladadas. Asimismo, ha recordado que los menores no acompañados no pueden ser objeto de deportación.