La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha decidido este martes posponer el proceso de licitación para levantar el asentamiento E1, proyectado al este de Jerusalén en Cisjordania, hasta que quede constituido un nuevo gobierno.
En concreto, la responsable del Ministerio Público ha ordenado aplazar la publicación de las ofertas presentadas para el polémico proyecto en el área E1, una iniciativa urbanística que amenaza con trocear el territorio palestino y que ya provocó hace meses la condena de decenas de países, según informa el diario israelí “Haaretz”.
Baharav-Miara sostiene que la decisión final debe recaer en el próximo ejecutivo, dado que el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra actualmente en funciones.
Su instrucción implica demorar la difusión de los resultados, que estaba prevista para este mismo jueves, tras determinar que las limitaciones que pesan sobre los gobiernos en funciones también se aplican a esta licitación.
El aplazamiento coincide con el anuncio de las autoridades de Reino Unido de imponer sanciones a nueve entidades israelíes, ocho de ellas empresas constructoras, acusadas de participar en la expansión de asentamientos en Cisjordania.
El pasado septiembre, la fiscal general ya había extendido un mes el plazo para la presentación de ofertas, trasladándolo a después de las elecciones del 27 de octubre, con la intención de disipar los temores de que la “licitacuón” del proyecto pudiera utilizarse con fines electorales.
El plan urbanístico E1 se extiende sobre unos doce kilómetros cuadrados y enlaza Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. El objetivo es duplicar la población de la zona con hasta 35.000 nuevos residentes en los próximos años mediante la ampliación del barrio de Tzipor Midbar.
Su desarrollo partiría Cisjordania en dos bloques, uno septentrional y otro meridional, lo que haría prácticamente inviable la creación de un futuro Estado palestino territorialmente conectado.