Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han comunicado este lunes en Viena que han alcanzado un acuerdo con Ruanda para abrir en 2027, en territorio ruandés, un centro destinado a la deportación de migrantes. A estas instalaciones podrán enviar a personas sin permiso de residencia en la UE, incluidos quienes hayan visto denegada su solicitud de asilo y no acepten el retorno voluntario a su país de origen, mientras se completa el procedimiento de expulsión definitiva.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha anunciado en una comparecencia conjunta con el canciller austriaco, Christian Stocker, que se ha sellado con las autoridades de Kigali un acuerdo para poner en marcha un “nuevo un mecanismo de retorno de migrantes”, al que ha calificado de “decisivo”.
Según ha explicado la jefa de Gobierno danesa, que ha intervenido acompañada por los ministros del Interior de los cuatro socios europeos y por el titular de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, el plan permitirá que los cinco Estados trasladen a Ruanda a “extranjeros que carecen de residencia legal” y, al mismo tiempo, “garantizar que no llegue aquí más gente de la que nosotros mismos queremos acoger”.
Frederiksen ha precisado que los migrantes sin estatus legal en estos países, incluidos quienes hayan agotado sin éxito la vía de asilo, podrán optar a un permiso de residencia en Ruanda si no regresan por su propia voluntad a sus lugares de origen.
“Ahora empezamos, de verdad, a recuperar el control de las fronteras de Europa. Iniciamos una transformación fundamental del actual sistema de asilo, que es insostenible e inhumano. Y emprendemos una lucha contra los cínicos traficantes de personas, que durante demasiados años han puesto vidas humanas en peligro y se han aprovechado tanto de ellas como de nuestras sociedades”, ha afirmado la dirigente socialdemócrata, que se ha declarado “extraordinariamente satisfecha” con el pacto.
En la misma línea, ha celebrado “un día que marcará una época para Europa”, al considerar que esta iniciativa se enmarca en una política migratoria “mucho más acorde con la voluntad de las poblaciones europeas”.
La primera ministra ha subrayado además que “nadie huye por diversión, y hay que ayudar a las personas que se ven obligadas a huir. Por eso debemos prestar más ayuda en las regiones próximas a sus países de origen y tendremos mejores oportunidades para hacerlo cuando quede claro que no se puede residir en la UE sin una base legal para ello”.
El canciller austriaco ha descrito el entendimiento con Ruanda como un “punto de inflexión histórico en la política migratoria” de la Unión Europea. A su vez, el ministro ruandés, Vincent Biruta, ha defendido la cooperación asegurando que “la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino”.
El responsable ruandés, cuyo Ejecutivo estará facultado para conceder permisos de residencia a quienes sean trasladados desde los cinco países europeos, ha recalcado que “Ruanda es un país con ambición económica”. “Queremos crear una sociedad inclusiva. Queremos ofrecer a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas una oportunidad en nuestro país”, ha añadido.
Por ahora, ninguna de las partes ha detallado cuántas personas podrían ser derivadas a este centro en Ruanda. Biruta sí ha remarcado que el acuerdo no implicará que el país reciba “mucho dinero” por parte de los socios europeos, por lo que tampoco prevé que “miles” de migrantes sean enviados allí.
Este pacto constituye el primer arreglo firmado por Estados miembros de la Unión Europea con un tercer país para desplazar fuera de sus fronteras parte de la gestión migratoria y de los procesos de retorno. Hasta la reciente reforma aprobada por los 27 para endurecer las normas de devolución, una fórmula de este tipo no encajaba en el Derecho comunitario. España votó en contra de esa reforma, al mantener reservas jurídicas sobre la legalidad de estos centros de deportación externos.