El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) salió en la noche de este viernes del centro penitenciario de Barbadillo, en Lima, pocas horas después de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la pena de 15 años de prisión por lavado de dinero dictada en su contra en abril de 2025 por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
A la puerta de la cárcel, el exmandatario denunció que “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizando una situación ilegal”, aludiendo también al proceso contra su esposa, Nadine Heredia.
Humala insistió en su inocencia y recalcó que “Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (...) Han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacar a mis hijos del país”, al tiempo que calificó la condena como una persecución “ideológica” vinculada a su gestión de gobierno en aquellos años.
Tras conocerse en abril de 2025 la sentencia contra ambos, Heredia pidió refugio en la Embajada de Brasil en Lima y obtuvo un salvoconducto para ella y uno de sus hijos, con el que viajó a Brasilia. Humala subrayó que la reciente resolución del Constitucional confirma que el asilo político concedido fue “lo correcto”.
El exjefe de Estado sostuvo que “Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la Justicia reflexione y permita que mi esposa regrese”, y cargó contra el equipo especial de fiscales que llevó el caso, a quienes definió como “sicarios” que “usurparon funciones” de otros órganos y “criminalizaron aportes de campaña”.
A mediados de abril de 2025, tanto Humala como Heredia habían sido sentenciados a 15 años de prisión por lavado de dinero, en un proceso vinculado a la financiación de sus campañas presidenciales de 2006 —con supuestos aportes irregulares del entonces gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez— y de 2011 —con fondos de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en numerosos escándalos de corrupción en la región—.
El Tribunal Constitucional estimó este viernes el recurso de “habeas corpus” presentado por la defensa de Humala, que cuestionaba la validez del proceso y del fallo alegando vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, la falta de una tipificación clara del delito y la aplicación retroactiva de sanciones sobre conductas que en aquel momento no estaban definidas como delito.
En los años en que se desarrollaron las campañas presidenciales de Humala, la legislación peruana no incluía expresamente la financiación irregular de campañas ni la receptación patrimonial —cuando alguien acepta de forma consciente dinero ilícito con intención de obtener beneficio— como figuras específicas de lavado de dinero.