La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado al Ejecutivo de Nicaragua la puesta en libertad de manera “inmediata” de los nueve presos políticos sentenciados por la masacre del 19 de julio de 2014, al considerar que corren el riesgo de sufrir “daños irreparables” dentro del Sistema Penitenciario Nacional y recordando que uno de ellos ya habría cumplido la pena impuesta.
Estos nueve reclusos, catalogados como presos políticos del régimen, se encuentran, según la Corte, en una situación de “extrema gravedad y urgencia”, ya que permanecen sometidos a aislamiento prolongado y recluidos en celdas de castigo con temperaturas muy elevadas, presencia de plagas y sin ventilación adecuada, tal y como ha informado el diario nicaragüense ‘Confidencial’.
De acuerdo con la resolución, los internos padecen “padecimientos de salud serios: diabetes, afecciones cardíacas y problemas renales” y “ninguno recibe atención médica ni tratamientos, lo que ocasionó que uno de ellos perdiera la vista por completo”.
El documento añade que los nueve han sufrido golpizas, amenazas y otras agresiones por parte de funcionarios penitenciarios, subrayando que, en el actual contexto de privación de libertad en Nicaragua, “ya han fallecido otras personas bajo custodia estatal”.
Ante este escenario, la Corte ha exigido al Gobierno nicaragüense que detalle, como fecha límite el 9 de noviembre, el estado en que se encuentran los nueve presos políticos y las acciones concretas adoptadas para proceder a su excarcelación. No obstante, Nicaragua fue declarada en desacato en 2022 por su negativa reiterada a acatar las resoluciones de este tribunal internacional.
Los beneficiarios de la decisión de la Corte IDH son: Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
Todos ellos han sido señalados como dirigentes locales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y, según denunciaron la oposición y sus familiares, fueron arrestados sin orden judicial entre julio y agosto de 2024. Sus defensas sostuvieron que fueron “torturados” para que se autoinculparan del ataque y, posteriormente, sentenciados a condenas que oscilan entre los 10 y los 133 años de prisión.
La denominada Masacre del 19 de julio fue un ataque armado perpetrado en Nicaragua en 2014, cuando un grupo de individuos no identificados emboscó a tiros una caravana de autobuses en Matagalpa, en el centro del país. Los vehículos trasladaban a simpatizantes del Frente Sandinista y el ataque dejó cinco fallecidos y más de 20 heridos. El Ejecutivo de Daniel Ortega lo definió como “acto terrorista”.