Ampliación | EEUU veta la entrada a más de 60 cargos y exdirigentes de Bolivia y Colombia

EEUU impone restricciones de visado a más de 60 cargos y exresponsables de Colombia y Bolivia por supuestos vínculos con corrupción y narcotráfico.

Marco Rubio  Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

Marco Rubio Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

2 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 21 de octubre de 2026 · 15 institutos

  • PP31,6 %
  • PSOE26,9 %
  • Vox18,7 %
  • Sumar6,3 %
  • Podemos3,1 %
  • ERC2,2 %
010203040ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Las autoridades de Estados Unidos han comunicado este jueves que impedirán la entrada en el país a más de 60 personas, entre ellas exresponsables públicos y altos cargos de Colombia y Bolivia, dentro de la campaña de la Administración Trump contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

El Departamento de Estado ha detallado que se han impuesto restricciones de visado a 21 ciudadanos colombianos que “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

En este grupo figuran el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; y el senador Wadith Alberto Manzur, unas sanciones que han sido celebradas en redes sociales por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La medida alcanza igualmente a la diputada Karen Manrique, actualmente detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), así como a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita y al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.

Con el mismo propósito, la cartera de Marco Rubio ha ampliado estas restricciones a otras 40 personas en Bolivia. Entre los afectados se encuentran los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, responsable de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.

Estos dos últimos fueron apartados de sus funciones este mismo martes, junto con otros 58 empleados del Ministerio Público.

También han sido incluidos en el veto, vinculados igualmente a esta región, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el juez Julio Alba, sobre quienes ya se ha reclamado su dimisión.

El presidente del Tribunal Supremo del país, Romer Saucedo, ha reclamado públicamente que ambos decidan “y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”, según ha manifestado en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Completan la lista los diputados Rafael López y Rolando Pacheco; el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón; y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.