El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó este lunes su preocupación por el reciente "empeoramiento" de la seguridad en Etiopía y por la creación de la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE). Esta plataforma, formada por siete organizaciones políticas, algunas de ellas con brazo armado, busca sacar del poder al Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed y establecer un amplio gobierno de transición.
Su portavoz, Stéphane Dujarric, declaró desde Nueva York que "nos preocupa profundamente el empeoramiento de la situación de seguridad y los recientes acontecimientos en Etiopía, incluida la formación de una nueva coalición de grupos armados y las noticias sobre la persistencia de la inseguridad y los ataques con drones".
Guterres ha instado a "todas las partes" a evitar acciones y declaraciones "que puedan agravar aún más la situación" en un escenario marcado por "tensiones crecientes" en el país y en la región.
El secretario general ha reclamado además a los actores políticos etíopes que "renueven su compromiso con el diálogo", insistiendo en que "la acción militar no resolverá las diferencias políticas ni abordará los motivos de descontento subyacentes". También ha reiterado el respaldo de la ONU a la labor de la Unión Africana para "impulsar la aplicación del Acuerdo de Pretoria" (Sudáfrica), suscrito hace cuatro años.
Estas declaraciones se producen un día después de que el Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente Nacional de Unidad de Afar, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular de Gumuz anunciaran la creación de la CSFPE. La nueva alianza fija como meta inmediata la "expulsión" del actual Ejecutivo y la puesta en marcha de un gobierno de transición interino e inclusivo, regulado por una Carta Transicional destinada a "poner fin a los conflictos armados y responder a las crisis de seguridad, humanitaria, social y económica" que atraviesa Etiopía.
La Coalición por la Supervivencia responsabiliza al Gobierno de no actuar ante la inseguridad generalizada, los enfrentamientos armados, el desplazamiento masivo de población, el aumento de la pobreza y el deterioro de los derechos democráticos y de los derechos humanos. Acusa al primer ministro de encabezar un "régimen dictatorial personalista y genocida" que ha traído al país "la guerra, el genocidio y la destrucción" y advierte de una posible "total desintegración" del Estado.
En julio, el Ejecutivo dio por roto el acuerdo de paz firmado en 2022 en Pretoria con el TPLF, lo que supuso la reanudación de un conflicto que, entre 2020 y 2022, dejó entre 100.000 y 600.000 fallecidos, según distintas estimaciones.
Tras el pacto de Pretoria, Tigray quedó bajo un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales hasta el regreso del TPLF al liderazgo regional a comienzos de mayo. Desde entonces, este partido ha acusado repetidamente al Gobierno etíope de vulnerar los compromisos alcanzados en Pretoria y de mantener a la región en una situación de marginación absoluta.
El Ejecutivo federal, en cambio, se niega a reconocer a la administración restituida por el TPLF y sostiene que la única autoridad legítima en Tigray sigue siendo la Administración Regional Provisional de Tigray, creada al amparo del Acuerdo de Pretoria y ahora desplazada por el antiguo movimiento rebelde.