La JEP acusa a 18 exmilitares y exagentes colombianos por centenares de crímenes sexuales

La JEP acusa a 18 exmilitares y exagentes colombianos por 565 hechos de violencia sexual y otros crímenes, con 755 víctimas entre los 90 y los 2000.

Imagen de archivo de un militar colombiano. Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha formulado cargos contra 18 antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad de Colombia por su presunta participación en delitos de violencia sexual, homicidios, torturas y desapariciones forzadas, con al menos 755 víctimas registradas entre la década de los 90 y los años 2000.

Entre los procesados figuran 16 exmiembros del Ejército y dos antiguos agentes de la Policía. La JEP les reclama que asuman su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter sexual cometidos en distintas regiones del país, en algunos casos en coordinación con grupos paramilitares.

El tribunal ha documentado 565 hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública contra población civil, con un total de 755 víctimas directas, de las que 650 son mujeres. Los expedientes incluyen violaciones y asesinatos de niñas y niños, así como persecución contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP subraya que la falta de presencia efectiva del Estado y de mecanismos de prevención, junto con “la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera”, facilitaron la comisión de estas agresiones, en su mayoría motivadas por razones de género y de índole sexual.

Los señalados cuentan ahora con un plazo de quince días hábiles desde la notificación de los cargos para aceptar los hechos y acogerse a los beneficios previstos por esta jurisdicción especial, creada tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Entre esas sanciones restaurativas figuran medidas como libertad vigilada, trabajos comunitarios y otras acciones orientadas a reparar a las víctimas.

Para poder optar a este tipo de sanciones, los procesados están obligados a aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad y comprometerse a no reincidir. En caso de negarse a cumplir estas exigencias o de incumplirlas posteriormente, se enfrentarán a penas de prisión ordinarias.