La Unión Europea ha dado luz verde este lunes a un nuevo paquete de sanciones contra 145 personas y entidades relacionadas con Rusia. Entre los afectados se incluyen cerca de medio centenar de bancos e instituciones financieras, compañías del ámbito energético y operadores de la denominada flota fantasma, con la intención de mermar la capacidad de Moscú para costear la invasión de Ucrania y frenar las campañas de desinformación y los ciberataques contra los Estados miembro.
En detalle, el Consejo (los gobiernos) ha añadido a 12 personas y 101 entidades a su régimen de sanciones por la agresión rusa a Ucrania, al considerar que tienen un papel clave en sectores económicos que aportan una “fuente sustancial de ingresos” al Kremlin o que ayudan al funcionamiento de la flota fantasma con la que Rusia intenta eludir las restricciones europeas a la exportación de energía.
Los nuevos incluidos en las listas quedarán sometidos a la congelación de sus bienes en territorio comunitario y los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido facilitarles fondos o recursos económicos. Además, las personas físicas sancionadas no podrán entrar ni transitar por ninguno de los Estados miembro.
Entre los objetivos de estas medidas figuran alrededor de 50 bancos e instituciones financieras rusas, con el fin de cortar “los canales financieros” que canalizan los ingresos del Estado y “financian el esfuerzo bélico de Rusia”, así como compañías energéticas que explotan refinerías, gestionan la terminal petrolera de San Petersburgo o participan en tareas de exploración y producción de hidrocarburos.
El Consejo ha decidido igualmente sancionar al único accionista del gigante ruso de comercio minorista Wildberries --considerado el equivalente ruso de Amazon-- y a una persona que controla la participación mayoritaria en otra gran empresa rusa de comercio electrónico, Ozon.
Respecto a la flota fantasma, la UE ha señalado a varias empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que adquieren productos petrolíferos de origen ruso, así como a determinados empresarios que son propietarios o gestores de buques sometidos a medidas restrictivas de la UE y que transportan de forma ilegal petróleo ruso, al tiempo que realizan actividades de transporte marítimo de alto riesgo.
Sanciones por desinformación y ciberataques
En paralelo, el Consejo ha dado su visto bueno a otro bloque de sanciones contra 30 personas y dos entidades por su papel en actividades híbridas rusas, entre ellas campañas de manipulación informativa, operaciones de injerencia extranjera y ciberataques contra países de la Unión Europea.
Entre las entidades señaladas se encuentra la Agencia de Diseño Social (SDA), una firma de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú que, de acuerdo con los Veintisiete, impulsa “campañas de desinformación financiadas, dirigidas y supervisadas” por el Kremlin.
Las medidas restrictivas alcanzan también a 24 personas vinculadas a esta agencia, así como a varios propagandistas rusos, entre ellos Vitali Eliseev, Petr Marchenko y Yuri Podoliaka, además de Chay Bowes, del medio RT International, por su implicación en la difusión de narrativas que legitiman la invasión de Ucrania.
Asimismo, la UE ha incorporado a su lista de sanciones al grupo de piratas informáticos prorrusos NoName057(16), surgido en marzo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa y que se atribuye “numerosos ciberataques” contra administraciones públicas, infraestructuras críticas y compañías privadas de Ucrania, Estados Unidos y varios países europeos.
Según los Estados miembro, este grupo ha lanzado ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra sitios web y servicios digitales de sectores estratégicos como la energía, las finanzas, el transporte y el suministro de agua, además de contra partidos políticos y candidatos durante procesos electorales.