El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha convocado para este jueves en el palacio de La Moneda un encuentro entre representantes de los tres poderes del Estado con el fin de abordar el escándalo generado por la presunta entrada irregular en el país, entre enero y octubre de 2025, de más de 200 niños procedentes de Haití cuyo paradero se desconoce en la actualidad, de acuerdo con las revelaciones de la Contraloría.
El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ha explicado en una comparecencia ante los medios que la cita ha sido fijada para las 8.00 (hora local) y que se ha convocado a “distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría”.
Alvarado ha añadido que también se ha llamado a participar a representantes de aquellos ministerios “que pueden apoyar y aportar información”, con la finalidad de “analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta urgencia”. Los menores habrían ingresado a territorio chileno en el marco de un programa de reunificación familiar.
El titular de Interior ha revelado que Kast ordenó “actuar con la máxima urgencia” para “abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años”, al tiempo que ha subrayado que las instituciones trabajan para responder a las “graves denuncias” conocidas en los últimos días.
“Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”, ha enfatizado el ministro, quien ha precisado que el Ejecutivo ha optado por reunir a distintos ministerios e “invitar” a las fuerzas de seguridad “para comenzar un trabajo coordinado interinstitucional que permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados”.
En esta línea, ha indicado que “la coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios”, y ha avanzado la puesta en marcha de “una fuerza de tarea específica” destinada a “identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”.
“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno”, ha insistido Alvarado, remarcando que “lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”.
Las declaraciones del ministro se han producido pocas horas después de que la Cámara de Diputados de Chile diera luz verde a la creación de una comisión especial investigadora “para revisar los actos del Gobierno en relación al ingreso, control migratorio, registro, seguimiento y protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros”, según ha detallado la propia corporación en un comunicado.
El mandato de dicha comisión será “reunir antecedentes sobre las medidas adoptadas por los organismos públicos ante estas alertas, denuncias o situaciones que pudieran representar riesgos de vulneración de derechos, trata o tráfico de personas”, en un contexto de dudas sobre cuántos menores accedieron al país sin la documentación exigida y dónde se encuentran en la actualidad.
UNICEF PIDE UNA INVESTIGACIÓN
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha instado a las autoridades chilenas a “aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes”. “Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, ha subrayado el organismo.
UNICEF ha recordado que “Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido, ha recalcado que “es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.