Imputan a 98 individuos por traición en Tanzania tras protestas electorales

Este viernes, la Fiscalía de Tanzania ha acusado formalmente a 98 ciudadanos de traición, relacionándolos con las recientes manifestaciones desencadenadas tras los polémicos resultados electorales del 29 de octubre. Según reportes de la Unión Africana, las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y culminaron en la reelección de la presidenta Samia Suhulu Hasan, en un contexto de fuerte represión policial que, de acuerdo con Amnistía Internacional, resultó en la muerte de al menos un centenar de personas.

Entre los principales acusados se encuentra la empresaria Jennifer ‘Niffer’ Jovin, quien fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salaam, imputada por incitar a la violencia durante el proceso electoral. La cobertura del evento por el periódico ‘Mwananchi’ coincidió con un comunicado de la Policía Nacional de Tanzania que confirmaba su detención el 27 de octubre de 2025.

El escrito acusatorio señala que los imputados tenían la intención de boicotear las elecciones generales de 2025 para intimidar al gobierno de Tanzania, causando importantes daños a infraestructuras gubernamentales. La acusación de traición en Tanzania conlleva la pena de muerte, por lo que los acusados enfrentan un grave riesgo si son encontrados culpables.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado las severas violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades tanzanas antes de las elecciones, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Aunque el gobierno ha rechazado estas acusaciones, ha reafirmado su compromiso con el respeto a las libertades civiles.

Después de las elecciones, según Irungu Houghton, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Kenia, las autoridades han intensificado la represión contra la población, periodistas y activistas de derechos humanos. Houghton ha destacado que ‘Los tanzanos tienen derecho a exigir responsabilidades por la represión estatal preelectoral, los asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones’.