La Fiscalía de Ecuador ha presentado cargos a última hora de este sábado contra siete presuntos responsables intelectuales del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre los señalados figuran el exministro del Interior José Serrano y el exasambleísta Ronny Aleaga, ambos con vínculos políticos con el expresidente Rafael Correa.
Junto a Serrano y Aleaga han sido encausados tres supuestos cabecillas del cártel de Los Lobos, entre ellos su máximo líder, Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, arrestado en noviembre de 2025 en Málaga (España). En el escrito de acusación también se incluyen otros dos miembros relevantes de la organización criminal: Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”; y Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”.
Según la versión de la Fiscalía, Serrano habría facilitado información “sensible” sobre los desplazamientos de Villavicencio a la banda criminal, mientras que Aleaga se habría encargado de coordinar la logística necesaria para llevar a cabo el crimen. Serrano reside actualmente en Estados Unidos y el exdiputado Ronny Aleaga se encuentra en Venezuela. El séptimo imputado es el empresario Xavier Jordán, también radicado en el país norteamericano.
La Fiscalía General ha pedido la emisión de notificaciones rojas de Interpol con el objetivo de lograr la localización, detención y posterior extradición de todos los acusados que se encuentran fuera del territorio ecuatoriano.
La fiscal Ana Hidalgo indicó que la investigación permitió detectar indicios de un presunto plan posterior para entorpecer el esclarecimiento del asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían preparado versiones judiciales y estrategias de comunicación destinadas a obstaculizar el avance de las pesquisas.
Los procesados han sido señalados como autores mediatos (intelectuales), en aplicación del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que contempla penas de entre 26 y 30 años de prisión cuando concurren circunstancias agravantes relacionadas con la víctima o el contexto del delito.
El asesinato de Villavicencio, perpetrado a tan solo once días de las elecciones, evidenció el profundo deterioro de la seguridad en Ecuador, un país que durante las dos primeras décadas de los años 2000 había sido considerado uno de los más seguros de la región.