Así está la crisis constitucional en Polonia: Nawrocki entra en el tribunal entre forcejeos y acusaciones de golpe de Estado

El presidente polaco regresa de su viaje a Senegal y se enfrenta a los magistrados cuya legitimidad cuestiona. La suspensión de los responsables del Constitucional enfrenta al Gobierno de Donald Tusk con la oposición, mientras la policía comunica tres detenciones durante las protestas

Manifestantes se concentran ante la sede del Constitucional en Varsovia (Polonia), a 30 de octubre de 2026  Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

Manifestantes se concentran ante la sede del Constitucional en Varsovia (Polonia), a 30 de octubre de 2026 Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

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La crisis constitucional en Polonia ha escalado durante la madrugada de este sábado, 31 de octubre. El presidente de la República, Karol Nawrocki, ha acudido a la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia después de interrumpir su viaje a Senegal. Su entrada ha estado acompañada de forcejeos y de un enfrentamiento sobre quién tiene autoridad para ejercer como magistrado y dirigir la institución. 

La confrontación se desencadenó el viernes con la publicación de unas órdenes para apartar temporalmente de sus funciones al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La dirección afectada rechaza esas medidas y denuncia una toma ilegal de la institución. 

Nawrocki regresa y entra en el Constitucional de madrugada

El anuncio de regreso se ha convertido en una intervención presencial. Según Polsat News, Nawrocki se desplazó al tribunal acompañado por el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, después de mantener un encuentro con él.

El acceso estuvo marcado por empujones y versiones enfrentadas. Maciej Berek, uno de los elegidos por el Parlamento para el Constitucional, difundió imágenes y acusó al presidente de agredir a los magistrados. Desde el entorno presidencial sostienen, por el contrario, que se intentó impedir la entrada de Nawrocki y que se vulneró su integridad física. Son acusaciones de las partes, no responsabilidades judicialmente establecidas. 

La discusión continuó dentro del edificio. Radio ZET recoge una grabación en la que Nawrocki niega la condición de magistrados del Constitucional a Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz y Maciej Berek. Korwin-Piotrowska, por su parte, reivindica que está al frente de la institución.

En ese intercambio, el jefe de la Cancillería presidencial, Zbigniew Bogucki, acusa a Korwin-Piotrowska de estar cometiendo un golpe de Estado. La expresión tiene, por tanto, un autor identificable dentro del círculo presidencial y forma parte del enfrentamiento político y jurídico. 

Quién ha ordenado apartar a los responsables del tribunal

Según la documentación entregada a PAP y recogida por Puls Biznesu, las órdenes fueron emitidas por Anna Korwin-Piotrowska, presentada como responsable del tribunal en función de su antigüedad judicial.

Las medidas establecen una interrupción de funciones durante un mes e invocan el artículo 130 de la ley sobre la organización de los tribunales ordinarios. Entre sus motivos figuran presuntos obstáculos a la reunión de todos los magistrados elegidos por el Parlamento y la composición supuestamente irregular de las salas.

La dirección cuestionada sostiene que Święczkowski y Sochański siguen en sus puestos, niega la condición de magistrada del Constitucional a Korwin-Piotrowska y denuncia que la web institucional fue tomada ilegalmente. La disputa afecta así a la propia autoridad de quien firma las órdenes. 

Tres detenidos y una versión policial que niega el asalto al edificio

La policía ha comunicado tres detenciones después de que manifestantes franquearan la valla del recinto. También informó del lanzamiento de objetos contra los agentes durante las protestas. 

Sobre el despliegue inicial del viernes, la versión oficial contradice las informaciones que lo describían como una entrada policial por la fuerza en el edificio. Según recoge la radio pública polaca, los agentes afirmaron que estaban en los terrenos del Constitucional, pero no en su interior, y negaron haber expulsado a los integrantes de su servicio de seguridad.

La policía explicó que actuaba tras solicitudes del ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, y de Korwin-Piotrowska, relacionadas con posibles riesgos para los trabajadores, los magistrados y el orden público. Esa es la justificación policial del operativo; no resuelve la controversia sobre las decisiones adoptadas dentro del tribunal. 

Tusk y Nawrocki se disputan cómo restablecer la legalidad

El conflicto tiene antecedentes en la disputa por los nombramientos judiciales iniciada en 2015. El Gobierno de Tusk defiende la reforma del Constitucional, mientras Nawrocki cuestiona incorporaciones promovidas por la actual mayoría parlamentaria.

Reuters señala que el bloqueo incluye la negativa presidencial a tomar juramento a candidatos y la resistencia de Święczkowski a admitir a magistrados elegidos por esa mayoría. La agencia también recoge críticas al nombramiento de Maciej Berek, aliado de Tusk, por sus implicaciones para la separación de poderes. 

Tusk ha defendido que restablecer el Estado de derecho exige decisiones firmes. Desde Ley y Justicia, el principal partido de la oposición, se presenta lo ocurrido como un ataque al orden constitucional. 

¿Es un golpe de Estado o una crisis constitucional?

Las novedades acreditan una escalada: hay decisiones rivales sobre la dirección del tribunal, protestas, detenciones y un enfrentamiento presencial del presidente con quienes reivindican su condición de magistrados.

También permiten atribuir con precisión la acusación de golpe de Estado. Sin embargo, las informaciones consultadas no establecen esa calificación como un hecho probado. Informar de que un responsable político denuncia un golpe no equivale a confirmar que se ha producido.

El fondo del problema es que las partes rechazan la legitimidad de quienes deberían tomar decisiones dentro del Constitucional. La incógnita inmediata es quién podrá ejercer efectivamente su dirección y cómo se resolverá la validez de las órdenes, mientras permanece abierto el enfrentamiento entre la Presidencia y el Gobierno.