Encuesta Ceuta: el 89% de los españoles cree que Marruecos facilitó la entrada masiva de migrantes, según SocioMétrica

La regulación española de las llamadas devoluciones en frontera (rechazos en frontera en Ceuta y Melilla) sigue hoy vigente en los mismos términos básicos aprobados en 2015: no ha sido derogada ni reemplazada por una nueva ley orgánica, pero está fuertemente condicionada por la jurisprudencia constitucional y europea. En las Cortes hay varias iniciativas que buscan cambiar este marco en sentidos opuestos: una proposición de reforma “garantista” impulsada desde el espacio de Podemos para suprimir la base legal de las devoluciones en caliente, y una proposición de ley orgánica registrada por el PP para ampliar el rechazo en frontera también a las entradas por mar. Ninguna de las dos ha culminado su tramitación, y además la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) incorpora un compromiso político para reordenar el régimen de Ceuta y Melilla mediante una futura reforma de la Ley de Extranjería. No consta, a 7 de agosto de 2026, ningún anteproyecto gubernamental específico sobre devoluciones en frontera en fase de consulta o audiencia pública.

Marco vigente: Ley de Extranjería y Ley de Seguridad Ciudadana

La base legal actual se encuentra en la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, y en la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Esta última añadió a la Ley de Extranjería una disposición adicional décima sobre el “régimen especial de Ceuta y Melilla”, que permite el rechazo en frontera de extranjeros detectados en la línea fronteriza mientras intentan entrar irregularmente y tratan de superar los elementos de contención fronterizos, respetando siempre la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional:

• Ley Orgánica 4/2000
• Ley Orgánica 4/2015

El Tribunal Constitucional, en las sentencias sobre la Ley de Seguridad Ciudadana (por ejemplo la STC 172/2020 y la STC 13/2021, publicadas en el BOE como Sentencia 172/2020 y Sentencia 13/2021), declaró conforme a la Constitución este régimen especial, pero solo si se aplican garantías estrictas: examen individualizado, posibilidad de control judicial, atención especial a menores y personas vulnerables y pleno respeto al principio de no devolución. Más recientemente, el Tribunal Supremo ha acotado aún más su ámbito, excluyendo a quienes son interceptados en el mar antes de superar una barrera física.

Iniciativas parlamentarias en curso o recientes

1. Proposición de Ley Orgánica para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana

En el Congreso está registrada la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, firmada por Ione Belarra y el Grupo Mixto (entorno de Podemos), con número de expediente 122/000103. Según la ficha oficial, la iniciativa fue admitida a trámite el 7 de septiembre de 2024 y figura como pendiente de toma en consideración por el Pleno:

• Ficha de la proposición
• Boletín del Congreso

El propio Boletín recoge que esta proposición plantea, entre otras medidas, la supresión de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, precisamente la que sustenta el régimen de rechazos en frontera en Ceuta y Melilla, “a fin de evitar que se realicen en España las denominadas devoluciones en caliente”. Desde el punto de vista parlamentario, por tanto, se trata de una iniciativa en fase muy inicial: no ha sido aún debatida en el Pleno para su toma en consideración ni ha pasado a comisión.

2. Proposición de Ley Orgánica del PP para ampliar el rechazo en frontera

De forma simultánea, el Partido Popular ha registrado en 2026 una proposición de ley orgánica para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y habilitar el rechazo en frontera también frente a entradas irregulares por vía marítima en Ceuta y Melilla. Demócrata detalla que el texto ya ha sido publicado por el Congreso y que propone que puedan ser rechazadas las personas “detectadas o interceptadas en la línea fronteriza terrestre o marítima mientras intentan acceder irregularmente”, manteniendo en el articulado la referencia expresa al respeto de los derechos humanos, el principio de no devolución y el acceso a la protección internacional:

• Noticia de Demócrata sobre la propuesta del PP
• Información adicional sobre la tramitación

La información de Demócrata indica que, al ser una reforma orgánica, necesitaría una mayoría absoluta en votación final de conjunto. No hay constancia de que se haya celebrado todavía la sesión de toma en consideración ni de que se encuentre en fase de ponencia o comisión; el Congreso cerró el periodo de sesiones el 23 de julio y la mayor parte de las iniciativas registradas en julio han quedado pendientes para septiembre.

