Los asistentes a la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Rossio, en Lisboa, han quedado este lunes divididos entre desmantelar el campamento o continuar, tras una asamblea popular en la que se ha respaldado seguir en la plaza, aunque sin concretar aún qué hacer exactamente con las tiendas de campaña.
El encuentro, iniciado a las 21.00 horas (hora local) y prolongado durante más de dos horas, se centró casi por completo en la propuesta planteada el sábado por una de las activistas más visibles del movimiento, Renata Cambra, que defendió retirar las estructuras para explorar otras formas de protesta, como las manifestaciones previstas para los días 14 y 21 de este mes o un eventual traslado de la movilización a las cercanías de la Asamblea de la República entre el 21 y el 24 de noviembre --fecha en la que se votarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027--, según ha recogido la agencia lusa Lusa.
Tras un “empate técnico” en una primera votación sobre levantar o no el campamento, la asamblea volvió a pronunciarse sobre la continuidad en el lugar. Con una amplia mayoría se ha optado por seguir en el Rossio, aunque la decisión concreta sobre el futuro de las tiendas de campaña se ha pospuesto a un pleno de delegados y a una nueva asamblea popular fijada para la noche de este mismo lunes.
Por ahora, las tiendas siguen plantadas después de 22 días de protesta en una plaza donde el Ayuntamiento de Lisboa tiene previsto instalar un mercado navideño.
La fractura en la capital contrasta con lo ocurrido en Oporto, donde los concentrados decidieron en asamblea general mantener la acampada en la céntrica Plaza de Don Juan I pese a las previsiones meteorológicas desfavorables y las intensas lluvias, conservando en pie unas 70 tiendas de campaña en la zona, según informó la televisión pública RTP.
La continuidad de las acampadas se produce en un contexto marcado por la reciente decisión del Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa, que permitió la presencia de las tiendas de campaña hasta el 24 de noviembre al priorizar el derecho fundamental de manifestación.
Mientras el Ejecutivo conservador de Luís Montenegro ha precisado que el fallo se limita a un caso “individual” y no supone un reconocimiento generalizado del derecho a acampar en el espacio público, la oposición ha interpretado la resolución como una “estruendosa derrota” del Gobierno.
En paralelo, la crisis política se ha intensificado por las críticas del Partido Socialista (PS) a la “incompetencia” del Ejecutivo para afrontar la cuestión de la vivienda y por los ataques del partido de extrema derecha Chega contra el primer ministro por su gestión del conflicto.