El aspirante ultraderechista a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha comunicado que no aceptará el resultado de la segunda vuelta celebrada este domingo, en la que el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido reelegido, y ha adelantado que su partido solicitará la anulación de los comicios por la controvertida ampliación del horario de votación.
En una comparecencia pública tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los sufragios frente al 48,21% obtenido por él, el dirigente del Partido Liberal (PL) ha tildado de “inaceptable” lo sucedido durante la jornada electoral. Sus reproches se centran en la resolución del magistrado del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, que decidió prolongar dos horas el tiempo de votación en todo el territorio nacional ante los problemas detectados en el transporte público.
Bolsonaro ha responsabilizado a Zanin —a quien ha descrito como “exabogado de Lula”— de alterar “las reglas del juego en medio del juego” y de “atropellar a la justicia electoral especializada” al dictar la orden a las 17.01 horas (hora local), cuando estaba previsto el cierre de los colegios electorales. “Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados”, ha manifestado el candidato.
Según el líder conservador, los interventores de su formación fueron “retirados de la sala cofre” (el centro donde se procesan los datos) en el momento en que se ejecutó la decisión judicial. “Es imposible reconocer los datos de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Vamos a emprender acciones legales y solicitar la anulación de estas elecciones”, ha remarcado Bolsonaro, llamando a sus simpatizantes a que “no desistan”.
La prolongación del horario de votación fue decretada por el Supremo tras las denuncias por la falta de transporte para los votantes, a instancias principalmente del equipo de campaña de Lula da Silva. No obstante, la propia candidatura de Bolsonaro también había pedido antes una extensión, aunque restringida a cinco estados (Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul). La decisión de Zanin obligó a detener el recuento inicial y se adoptó pese al rechazo explícito del Ministerio Público Electoral.