Las autoridades de Cuba han repudiado este jueves la "vil" incorporación del presidente Miguel Díaz-Canel a la "ilegítima" relación de personas sancionadas por Estados Unidos, que consideran una muestra más del "plan intervencionista estadounidense" para presentar a la isla como una "amenaza a la seguridad nacional" del país norteamericano.
El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha señalado en redes sociales que "la vil inclusión del presidente, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del Gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos".
Díaz-Canel, por su lado, ha descrito las nuevas medidas como un intento de "reforzar las medidas de bloqueo" y el "escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos", anticipando que la "agresividad y perversión del Gobierno yanqui" se toparán con la "decisión" de La Habana de "enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".
En otro mensaje en redes sociales, el mandatario ha criticado que "esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano".
La reacción del Gobierno cubano se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la inclusión en su listado de sancionados de Díaz-Canel; de la primera dama y segunda esposa del presidente, Lis Cuesta Pedraza; del hijo de esta e hijastro del mandatario, Manuel Anido Cuesta; y de Alejandro Castro, único hijo de Raúl Castro.
Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha extendido las sanciones a cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la empresa minera La Victoria.
Tras hacer públicas las nuevas restricciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que la Administración del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, "ya no tolerará" que "regímenes marxistas radicales" pretendan "amenazar la seguridad nacional" de Estados Unidos y "lleven a cabo operaciones de influencia para exportar su 'revolución' venenosa y perversa" tanto al país como "al resto del mundo".
Rubio ha sostenido en redes sociales que "durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de extrema izquierda. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado a movimientos marxistas y tercermundistas violentos en todo nuestro hemisferio y más allá. Hoy, estamos actuando contra la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba".
Desde principios de año, Washington ha intensificado la presión sobre la isla mediante un bloqueo de facto al suministro de combustible, una política que Díaz-Canel ha descrito como un "castigo colectivo" equiparable, en su opinión, a un "acto de genocidio".