El antiguo máximo responsable de la Policía Nacional de Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, ha sido arrestado junto a otras dos personas por su presunta implicación en un operativo de espionaje contra el presidente del país, Prabowo Subianto, dentro de una investigación por supuestas escuchas ilegales que también salpica a otros altos cargos indonesios.
Listyo, cesado de su puesto el 1 de octubre, fue posteriormente designado jefe de la Secretaría Presidencial en el marco de una remodelación del Ejecutivo. En total, las autoridades han detenido a tres presuntos implicados, según ha explicado el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Asep Safrudin, que no ha facilitado oficialmente sus identidades.
No obstante, los otros dos sospechosos han sido señalados como el responsable de la División Jurídica de la Policía Nacional, Ahrie Sonta Nasution, y el inspector general de Policía Eko Hadi Santoso, de acuerdo con informaciones del diario “Kompas”.
“Los investigadores han señalado a tres sospechosos identificados con las iniciales LSP, ASN y EH. Otra persona, identificada como SU, sigue siendo interrogada en calidad de testigo”, ha afirmado Asep, que ha manifestado que todos ellos se encuentran de momento bajo custodia en la sede de la Jefatura General de la Policía Nacional.
El responsable policial ha detallado que la trama salió a la luz el 30 de octubre, después de que varios agentes, al conocer las presuntas actividades de interceptación telefónica ilícita, decidieran denunciar los hechos ante las instancias competentes.
“Los sospechosos habrían interceptado, sin seguir los procedimientos adecuados, las llamadas de los números de teléfono del presidente del país, de funcionarios del Estado, de figuras políticas, de miembros de los medios de comunicación, de líderes de organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como de empresarios”, ha explicado.
Las investigaciones indican que las escuchas se efectuaron al margen de los procedimientos legales establecidos entre 2025 y 2026. “Estos números fueron interceptados sin relación alguna con ningún proceso policial ni en el marco de dicho proceso, tal y como exigen las leyes aplicables”, ha apuntado Asep.
Según el propio Asep, en octubre de 2026 los implicados habrían ordenado borrar del Sistema de Gestión de Interceptaciones Legales (LIMS) de la Policía los archivos que contenían las comunicaciones intervenidas, con el objetivo de eliminar posibles pruebas.