La Asamblea de Estados Parte, máximo órgano de gobierno del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha acordado este viernes, con un respaldo muy amplio, destituir al exfiscal jefe de la corte, el británico Karim Khan, a raíz de un caso de conducta sexual inapropiada, pese a que el propio jurista ha rechazado las acusaciones que pesan sobre él.
“La Asamblea ha adoptado, por votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, una decisión en la que constata que el fiscal Karim Khan ha cometido una falta grave y un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, destituyéndole de sus funciones en aplicación del artículo 46 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, ha indicado en un comunicado.
Uno de los letrados de Khan, Tayab Ali, ha señalado en una nota que el procedimiento “carece de fundamento legal” y ha avanzado que “impugnará la legalidad y la imparcialidad” de la resolución, adoptada a puerta cerrada durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
“El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política”, ha dicho, agregando que se han producido una serie de irregularidades en el marco del proceso, entre ellas que se le ha negado a su cliente “presentar observaciones formales a la Asamblea” antes de la votación y que ha sido excluido de la misma.
“A sus representantes legales también se les ha negado el permiso para asistir o para dirigirse a los Estados Partes. Los Estados que han decidido su destino lo han hecho sin escucharle a él ni a nadie que actuara en su nombre”, ha lamentado, agregando que “el procedimiento fue reescrito a mitad de su caso y en su perjuicio”.
De igual modo, ha subrayado que las conclusiones de la pesquisa se han ampliado “a asuntos que nunca se le plantearon y sobre los que nunca se le solicitó que respondiera”. “A Khan y sus abogados se les impidió tener cualquier representación formal sobre la resolución presentada a la Asamblea y, por lo tanto, no pudieron corregir sus numerosos errores y caracterizaciones erróneas”, ha precisado.
El exfiscal ha negado de forma reiterada las denuncias formuladas por una trabajadora del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que motivaron que en mayo de 2025 se apartara de manera temporal del puesto mientras avanzaban las pesquisas internas.
Entonces sostuvo que tanto él como la institución eran objeto “de un amplio abanico de ataques y amenazas” por su labor, entre ellas las órdenes de arresto solicitadas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos responsables del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
En febrero de 2025, las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones contra Khan en respuesta a esas actuaciones frente a los dirigentes israelíes, congelando sus bienes y activos y vetando la entrada al país a altos cargos y empleados del TPI, medida que se extendió también a sus familiares directos.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha manifestado este viernes en redes sociales que el caso de Khan “ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada”.
“Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato”, ha señalado.