El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Teresa Peramato, “intervino” para impedir que se redujera la condena solicitada para el empresario Víctor de Aldama en el 'caso de las marcarillas', que se juzga en el Tribunal Supremo, a pesar de que éste está colaborando con la Justicia. A su juicio, esa actuación constituye “un escándalo”.
Feijóo respondía así a las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha defendido que la decisión de mantener la petición de siete años de prisión para Aldama está “basada en criterios técnicos”, y ha acusado al PP —que ejerce la acusación popular en la causa ante el Supremo— de estar “colaborando” con el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.
En el Senado, antes de clausurar las jornadas 'Tolerancia cero con la violencia escolar' organizadas por el Grupo Popular, Feijóo ha reivindicado que se contemple una rebaja de la pena cuando un procesado “está facilitando y colaborando” con los tribunales.
“Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal Anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no le deje actuar conforme a su propia doctrina”, ha señalado Feijóo, en referencia al fiscal Alejandro Luzón.
En este contexto, ha recalcado que “cuando el fiscal Anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena”. “Lo ha hecho el fiscal Anticorrupción: 19 años el señor Koldo; 24 años el señor Ábalos, siete años el señor Aldama”, ha puntualizado, para remarcar que la intervención de la Fiscalía General del Estado resulta “sorprendente”.
El líder del PP ha detallado que lo que ha planteado su partido, “junto con otras seis acusaciones”, es “aplicar la teoría en derecho penal” según la cual a “aquel que colabora”, “facilita el esclarecimiento de los hechos” y resulta “útil para saber lo que ha pasado”, se le puede solicitar “una disminución de la pena”.
“En todo caso, lo que hayamos solicitado nosotros no tiene mayor relevancia. Aquí lo único importante es la sentencia del Tribunal Supremo”, ha subrayado el jefe de la oposición ante los medios en la Cámara Alta.
El PP denuncia una deriva de sometimiento de la Fiscalía al Gobierno
Antes, el PP había difundido un comunicado en el que censura que la Fiscalía mantenga la petición de pena para Aldama en el juicio por el 'caso mascarillas', algo que considera “contradictorio” incluso con la propia postura del Ejecutivo.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido la solicitud de siete años de cárcel para el presunto conseguidor por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, mientras que el PP, como acusación popular, ha rebajado su petición de siete a cinco años de prisión para Aldama.
Según los populares, la Fiscalía General del Estado “ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno” al rehusar reducir la petición de condena a Víctor de Aldama, “pese a su colaboración con la Justicia” en el 'caso mascarillas', que “afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez”.
El PP ve contradicción con el discurso del Gobierno
Para el PP, esta decisión de la Fiscalía vulnera el principio de que la cooperación con la Justicia en la lucha contra la corrupción debe traducirse en beneficios penales para el acusado.
“Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción”, ha remarcado la formación.
Además, ha recordado que la aprobación de esta Autoridad coincidió con el día en que el ministro de Justicia “anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia”. “Hoy vemos la realidad: se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente si sus revelaciones incomodan al Gobierno”, ha añadido.
Según el PP, “bajo el sanchismo colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno”. Por ello, sostiene que, con esta falta de amparo a quienes ayudan a esclarecer casos, el Ministerio Fiscal “actúa como un apéndice político más, alineando sus decisiones con los intereses del Ejecutivo, en lugar de con los principios de legalidad e imparcialidad”.
“Esta postura por parte de la Fiscalía lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España, que redunda en los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno y en las declaraciones de Pedro Sánchez, presumiendo de su poder y manoseo sobre la Fiscalía”, han concluido los 'populares'.
El PP reclama la comparecencia de Félix Bolaños
En coherencia con estas críticas, el Partido Popular ha registrado en el Parlamento la solicitud de comparecencia del ministro Bolaños para que detalle la situación actual de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, “ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos”.
En dicha petición, el PP pone de manifiesto las carencias estructurales de este organismo y exige a Bolaños un calendario preciso, los recursos comprometidos y los instrumentos normativos y de gestión necesarios para subsanar esas deficiencias, con el fin de garantizar una protección efectiva y homogénea de las personas informantes y un funcionamiento real y eficaz en la lucha contra la corrupción, según recoge el comunicado.