Un tribunal de apelación de Reino Unido ha dado este lunes la razón al Ejecutivo encabezado por el primer ministro Keir Starmer y ha considerado que la prohibición de la organización Palestine Action es una medida “justificada” y “proporcionada”.
Los cinco jueces de la corte han anulado así la resolución de un tribunal inferior que había declarado ilegal la orden de proscripción dictada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, contra Palestine Action al amparo de la Ley Antiterrorista del año 2000.
Más de 700 personas han sido procesadas en base al artículo 13 de dicha normativa, que fija una pena máxima de seis meses de cárcel. Los procedimientos permanecían paralizados a la espera del pronunciamiento de la instancia superior y, tras este fallo, seguirán su curso. La mayoría de los acusados lo están por portar camisetas o pancartas con mensajes como “Estoy en contra del genocidio. Yo apoyo a Palestine Action”.
La jefa de la Judicatura en Inglaterra y Gales, Sue Carr, ha subrayado durante la lectura de la sentencia que es “un error fundamental” ignorar que Palestine Action “promueve abiertamente la violencia ilegal que equivale a terrorismo”, según ha informado la cadena Sky News.
“No es, como se afirma, un grupo de protesta de desobediencia civil de acción directa como las sufragistas, que opera de forma transparente y abierta. Es una organización encubierta que opera con células secretas para evitar la detección y el enjuiciamiento de quienes utilizan la violencia para destruir propiedades y causar lesiones”, ha recalcado.
En esta línea, ha explicado que el objetivo del grupo era clausurar “negocios” considerados legales en Reino Unido, como “importantes empresas de infraestructura nacional y defensa, que prestan servicios y suministros para apoyar a Ucrania, la OTAN, la llamada alianza de los Cinco Ojos” --Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos-- y el sector de defensa británico.
Carr ha incidido así en que Palestine Action “no es un grupo de protesta de acción directa transparente y no violento”, dado que pretende “causar daños a la propiedad” de la compañía armamentística israelí Elbit y de “otras empresas que operan legalmente en Reino Unido”.
Entre los motivos esgrimidos para avalar la ilegalización, la magistrada ha aludido al “pánico” generado entre el personal de las firmas de seguridad, cuyos empleados manifestaron “temer por su seguridad” ante la posibilidad de que los activistas lanzaran “fuegos artificiales y bombas de humo” contra sus centros de trabajo.
La defensa de la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, sostuvo ante el tribunal que se podrían haber aplicado “muchas medidas alternativas” para restringir las actividades del movimiento antes de catalogarlo directamente como “terrorista”.
Ammori ha asegurado en redes sociales que recurrirán el fallo ante el Supremo y, si fuera preciso, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Esto no es una derrota. Palestine Action fue tan efectiva para perturbar a la industria armamentística israelí, que el estado nos lanzó toda su fuerza. Al hacerlo, han expuesto cómo priorizan al régimen sionista sobre sus propios ciudadanos”, ha manifestado.
La lectura de la resolución se ha producido mientras decenas de personas se concentraban en los alrededores de la sede judicial. La actual ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha celebrado en un comunicado que la corte haya concluido que Palestine Action “ha perpetrado actos de terrorismo, ha ensalzado a quienes han participado en dichos actos y ha promovido el uso de la violencia”.
“Esta decisión no afecta a la protesta legítima en apoyo de la causa palestina, que sigue siendo un derecho democrático fundamental. Existe una diferencia entre apoyar a Palestina y apoyar a un grupo terrorista ilegalizado”, ha remarcado.
De este modo, ha insistido en que “no es un grupo de protesta o desobediencia civil ordinario y sus acciones no son compatibles con los valores democráticos ni con el Estado de derecho”. “Siempre adoptaremos las medidas más contundentes posibles para proteger nuestra seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”, ha añadido.
La Policía Metropolitana de Londres ha comunicado que al menos 117 personas han sido arrestadas durante la jornada por mostrar su respaldo a una organización proscrita durante la vista judicial. En el marco de estas detenciones se han registrado momentos de tensión, con agentes retirando por la fuerza a algunos manifestantes.
Por el contrario, el grupo judío Community Security Trust ha aplaudido el veredicto. “Lo correcto es que la ley trace una línea clara frente a quienes amenazan la seguridad nacional y la cohesión comunitaria. Vamos a seguir trabajando con nuestros socios para garantizar la protección de las comundiades judías y la sociedad en general”, ha señalado la entidad.
Antecedentes de la ilegalización de Palestine Action
Palestine Action fue incluida en la lista de organizaciones prohibidas en julio de 2025 después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea en Oxfordshire, Inglaterra, y causaran daños en dos aeronaves militares en respuesta al respaldo de Starmer al Gobierno de Israel en el marco del “genocidio” que denuncian en la Franja de Gaza.
Con anterioridad, cuatro activistas de Palestine Action habían sido condenados por destrozos contra bienes de la empresa israelí Elbit y por enfrentarse a vigilantes de seguridad y agentes tras asaltar una planta de producción de armamento en la ciudad de Bristol en agosto de 2024.
Amnistía alerta del riesgo de equiparar protesta y terrorismo
La organización Amnistía Internacional ha criticado que este caso sea “utilizado como ejemplo” y que se intente “sentar un precedente sobre cómo podrían ser tratados en el futuro los manifestantes que participan en acciones directas”.
“Los daños a la propiedad nunca antes habían sido tratados como terrorismo dentro del sistema judicial de Reino Unido y es peligroso equiparar ambas cosas. Todos deberíamos preocuparnos por lo que esto significa para otras personas que emprendan acciones directas para protestar contra un genocidio o cualquier otra cuestión”, ha advertido, recalcando que el derecho a la protesta es “una de las herramientas más eficaces” para exigir responsabilidades a los dirigentes.
Amnistía denuncia la “continua represión” del derecho de protesta en Reino Unido y sostiene que la pena impuesta es “completamente desproporcionada”. “Debe ponerse fin al uso de las leyes antiterroristas contra quienes participan en acciones directas de protesta”, ha reclamado.
Hamás denuncia un intento de silenciar las críticas
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado la decisión en un comunicado difundido por el diario 'Filastin', en el que sostiene que responde a “motivaciones políticas” y a “la presión de grupos sionistas”.
“Su objetivo es perseguir e intimidar cualquier acción que apoye los derechos palestinos y condene el genocidio perpetrado por el Ejército de ocupación sionista contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, ha denunciado, antes de reiterar que la ilegalización de Palestine Action tiene “intereses políticos”.
En esta misma línea, Hamás ha calificado el fallo como “un intento desesperado por silenciar las voces que defienden los derechos palestinos y rechazan la complicidad de sus gobiernos con” Israel en su ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 73.000 muertos desde octubre de 2023.
“Esto forma parte de la tendencia oficial europea de algunos países que persiguen a quienes apoyan los derechos palestinos”, ha añadido, haciendo un llamamiento a la ciudadanía en general y, en particular, a la europea “para que no cedan ante los intentos de silenciar sus voces libres y continúen solidarizándose” con los palestinos y “la justicia de su causa nacional”.