El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó este martes su dimisión en medio de las fuertes críticas por su falta de actuación en el caso Ueno Bank, escándalo que desembocó en la destitución y posterior arresto del expresidente Santiago Peña.
El jefe del Ministerio Público, que había asumido el cargo en marzo de 2023, formalizó su renuncia mediante un escrito dirigido al actual mandatario, Pedro Alliana, en el que alude al “marco del juicio político, procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”.
Ese mismo martes, Rolón nombró a la fiscal Alba Rocío Cantero como sustituta interina, aplicando el mecanismo de reemplazo antes de que Alliana o su Gabinete se pronunciaran sobre la renuncia del propio fiscal general.
El ahora exfiscal se amparó en el artículo 51 de la Ley órganica 1572 del Ministerio Público, que indica que el fiscal general del Estado será reemplazado por el adjunto designado por él, aunque esta previsión está pensada para ausencias de carácter temporal, según recuerda el diario “ABC Color”.
La renuncia se produce mientras un bloque de 34 diputados —de los 80 que integran la Cámara de Diputados— registró este jueves un “proyecto de resolución que formula acusación de juicio político” contra Rolón por “mal desempeño de sus funciones y la presunta comisión de delitos en el ejercicio del cargo”, abriendo la puerta a que sea sometido a un proceso político.
En el documento, los legisladores denuncian un “patrón de conducta sistemático” del fiscal general del Estado para “supeditar la persecución penal a la conveniencia política, encubriendo al poder político y retrasando investigaciones clave”.
Como ejemplo de ese comportamiento, señalan la “retención injustificada por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito” y blanqueo de capitales contra Santiago Peña, así como la “conducción deficiente y pérdida de pruebas” en el caso Ueno Bank, cuyo desplome ha dejado a millones de ahorradores sin acceso a sus depósitos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que desde su Partido Colorado —formación a la que hasta ahora pertenecía Peña— van a “acompañar el juicio político al fiscal general”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Latorre defendió su postura ante el “delicado momento que atraviesa” el país y “convencidos de la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar la transparencia y la justicia”.
Santiago Peña, en prisión preventiva desde comienzos de noviembre, afronta tres causas penales abiertas por la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, todas vinculadas al colapso y la intervención del banco privado.