3. Reforma de la Ley Mordaza y compromiso de reforma de Extranjería

Otra pieza relevante es la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y la seguridad ciudadana (reforma de la Ley Mordaza), que, según el periódico Demócrata, se encuentra en fase de ponencia en el Congreso. El acuerdo político PSOE–Sumar–EH Bildu–PNV–ERC vinculado a esta reforma incluye un compromiso: el Gobierno dispondrá de seis meses para modificar la Ley de Extranjería e introducir una nueva disposición adicional que regule un régimen especial en Ceuta y Melilla garantista con los derechos de las personas migrantes y el acceso al asilo:

• Análisis de Demócrata sobre la reforma de la Ley Mordaza

Ese mandato, sin embargo, todavía no se ha traducido —según la información disponible— en un anteproyecto de ley orgánica concreto ni en una consulta pública específica sobre devoluciones en frontera en los portales ministeriales.

Balance del “estado parlamentario”

En síntesis, el régimen de devoluciones en frontera en España se encuentra hoy en una situación de estabilidad normativa pero alta tensión política:

• La regulación vigente (disposición adicional décima de la Ley de Extranjería) sigue en pie y opera bajo las condiciones impuestas por el Constitucional y el Supremo.
• En el Congreso conviven iniciativas de signo opuesto: una, para suprimir la base legal de las devoluciones en caliente; otra, para extender el rechazo en frontera a las entradas por mar.
• La reforma de la Ley Mordaza añade un mandato político al Gobierno para reformar Extranjería, pero sin que exista aún un texto gubernamental en tramitación que materialice ese encargo.

Hasta que alguna de estas vías legislativas no se apruebe definitivamente por Congreso y Senado y se publique en el BOE, la regulación española sobre devoluciones en frontera seguirá siendo la actualmente vigente, con los límites interpretativos fijados por los tribunales.

El presidente del Gobierno no tiene, según la información disponible, competencias “propias” y exclusivas en política migratoria separadas del resto de la acción de Gobierno, sino que ejerce en este ámbito las mismas funciones generales de dirección política, impulso normativo y coordinación que la Constitución y las leyes atribuyen al Ejecutivo. A partir de lo que se conoce sobre la iniciativa legislativa del Gobierno y su posición en el sistema parlamentario, puede identificarse cómo se proyectan esas facultades sobre la política de extranjería y migraciones. Lo que sí puede afirmarse con claridad es que la política migratoria se articula mediante leyes y decisiones del Gobierno (proyectos de ley, normas presupuestarias, etc.) en cuya definición el presidente desempeña un papel central de impulso y orientación.

Dirección política y definición de prioridades

En materia migratoria, el presidente del Gobierno ejerce una función de dirección política general que se proyecta sobre:

• Fijación de prioridades: elige, a nivel político, si la agenda migratoria se orienta más a control de fronteras, integración, atracción de talento, regularizaciones, etc.
• Orientación del conjunto del Gobierno: marca las líneas generales que luego desarrollan los ministerios competentes (Interior, Inclusión, Exteriores, Trabajo, etc.).
• Impulso de planes y estrategias: aunque las estrategias sectoriales se aprueban formalmente por el Gobierno en su conjunto, es el presidente quien decide políticamente si se elaboran y con qué alcance.

Esta función de dirección no deriva de una norma específica sobre migraciones en las fuentes disponibles, sino del papel general del Gobierno como responsable de la iniciativa legislativa y de la conducción de la política estatal, que se aplica también, de forma natural, al ámbito migratorio.

