La Unión Europea ha expresado este jueves su rechazo al cierre del portal de noticias independiente Mada Masr y a la condena impuesta a su cofundadora y redactora jefe, Lina Atalá, reclamando a las autoridades egipcias que garanticen la libertad de prensa en el país. La reacción europea llega tras la detención a finales de septiembre de varios periodistas de otra redacción, que siguen bajo custodia.
“La libertad de expresión es un derecho fundamental tanto para la Unión Europea como para Egipto”, ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, en el que recuerda a El Cairo sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y libertades básicas.
En este sentido, la UE ha incidido en que el Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto y su Asociación Estratégica e Integral conllevan un “compromiso compartido” con los “valores universales de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”.
También ha subrayado que la Estrategia Nacional de Derechos Humanos de Egipto aspira a fomentar una cultura de “pluralismo y diversidad de opiniones y puntos de vista”, y que la propia normativa egipcia consagra la libertad de opinión y de expresión como derecho esencial.
“Por todo ello, la preservación y la protección de los medios de comunicación independientes son esenciales”, ha remarcado el SEAE, poniendo el foco en la necesidad de salvaguardar la libertad de prensa en el país norteafricano.
La diplomacia europea responde así al fallo emitido el 27 de octubre por el Tribunal de Delitos Menores de Nuevo El Cairo, que ordenó el cierre y la incautación de los bienes de uno de los escasos medios críticos que siguen operando en Egipto, fundado en 2013, el año del golpe de Estado de Abdelfatá al Sisi.
El medio, que afirma haber solicitado sin éxito una licencia en varias ocasiones, ha denunciado en sus redes sociales que el magistrado ha rechazado “todas las alegaciones procesales presentadas por la defensa, incluidas las solicitudes de presentar cualquier documentación o escuchar a cualquier testigo”.
El fallo judicial representa un duro golpe para el periodismo independiente en Egipto, donde la libertad de prensa continúa fuertemente limitada. Reporteros sin Fronteras (RSF), que ha calificado la decisión de “indignante” y ha reclamado su anulación inmediata, sitúa a Egipto en el puesto 169 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de prensa.