Un tribunal de apelación de Reino Unido ha dado este lunes la razón al Ejecutivo de Keir Starmer y ha concluido que la prohibición de la organización Palestine Action es una medida “justificada” y “proporcionada”.
El fallo, adoptado por cinco magistrados, anula la resolución previa de una instancia inferior que había declarado ilegal la decisión de la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, de proscribir Palestine Action al amparo de la Ley Antiterrorista del año 2000.
Más de 700 personas han sido procesadas en virtud del artículo 13 de dicha norma, que prevé penas de hasta seis meses de cárcel. Todos estos procedimientos estaban paralizados a la espera de la resolución del tribunal de apelación.
La jefa de la Judicatura en Inglaterra y Gales, Sue Carr, ha subrayado durante la lectura de la sentencia que es “un error fundamental” obviar que Palestine Action “promueve abiertamente la violencia ilegal que equivale a terrorismo”, según ha informado la cadena Sky News.
“No es, como se afirma, un grupo de protesta de desobediencia civil de acción directa como las sufragistas, que opera de forma transparente y abierta. Es una organización encubierta que opera con células secretas para evitar la detección y el enjuiciamiento de quienes utilizan la violencia para destruir propiedades y causar lesiones”, ha añadido la magistrada.
Carr ha recalcado que el propósito del colectivo era cerrar “negocios” que operan legalmente en Reino Unido, entre ellos “importantes empresas de infraestructura nacional y defensa, que prestan servicios y suministros para apoyar a Ucrania, la OTAN, la llamada alianza de los Cinco Ojos” --Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos-- y el propio sector de defensa británico.
En esta línea, ha incidido en que Palestine Action “no es un grupo de protesta de acción directa transparente y no violento”, ya que persigue “causar daños a la propiedad” de la empresa armamentística israelí Elbit y de “otras empresas que operan legalmente en Reino Unido”.
Entre los argumentos esgrimidos para sostener la ilegalización, el tribunal menciona el “pánico” generado entre trabajadores de compañías de seguridad, que manifestaron “temer por su seguridad” ante el riesgo de que los activistas lanzasen “fuegos artificiales y bombas de humo” contra sus centros de trabajo.
La defensa de la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, sostuvo ante la corte que existían “muchas medidas alternativas” para restringir las actividades del movimiento antes de llegar a declararlo directamente “terrorista”.
Ammori ha anunciado en redes sociales su intención de recurrir al Tribunal Supremo y, si fuera preciso, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Esto no es una derrota. Palestine Action fue tan efectiva para perturbar a la industria armamentística israelí, que el estado nos lanzó toda su fuerza. Al hacerlo, han expuesto cómo priorizan al régimen sionista sobre sus propios ciudadanos”, ha manifestado.
La lectura de la resolución se ha producido mientras decenas de simpatizantes se concentraban en las inmediaciones del edificio judicial. En un comunicado posterior, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha celebrado que el tribunal haya concluido que Palestine Action “ha perpetrado actos de terrorismo, ha ensalzado a quienes han participado en dichos actos y ha promovido el uso de la violencia”.
“Esta decisión no afecta a la protesta legítima en apoyo de la causa palestina, que sigue siendo un derecho democrático fundamental. Existe una diferencia entre apoyar a Palestina y apoyar a un grupo terrorista ilegalizado”, ha recalcado la ministra.
Mahmood ha insistido además en que no se trata de “un grupo de protesta o desobediencia civil ordinario y sus acciones no son compatibles con los valores democráticos ni con el Estado de derecho”. Ha asegurado que el Gobierno “siempre adoptará las medidas más contundentes posibles para proteger nuestra seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”.
Palestine Action fue incluida en la lista de organizaciones prohibidas en julio de 2025, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea en Oxfordshire (Inglaterra) y vandalizaran dos aviones militares, en respuesta al respaldo de Starmer al Gobierno de Israel en el contexto del “genocidio” que denuncian en la Franja de Gaza.
En agosto de 2024, cuatro activistas del grupo fueron condenados por causar daños materiales a instalaciones de la compañía israelí Elbit y por enfrentarse a vigilantes de seguridad y agentes tras asaltar una planta de producción de armamento en la ciudad de Bristol.
Amnistía alerta del riesgo de criminalizar la protesta
La organización Amnistía Internacional ha criticado que este caso se esté “utilizado como ejemplo” para “sentar un precedente sobre cómo podrían ser tratados en el futuro los manifestantes que participan en acciones directas”.
Ha advertido de que “los daños a la propiedad nunca antes habían sido tratados como terrorismo dentro del sistema judicial de Reino Unido y es peligroso equiparar ambas cosas”. A su juicio, “todos deberíamos preocuparnos por lo que esto significa para otras personas que emprendan acciones directas para protestar contra un genocidio o cualquier otra cuestión”, al tiempo que ha remarcado que el derecho a la protesta es “una de las herramientas más eficaces” para exigir responsabilidades a los gobiernos.
Amnistía denuncia la “continua represión” del derecho de protesta en Reino Unido y considera que la respuesta penal es “completamente desproporcionada”. Por ello reclama que “debe ponerse fin al uso de las leyes antiterroristas contra quienes participan en acciones directas de protesta”.
Hamás denuncia un intento de silenciar la disidencia
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado la decisión judicial en un comunicado difundido por el diario 'Filastin', en el que sostiene que responde a “motivaciones políticas” y a “la presión de grupos sionistas”.
Según la organización, “su objetivo es perseguir e intimidar cualquier acción que apoye los derechos palestinos y condene el genocidio perpetrado por el Ejército de ocupación sionista contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, reiterando que la ilegalización de Palestine Action obedece a “intereses políticos”.
En la misma nota, Hamás califica la sentencia como “un intento desesperado por silenciar las voces que defienden los derechos palestinos y rechazan la complicidad de sus gobiernos con” Israel en su ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 73.000 muertos desde octubre de 2023.
“Esto forma parte de la tendencia oficial europea de algunos países que persiguen a quienes apoyan los derechos palestinos”, añade el movimiento islamista, que llama a la población en general, y en particular a la ciudadanía europea, “para que no cedan ante los intentos de silenciar sus voces libres y continúen solidarizándose” con el pueblo palestino y “la justicia de su causa nacional”.