Iniciativa normativa en materia de extranjería y migraciones

Según la información disponible sobre la iniciativa legislativa del Gobierno, el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley en cualquier materia, incluyendo la política migratoria y de extranjería. Algunos elementos relevantes son:

• La iniciativa legislativa del Gobierno se plasma en el proyecto de ley, que se aprueba en el Consejo de Ministros y se remite al Congreso para su tramitación parlamentaria.
• La finalidad de estos proyectos es crear, modificar o derogar leyes, lo que incluye las normas que regulan entrada, estancia, trabajo, derechos y deberes de las personas extranjeras.
• Frente a ello, las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios también pueden abordar la política migratoria, pero no son iniciativa del Gobierno.

En este marco, el presidente del Gobierno decide qué reformas migratorias se priorizan en el Consejo de Ministros y con qué alcance político, aunque la elaboración técnica corresponda a los ministerios competentes.

Capacidad de veto en iniciativas que afecten al presupuesto

La información disponible destaca una competencia clave del Gobierno frente a las proposiciones de ley: de acuerdo con el artículo 134.6 de la Constitución y el Reglamento del Congreso, el Gobierno puede oponerse a la tramitación de iniciativas que supongan un aumento de gasto o una disminución de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

Aplicado a la política migratoria, esto significa que:

• Si un grupo parlamentario presenta una proposición de ley migratoria que incremente sustancialmente el gasto (por ejemplo, ampliando prestaciones a determinados colectivos de personas migrantes) o reduzca ingresos, el Gobierno puede impedir su tramitación por afectación presupuestaria.
• Esta decisión es políticamente dirigida por el presidente del Gobierno, en coherencia con la estrategia migratoria y presupuestaria del Ejecutivo.

Coordinación interministerial

Aunque las fuentes aportadas no detallan la arquitectura interna del Ejecutivo, de su posición general se desprende que el presidente del Gobierno es el principal responsable de asegurar que la política migratoria, que afecta a varios departamentos (Interior, Inclusión y Seguridad Social, Exteriores, Trabajo, etc.), se desarrolle de forma coherente. Esto se traduce en:

• Arbitrar conflictos entre ministerios cuando sus prioridades difieren (por ejemplo, seguridad vs. integración).
• Definir una línea unitaria que se traslade al Parlamento y a la opinión pública, frente a las diversas sensibilidades dentro del Gobierno.

Relaciones con la UE, terceros países y gestión de crisis

Las fuentes consultadas no proporcionan información específica sobre las competencias del presidente del Gobierno en sus relaciones con la Unión Europea y con terceros países en materia migratoria, ni sobre la gestión concreta de crisis migratorias. Con la información disponible solo puede afirmarse que:

• La política migratoria tiene una dimensión presupuestaria y legislativa en la que el Gobierno, liderado por el presidente, actúa mediante proyectos de ley y decisiones sobre el veto presupuestario.
• Las actuaciones frente a crisis migratorias (medidas de emergencia, refuerzo de recursos, cambios legales urgentes) se insertan en esa capacidad general de iniciativa normativa y de orientación política del Gobierno.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre competencias más específicas del presidente del Gobierno en este ámbito.

Las últimas elecciones a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta se celebraron, como en el resto de España, el 28 de mayo de 2023, pero en las fuentes consultadas no aparece ningún dato concreto de resultados (porcentaje de voto, número de escaños por partido, participación, etc.). Sí hay abundante información política reciente sobre Ceuta y sobre procesos electorales en otras comunidades, pero nada que detalle el escrutinio ni la composición resultante de la Asamblea ceutí. Por tanto, no es posible ofrecer una cifra fiable de cuántos escaños obtuvo cada formación en esas últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta con la información disponible.

Qué información falta exactamente

En la investigación se han rastreado tanto bases de datos del periódico Demócrata como notas oficiales, buscando expresamente “resultados elecciones Asamblea de Ceuta 2023”, “reparto de escaños”, “votos por partido” o términos similares. Sin embargo, no se ha localizado ninguna pieza específica que recoja el resultado electoral de Ceuta en 2019 ni en 2023, ni tampoco un resumen posterior que detalle la configuración de la Asamblea tras el 28M.

