El Gobierno etíope ha decretado este lunes la suspensión “indefinida” de las emisiones de Tigray TV, después de que la cadena difundiera el anuncio oficial de la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE), una alianza de siete formaciones opositoras que pretende desalojar del poder al Partido de la Prosperidad, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed, e instalar un amplio gobierno de transición.
La Autoridad de Medios de Etiopía ha hecho pública la decisión, con “efecto inmediato”, mediante un comunicado en el que veta a cualquier medio emplear a Tigray Television como fuente informativa y prohíbe reproducir “contenidos emitidos ilegalmente” por la cadena, a la que responsabiliza de “incitar al conflicto y promover el extremismo”.
“El monitoreo y la evaluación de los contenidos del medio confirman que, recientemente (...) Tigray TV ha estado difundiendo sistemáticamente mensajes que ponen en peligro la seguridad nacional y pública, así como los intereses nacionales”, señala la nota difundida en redes sociales, donde el regulador insiste en que llevará ante los tribunales a cualquier medio que incumpla la orden.
El organismo regulador reprocha además a Tigray Televisión no haber aprovechado la “oportunidad” abierta tras el acuerdo de paz de Pretoria de 2022, cuando Adís Abeba levantó una suspensión previa sobre el canal. Según recuerda, desde entonces se ofreció al medio un marco para reconducir su labor informativa.
“Asimismo, la Autoridad ha realizado esfuerzos incansables para encauzar nuevamente al medio de comunicación hacia una vía constitucional y profesional, brindando capacitación sobre consolidación de la paz y desarrollo de capacidades profesionales a los periodistas y profesionales de Tigray TV”, ha subrayado el regulador en su comunicado.
La decisión llega después de la intervención en Tigray TV del presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano, Zemene Kassie, quien anunció la creación de la CSFPE. Junto a este grupo, integran la coalición el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente Nacional de Unidad de Afar, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular de Gumuz.
La Coalición por la Supervivencia acusa al “régimen dictatorial personalista y genocida” de Abiy Ahmed de haber llevado a Etiopía “la guerra, el genocidio y la destrucción”, con el riesgo de una “total desintegración” del país.
El Ejecutivo federal dio por roto en julio el acuerdo de paz sellado en 2022 en Pretoria con el TPLF, lo que supuso la reanudación de un conflicto que, entre 2020 y 2022, dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, según distintas estimaciones.
Tras la firma en Pretoria, la región de Tigray quedó bajo una administración provisional aceptada por el Gobierno central, hasta que el TPLF regresó al poder regional a comienzos de mayo. Desde entonces, las autoridades tigrayanas han acusado reiteradamente al Ejecutivo etíope de vulnerar los compromisos del acuerdo y de mantener a la región en una situación de total marginación.
El Gobierno federal, por su parte, se niega a reconocer a la administración reinstaurada por el TPLF y sostiene que la única autoridad legítima en Tigray sigue siendo la Administración Regional Provisional de Tigray, creada al amparo del Acuerdo de Pretoria y posteriormente desplazada por el retorno del TPLF.