Tampoco se han encontrado referencias en acuerdos de la Junta Electoral Central análogas a las que sí existen para elecciones europeas, como el acuerdo sobre las europeas de 2024, donde sí aparecen datos desagregados por circunscripción (incluyendo Ceuta, pero solo en clave europea). En resumen: no hay en las fuentes consultadas una tabla ni un relato directo con “PP/PSOE/VOX/etc.: tantos votos, tantos escaños” para la Asamblea de Ceuta.

Contexto político reciente de Ceuta

Aunque no constan los resultados de 2023, sí se recoge mucha información sobre la situación política y social en la ciudad en 2026, muy marcada por la crisis migratoria. El periódico Demócrata detalla, por ejemplo, la petición unánime de la Asamblea para que se declarara la emergencia nacional ante la entrada masiva de migrantes, rechazo del Gobierno incluido, en esta crónica. También se sigue la estimación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sobre la llegada de entre 60.000 y 80.000 personas y el contraste con las cifras del Ministerio del Interior en este artículo y en el balance posterior de Interior en otra pieza.

Las tensiones políticas y sociales relacionadas con esa crisis se reflejan en informaciones sobre protestas ciudadanas y la actuación de distintas fuerzas políticas nacionales: por ejemplo, las concentraciones en la plaza de los Reyes recogidas en esta noticia, la visita de Pedro Sánchez y su recepción hostil en este relato, o los enfrentamientos en torno a actos de Vito Quiles y Alvise Pérez, narrados en esta pieza y en esta otra.

Este contexto ayuda a entender el clima político, pero no sustituye a los datos electorales formales que determinaron cuántos escaños tiene cada partido en la Asamblea.

Dónde consultar los resultados oficiales

Ante la ausencia de datos numéricos en las fuentes empleadas, la vía más segura para conocer los resultados de las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta es acudir a las plataformas oficiales de resultados electorales (Ministerio del Interior y Junta Electoral) o a la propia web institucional de la Ciudad Autónoma, donde se suelen publicar los escrutinios de las elecciones a la Asamblea.

Como referencia general sobre el funcionamiento del sistema electoral español —incluida la consideración de Ceuta como circunscripción propia en las generales— puede consultarse el glosario del Ministerio del Interior en esta nota, y sobre el papel de Ceuta en el Senado, la nota de la Cámara Alta que explica su representación en esta información.

Otros recursos políticos y electorales útiles

Aunque no hay datos específicos de Ceuta, las mismas fuentes ofrecen análisis detallados de otros procesos electorales recientes que pueden servir de guía metodológica para interpretar resultados cuando se tengan a mano los datos oficiales. Entre ellos destacan los especiales de Demócrata sobre Andalucía en resultados generales, su seguimiento en directo por provincias y municipios en este especial y el análisis histórico en esta pieza.

De forma similar, para Castilla y León pueden verse los resultados de 2026 en este especial, el recuento en tiempo real en esta página y el repaso histórico desde 1983 en este análisis; para Aragón, el detalle de 2026 está en este especial y la pieza de contexto histórico en este artículo.

Estos ejemplos muestran el tipo de desagregación (porcentajes, escaños, mapas, evolución histórica) que previsiblemente existirá también para Ceuta en las webs oficiales, aunque no aparezca en las fuentes empleadas para esta respuesta.

Conclusión

Resumiendo: las últimas elecciones a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta son las celebradas el 28 de mayo de 2023, pero en las bases consultadas no consta el detalle de los resultados (ni en votos, ni en escaños, ni en participación), por lo que no sería riguroso inventar o completar esos datos. Para obtenerlos con precisión, es imprescindible acudir a los portales oficiales de resultados electorales o a la documentación propia de la Ciudad Autónoma.